Antioquia.- Pese a que entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2018 disminuyó el número de acciones de tutela para exigir a las EPS garantizar el derecho fundamental a la salud, frente a igual período de 2017 en la capital antioqueña, sí aumentaron los desacatos.
Esto según información presentada por la Personería de Medellín en desarrollo del Encuentro de investigación en Inequidades en Salud ‘Métodos, hallazgos y redes’, que se efectuó este miércoles en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (UdeA).
Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería afirmó que en esos 10 meses hubo 10.018 acciones de tutela, mientras que en ese lapso de 2017 la cifra fue de 11.200.
En cuanto a los incidentes de desacato en todo el año pasado hubo 3.725, pero entre enero y octubre del presente llegaron a 4.273. “En este momento nos tiene alarmados porque sabemos que hay una providencia judicial que fue favorable al paciente o a la persona que accionó, pero que no se materializa su derecho por muchas razones”, agregó la servidora.
Entre los motivos por los cuales se recurre a esas acciones constitucionales están la negación de medicamentos o fragmentación de éstos, interrupción de tratamientos, no tener acceso a citas con especialistas, a cirugías, a ayudas diagnósticas; exoneración de copagos y cuotas moderadoras.
La lista de las EPS con más acciones de tutela la encabeza Savia Salud seguida de Coomeva, Sura, Nueva EPS y Medimás.
Aclaró Guerra que hay que tener en cuenta en ese ranking el número de afiliados, pues éste es directamente proporcional a la cantidad de acciones constitucionales de ese tipo.
El régimen contributivo es el más accionado con 5.064 tutelas, el subsidiado tiene 4.525, 429 para el SISBEN y 429 para la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Hubo 200 derechos de petición.
Recalcó la coordinadora que se evitaron cerca de 5.000 acciones de tutela, debido a que cada EPS cuenta con un funcionario que ha ubicado en las instalaciones de la Personería con el fin de que cuando llegue un usuario a buscar un servicio de esta agencia del Ministerio Público, sea atendida por él y así solucionarle las barreras administrativas que tenga o cualquier otro inconveniente.
La funcionaria de la Personería anotó que no sólo le basta al Gobierno nacional tener afiliados al sistema de salud y una cobertura universal mayor al 95 por ciento, sino que haya una verdadera voluntad del Estado para garantizarles ese derecho fundamental con atención oportuna, continua y que no se presenten barreras de acceso.
Aunque la atención en urgencias es obligatoria, en los triages 1 y 2 sí se cumple, pero a partir del 3 no y es cuando se envía al paciente a una cita prioritaria para la cual debe esperar más tiempo.
No obstante, la Secretaría de Salud del Municipio “ha hecho un esfuerzo importante con relación al sistema CIGA (Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud para descongestionar las urgencias) que busca asignar una cita con médico general en un tiempo oportuno, próximo, en cuestión de cuatro a ocho horas para evitar que esa persona se devuelva para la casa sin ningún tipo de atención. Eso es una atención prioritaria. Esto es importante, pero lo que observamos es que al no existir agenda abierta para que las personas puedan acceder en menos de tres días a una cita, les toca muchas veces acudir a urgencias para tener una cita prioritaria”, aseveró Guerra.
Finalmente, la funcionaria reconoció que la Superintendencia Nacional de Salud en Antioquia es muy activa y hace parte de la red de controladores en salud, la cual también la conforman la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín, las secretarías de Salud de Medellín y del departamento.
La red está visitando a las EPS y a las IPS para mirar cuáles son las barreras de acceso con miras a encontrar soluciones y se han hecho informes. “No obstante, creemos que a nivel central se requiere un esfuerzo mayor y un compromiso superior para ser exigible y garantizar los derechos de las personas”.
Además, hay mesas de concertación, diálogo y visibilización con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir los errores en los que se ha incurrido y que motivan las tutelas.
