Posterior a las intervenciones del presidente Iván Duque y varios de sus ministros, quienes de manera enfática defendieron la utilización del glifosato para la erradicación de cultivos ilegales, pasaron a exponer sus posturas sobre el tema, representantes de las comunidades afectadas.
Jarrison Gómez, personero de Nóvita (Chocó), comunidad que interpuso la tutela que dio origen a la sentencia T-236 de 2017, afirmó que el Gobierno nacional no ha cumplido con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, pues no se ha garantizado completamente la salud de las comunidades afectadas.
Víctor Darío Luna Rodríguez, representante del Consejo Comunitario Mayor de Novita (Chocó), indicó que estas comunidades “No hemos tenido cumplimiento de lo dictado por la Sentencia; se trazó una ruta a la cual no se le ha dado continuidad, y no se hizo la preconsulta, por eso aquí venimos a exigir que se cumpla con lo ordenado”.
El representante de los habitantes del departamento del pacífico colombiano sentenció que el abandono estatal fue lo que llevó a sus comunidades a cultivar coca. “Queremos que nuestros hijos estudien, que tengan buena salud, acceso al esparcimiento, a los servicios, pero no tenemos cómo, porque hasta la minería ancestral nos han prohibido, nos han estigmatizado, y nuestros pueblos se ven obligados a cultivar la mata de coca porque no hay alternativas, no hay más opciones”, sostuvo.
Agregó que “Hay cosas que hoy le están haciendo mucho más daño al país que la minería e incluso que los cultivos ilícitos, y no los estoy justificando, pero la corrupción en este país está desapareciendo el 50% de los recursos del Estado. Por ejemplo nosotros en Nóvita no tenemos una salud completa, somos una región olvidada, el Gobierno no mira esa región, solo mira la minería y los cultivos de coca pero más nada”.
A su turno el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González consideró que la mejor manera de atacar los cultivos ilegales es a través de la sustitución voluntaria, pero debe ir acompañada de inversión social. Con la sustitución voluntaria tendremos fuentes de ingresos para las familias, creación de nuevas cadenas de valor más exitosas.
“La Procuraduría es clara: los parámetros fijados por la Corte para la aspersión, no representan una traba, si no una garantía constitucional para que el uso del plaguicida se adecúe, con la ponderación y búsqueda que equilibren la utilización del glifosato, frente a los derechos a la salud y al medio ambiente sano. Y convendría que las autoridades presenten un programa preciso de acciones y compromiso, con el acompañamiento de una instancia técnica internacional de carácter científico, un programa de participación ciudadana con la institucionalidad, y una plataforma para recibir de manera efectiva las quejas y reclamos de las comunidades en materia de salud, un programa de mitigación de riesgos, mecanismos para responder a situaciones de emergencia e impactos de herbicida, así como un reporte periódico en línea que con adecuada base científica permita tomar decisiones inmediatas”, indicó el representante del Ministerio Público.
Por su parte el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero Galeano, indicó que si bien hay un punto común que es el rechazo al narcotráfico, las diferencias de criterios radican en los mecanismos a utilizar para combatirlo.
“Estoy convencido que entre quienes hemos hablado en esta audiencia, no están los expertos para que definan sobre el tema de salud y ambiental, pero quiero decirles que hay ejemplos porque puedo corroborarlos, como lo que ocurrió con nosotros en el 2008, cuando Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, por el uso de glifosato en la frontera; Ecuador retiró la demanda luego de que Colombia reconociera un posible daño causado a la salud y al ambiente en el vecino país y cinco años después Colombia pagó 15 millones de dólares a Ecuador, luego solo este hecho demuestra la afectación que causa el glifosato”, ercordó el gobernante nariñense.
Dejó en claro que desde el departamento fronterizo no apoyan el uso del glifosato porque además consideró que la resiembra es alta, contrario a la sustitución voluntaria de cultivos que sí genera sostenibilidad.
“No pueden llegar con el argumento de que el glifosato es la salida; en el territorio de Nariño hay 50 mil familias que viven de los cultivos ilícitos, las van a fumigar?, aquí lo que hay es una problemática social en este tema, el dilema de fondo está realmente de si somos capaces como Estado de arrebatarle la ciudadanía a la criminalidad”, concluyó.
Finalmente la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, dijo que no se le puede dar la espalda a las 100 mil familias de 14 departamentos que tras los acuerdos de paz con las Farc, le dijeron sí a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
El informe de seguimiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga a corte de 31 enero de 2019, refleja que en el proceso en que participan estas familias para la erradicación voluntaria, menos del 1% ha incidido en la resiembra y en el rebrote, cosa totalmente contraria a los resultados de la erradicación forzada y la aspersión aérea, comentó la gobernadora.
