Por sus nexos con el denominado cartel de la hemofilia, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad.
El Ministerio Público, a través de la delegada para la Vigilancia Administrativa, investiga el pago, por parte del funcionario, de más de $1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia.
Según informa el ente de control, la suspensión provisional fue ordenada para evitar que el gobernador Besaile Fayad interfiera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS.
“Entre las pruebas que fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría figura la declaración a un medio radial donde el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró que su sucesor en 2016 siguió pagando las cuentas por la atención a falsos pacientes de hemofilia” agrega.
Así mismo, en el expediente se incluyeron las declaraciones de los presuntos pacientes y del hematólogo que había certificado a los enfermos de hemofilia, quien denunció que su nombre y su firma fueron falsificados.
Para la Procuraduría las presuntas irregularidades del gobernador Besaile Fayad giran en torno a la comisión de faltas gravísimas y graves relacionadas al haber permitido o tolerado el incremento injustificado en el patrimonio propio o de terceros, así como la omisión de deberes en el proceso de seguimiento y control de los recursos presupuestales del Sistema General de Participación.
De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, al proceso también fueron vinculados la representante legal de la IPS, Ruby Esther Durante Ramos, la gerente general, Claudia Silva Ramos; y los médicos auditores quienes hicieron parte del Comité Técnico Científico que en 2014 autorizó la atención a los falsos pacientes con hemofilia, Juan David Nader Chejne, Adalberto Carrascal Barón, Eberto Saenz Vega, Julio Hernández López, Marcela Suárez Luna, Cely Carriazo Díaz y Mayda Gómez Ochoa.
A través de un comunicado, el gobernador Besaile señaló que respeta, pero que no comparte la decisión de la Procuraduría por considerar que la medida “constituye una violación al derecho a la defensa y al debido proceso” y la calificó de innecesaria y excesiva.
El año pasado la Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador Besaile, por el giro de 1525 millones de pesos, a la IPS San José de la Sabana. En este sentido, la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará los cargos de peculado y concierto para delinquir, cuya audiencia ante la Corte Suprema de Justicia está programada para este lunes.
