La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse sobre normas referidas a la objeción de conciencia del personal de enfermería.
El alto tribunal estudia actualmente una demanda contra el artículo 9 de la ley 911 de 2004, la norma demandada establece que en los casos en que la ley o las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad y derechos de los seres humanos, el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia, sin que se afecten sus derechos o se impongan sanciones.
La Procuraduría considera que la demanda contra una norma que reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal de enfermería carece de certeza, pero los demandantes argumentan que esta norma transgrede los artículos 1°, 11 y 12 constitucionales, permitiendo la coexistencia de normas inferiores vulneradoras de derechos fundamentales, dándole menos importancia a la protección a la vida, la posibilidad de que se infrinjan dolores o sufrimientos graves y la indefensión del paciente, protegiendo únicamente al personal de enfermería, excluyendo a los pacientes.
Sin embargo, considera el Ministerio Público que los procedimientos médicos que implican la vulneración de la vida, la dignidad u otros derechos de las personas han sido permitidos dentro del ordenamiento jurídico pero por normas y causes jurídicos distintos, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, corporación que ha considerado que la vida no es una derecho absoluto y por ende, en determinadas condiciones debe primar la protección de otros derechos, valores, bienes y principios.
Así, explica la Procuraduría en su concepto que, “si bien desde una perspectiva constitucional no debería existir ninguna disposición que permita o promueva que se atente contra la vida y la dignidad de una persona, lo cierto es que sí existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano servicios médicos que implican el desconocimiento de la vida y que han sido señalados por la Corte como “constitucionalmente admisibles” e incluso de algunos de ellos se ha pretendido hacer derivar obligaciones de las personas e instituciones del sector de la salud, por lo que se justifica el reconocimiento de la objeción de conciencia ante aquellos”.
Así, para este organismo de control la demanda carece de certeza, entre otras razones porque se acusan aspectos contenidos en otras fuentes jurídicas y no en el parágrafo del artículo 9° de la Ley 911 de 2004, impidiendo que los cargos recaigan sobre una proposición jurídica real y existente y, en consecuencia, haciendo imposible un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.
