En una muy breve exposición y con escasa asistencia de usuarios, la Superintendencia nacional de Salud hizo su rendición de cuentas de la gestión del año 2017 y medio de 2018.
Uno a uno los superintendentes delegados fueron pasando al tablero dando a conocer en no más de cinco minutos, las ejecutorías en cada una de sus dependencias.
La delegada para la Protección al Usuario, Marianella Sierra, informó que la entidad hizo presencia institucional de atención al ciudadano, en los 32 departamentos del país, dando trámite a un total de 483.431 peticiones, quejas y reclamos en el 2017 y 317.862 entre enero y julio del 2018.
“Dentro de la gestión realizada en este período se hizo seguimiento permanente al cumplimiento de medidas cautelares en 12.703 casos particulares”, señaló la funcionaria y añadió que 13.254 usuarios participaron en espacios de capacitación y promoción en 337 eventos organizados por la entidad.
A su turno, el delegado de la Supervisión Institucional, Oswaldo Bonilla, afirmó que en uno de los campos donde mayor empeño ha puesto esa delegación es en la lucha contra la corrupción, transparencia, depuración sectorial, recuperación financiera. “En el 2017 se realizaron auditorías a 64 IPS públicas y 74 privadas así como también a 72 EPS. En el 2018 (enero – julio) se hicieron auditorías a 10 IPS públicas y 34 privadas, además de 79 EPS.
Aseguró que entre los hallazgos obtenidos de las auditorías realizados en IPS figuran las diferencias en reporte SIHO y la Supersalud y en las aseguradoras el posible desvío o apropiación de recursos en el sistema de seguridad social en salud. Mientras que en entidades territoriales se detectó la inadecuada planeación y gestión de presupuestos de ingresos y gastos; y la ineficiencia e inoportunidad en el manejo de recursos.
“En el 2017 se realizaron órdenes de reintegro de recursos por 621 millones 641 mil pesos y entre enero y julio del 2018 se emitieron 45 resoluciones por 67.790’658.795 pesos”, precisó Bonilla.
Ivhón Adriana Flórez, delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, señaló por su parte que la Supersalud viene fortaleciéndose para poder actuar como el juez del sistema de salud. Y aseguró que a través de las jornadas de conciliación en 2017 se lograron 812 acuerdos entre las entidades responsables de pago y la red de prestadores pública y privada en 8 departamentos, por un valor de 308 mil millones de pesos y en el 2018 se han sacado adelante 92 acuerdos por 197 mil 180 millones de pesos.
Enrique Barliza, delegado encargado para los procesos administrativos de la entidad informó que en 2017 se impusieron 814 sanciones por 26.465 millones de pesos por fallas en la prestación de servicios de salud, reporte de información, flujo de recursos que respaldan la atención en salud y entre enero y julio de 2018 se aplicaron 161 sanciones por 17.164 millones de pesos. Entre las entidades sancionadas figuran la IPS Universitaria y Salud Global, Eps Cafesalud, Salud Vida y Emssanar.
“Se emitieron 70 sanciones a EPS, representantes legales de EPS, entidades territoriales e IPS por 680 millones de pesos, por incumplimiento de la Circular 30 de 2013”, puntualizó Barliza.
Mientras que la delegada (e) para las Medidas Especiales, Emilia Vargas, habló sobre las entidades en intervención forzosa administrativa.
Cerró esta rendición de cuentas el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, más que entregando un balance, anunciando lo que planea realizar desde esta dependencia.
“Nuestra gestión se soportará sobre cinco pilares: uno que tiene ver con aumentar nuestra capacidad sancionatoria. Ser una entidad autónoma técnica e independiente, darle el perfil que antes no le dieron. Fortalecernos a nivel regional, porque actualmente no tenemos la capacidad de interlocución. Ser transparentes protegiendo el derecho constitucional y despolitizar nuestras acciones y por último transformar la Supersalud en un organismo innovador con tecnología de punta para llegar más a los usuarios”, precisó Aristizábal.
Sin embargo, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, dijo que todo su plan de trabajo de alguna manera está condicionado a que el Congreso de la República le de las facultades a través del proyecto de ley que busca aumentar esa capacidad sancionatoria, así como las sanciones y multas a imponer a quienes burlen el sistema de salud.
“Ha faltado vigilancia, ha faltado control. Hemos puesto unos tiempos perentorios a las EPS y deben cumplir, la que no cumpla se irá, así nos quedemos con menos EPS. Estamos a la espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley para arrancar el otro años”, finalizó el Superintendente.
