Después de lo escuchado este jueves reciente de boca de un directivo del fútbol colombiano quien señaló a los equipos de fútbol femeninos como “caldo de cultivo del lesbianismo”, leer noticias como las que publican hoy los diarios argentinos sobre la aprobación de una Ley que obliga a los funcionarios y trabajadores del Estado a recibir capacitación sobre género y violencia contra las mujeres hace sentir que no todo está perdido en nuestro continente en materia de defensa de los derechos de las mujeres.
En efecto el Senado argentino aprobó con 59 votos afirmativos la “Ley Micaela”, con la que todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado recibirán capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres.
Este paso del gobierno argentino choca contra lo ocurrido en Colombia en el caso del presidente del Deportes Tolima Gabriel Camargo Salamanca, quien dijo que “el campeonato de las mujeres no da nada económicamente. La mujeres son más tomatrago que los hombres, y la Liga es un caldo de cultivo de lesbianismo”.
Sin duda lo ocurrido en Colombia prende las alarmas pues es una muestra del poco o nulo respeto de los dirigentes (en este caso del fútbol) que representan a un importante segmento de la sociedad colombiana, frente al tratamiento de la mujer en el deporte, y de contera, en cualquier ámbito nacional.
Mientras en nuestro país este tipo de declaraciones salen a la luz pública, mostrando el lado oscuro de un gremio con mucho poder, en el austral se acondicionan nuevas medidas para asegurar que los servidores del Estado tengan claros los conceptos de género, violencia contra las mujeres y respeto a ellas, para garantizarles un trato digno.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes argentinos estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, así lo confirmó la Cámara de Senadores que este miércoles convirtió en ley el proyecto que propone la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”, luego de que el gobierno decidió incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias.
Dice el diario argentino El Litoral que el presidente Mauricio Macri decretó la inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento del proyecto de capacitación obligatoria para combatir la violencia de género para todos los que integran los tres poderes del Estado.
“Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado Ley Micaela García, en homenaje a la joven de 21 años, militante del movimiento Evita, quien fue secuestrada, violada y asesinada en Gualaguay ( municipio del departamento Gualeguay, en la Provincia de Entre Ríos, Argentina) en abril de 2017 por por Sebastián Wagner, un sujeto que ya había cometido crímenes sexuales y que fue sentenciado a cadena perpetua por el caso de la joven de origen uruguayo.
Según el proyecto, el incumplimiento por parte de los funcionarios será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres.
Varias voces se escucharon en torno a esta iniciativa, mientras que la peronista enterriana Sigrid Kunath aseguró que “hay una censura a determinados grupos que responden a una cultura de los machismos” y pidió “dar una interpelación a todos y a todas”, la oficialista cordobesa Laura Rodríguez Machado afirmó que “es un compromiso de este Congreso erradicar el tema de la violencia de género”.
“Tenemos la gran responsabilidad, como madres de varones, de enseñarles cómo deben actuar en esta sociedad”, dijo Rodríguez Machado.
El kirchnerismo, por su parte, consideró que el gobierno nacional había actuado con “demagogia” por incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias.
“Me hace ruido que esta ley haya sido puesta para ampliar el temario. Lo tomo como un acto de demagogia”, consideró la chubutense Nancy González.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
El debate de este proyecto fue impulsado por un grupo de diputadas, luego de la denuncia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices que acompañó a la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.
