Irregularidades como agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales; proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban una red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados; incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación y facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional, con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado, fueron algunos de los hechos de corrupción detectados por la Fiscalía General de la Nación en el seno de la Superintendencia Nacional de Salud.
Por estos hallazgos fueron capturados Eva Katerine Carrascal, ex superintendente delegada para la supervisión institucional de Supersalud; Guillermo Enrique Grosso ex interventor de Saludcoop y ex presidente de Cafesalud; John Alexander Colmenares quien estuvo al frente de varias Ips y socio de Grosso y Javier Peña Ramírez, director médico de Cajacopi Eps Barranquilla. Para la Fiscalía se trata de una red criminal que se enquistó en la Superintendencia de Salud. “Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiestas en el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos”, dijo Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, al referirse a los hechos descubiertos en el marco de la Operación Quirófano.
La información suministrada por el órgano de control indica a través de interceptaciones, escucha de más de 500 audios y seguimientos realizados desde el 2016, el grupo de Trabajo Especial de Salud logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos cuatro personas “quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector”.
Claramente se estableció para ese año que la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio de coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS.
A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y los exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, así como funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector.
De acuerdo con el fiscal las investigaciones y análisis demostrarían cómo durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia Nacional de Salud, involucrando incluso a parlamentarios con intereses en los manejos de los recursos de la salud. Sobre el tema dijo el Fiscal que se debe llegar al fondo de estas investigaciones y de tener relación con la red de corrupción, direccionar éstas al trámite pertinente para que los congresistas involucrados en los audios sean requeridos e investigados
