Durante su informe de gestión del 2010 el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, recalcó que a la fecha, cerca de 1´600.000 usuarios del sistema fueron trasladados a otras EPS, luego de la intervención de la Superintendencia sobre seis aseguradoras que no le estaban garantizando a los usuarios su derecho a la salud y estaban poniendo en riesgo los recursos del sistema.
El balance en esta materia deja a tres EPS: Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca en proceso de liquidación forzosa y a más de 1´300.000 usuarios asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna.
Así mismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, quienes fueron asignados a otras Aseguradoras.
Aristizábal Ángel indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1’100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por una decisión de un juzgado en Valledupar.
Además de las anteriores acciones, la Supersalud continúa haciéndole seguimiento a 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restrucción para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.
10 hospitales en estado de `reanimación`
De otra parte informó que a través de la figura de “intervención forzosa para administrar” la Superintendencia mantiene bajo vigilancia a 10 hospitales públicos, por el deterioro que los estaba llevando al cierre definitivo.
El balance de la intervención a estos centros asistenciales deja hoy, a dos de esos hospitales, 100% recuperados y operando con todos sus servicios: el Federico Lleras Acosta de Ibagué que ya fue entregado a la Gobernación del Tolima, y el Departamental de Villavicencio que será entregado a principios del 2020 a la nueva administración.
Bajo esta medida también están: el hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.
La intervención en estos 10 centros asistenciales, hasta el momento, le permite al país contar con: 98 nuevas camas para pediatría, observación y hospitalización, 14 nueva camillas para pacientes de mayor riesgo y 24 de observación de hombres; 82 nuevos consultorios y 7 salas de cirugía adicionales.
Para la recuperación de estos hospitales, la Superintendencia ha gestionado recursos del Fonfaset, por más de 97.000 millones de pesos, de estos, 54.984 de pesos fueron gestionados en 2018 y se han venido ejecutando en el mejoramiento de las instalaciones y el pago de nómina de 5 hospitales, y, los 42.425 millones de pesos restantes, hacen parte de la gestión del 2019 y están en proceso para beneficiar a otros 5 hospitales.
La Ley 1949
En el marco de la Ley 1949 se impusieron en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías y a personas naturales, que en conjunto suman más de 60.000 millones de pesos.
El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de salud (29.000 millones de pesos), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información (21.000 millones de pesos) y el 11% por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud (9.000 millones de pesos).
Para 8 de estas sanciones aplicaron las nuevas medidas y tarifas contenidas en la Ley 1949 de 2019. Estas, equivalen a multas por 11.000 millones de pesos, las más relevantes son dos para Medimás, que suman 5.800 millones de pesos una de ellas por 4.968 millones de pesos, por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato.
Con los ‘dientes’ que le dio esta Ley, la Supersalud recibió este año 330 demandas contra EPS e IPS principalmente, en total se resolvieron 356, teniendo en cuenta otras que venían de antes de la vigencia de la Ley. En cada caso la decisión se toma antes de 20 días.
Este año se han recibido otras 248 demandas por devoluciones de facturas entre las entidades del sistema de salud, que se resuelven en un término de 120 días. A la fecha se han resuelto 243.
Finalmente la Supersalud reveló entre el 1 de enero y el 3 de diciembre de este año los usuarios presentaron 700.985 quejas, lo que representa un incremento del 16% con respecto a 2018, sin tener aún los datos de todo el mes de diciembre de 2019.
Las quejas aumentaron
De esas quejas, 248.309 implicaron riesgo de vida para los pacientes. Es decir, se aumentaron en 27,6% con respecto a 2018.
El mayor número de quejas fue por falta de oportunidad en la asignación de citas médicas especializadas (152.818), seguida por falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en los servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, restricción a la libre escogencia de EPS y la demora en los traslados de pacientes.
Las EPS del régimen subsidiado que tuvieron más quejas fueron Capital Salud, Medimás, Saludvida, Savia Salud y Asmet Salud. En el régimen contributivo, las de mayores quejas fueron Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Salud Total y Famisanar.
El Magisterio sigue teniendo el mayor número de quejas entre los vigilados de otros regímenes con 25.748.
