La Unidad de Pago por Capitación, UPC y el Plan de Beneficio son los ejes sobre los cuales descansan el sistema de aseguramiento de los colombianos. A través de la UPC el Estado reconoce los recursos con que las EPS garantizan el Plan de Beneficios a cada uno de los nacidos en este país.
En los dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, los valores son distintos. Para el año 2018 el Gobierno Nacional reconoció una UPC promedio equivalente a $847.180 pesos por año para el contributivo y $787.327 para el subsidiado.
No existe explicación técnica para que ante igual Plan de Beneficios en el subsidiado y contributivo se tenga una Unidad de pago diferente. También se establece UPC por grupos etáreos, siendo el grupo correspondiente a los niños menores de un año los que mayor asignación de recursos tiene.
Esta asignación se da por dispersión geográfica y para municipios conurbados; existen una asignaciones que se tornan inequitativas para algunas regiones del país, por ejemplo si comparamos la UPC para el departamento de San Andrés, tomamos el régimen contributivo, para el año 2019 para menores de un año el sistema reconoce $3.467.286, mientras que para el departamento del Chocó, que es el que cuenta con una situación de salud muy compleja por la difícil accesibilidad de vías, el Estado reconoce $2.757.830.
No existe explicación para esta situación: que la UPC de un niño del Chocó sea inferior a un niño de San Andrés.
La UPC como soporte del equilibrio financiero del Sistema de Salud debe ser un instrumento de Equidad. Esta debe ser entendida como que a mayores necesidades, mayores recursos. Hay departamentos como Chocó, Amazonas, Guainía y La Guajira que por su situación socioeconómica, de pobreza, requieren que la UPC que reconozca el Estado corresponda a un mayor valor para que los servicios de salud mejoren. La lógica lo indica: a mayores necesidades, mayores recursos.
Creemos que el Ministerio de Salud debe establecer unos instrumentos técnicos distintos a los actuales, que no son más que las cifras de atención que se recaudan a través de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud, RIPS, que no ofrecen confiabilidad más allá de un 50 o 60 por ciento. Estos recursos para asignar los montos deben ser instrumentos técnicos, para que en aras de la equidad, las regiones que tienen unas condiciones socioeconómicas desfavorables obtengan mayores recursos.
Para establecer la situación desfavorable de ciertas regiones basta con mirar las cifras del Instituto Nacional de Salud en algunos indicadores como la tasa de mortalidad perinatal y neonatal al cierre del año 2018, que muestra que ésta es de 14.5 muertes por cada 1000 nacidos vivos a nivel nacional, pero en departamentos como el Vichada es de 40.6, Guanía y Chocó es de 25.7, Amazonas 25.6, San Andrés 24.2 y La Guajira 20.0 es decir que la tasa de mortalidad en estos departamentos dispersos y con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas es mayor, y esto podría bien servir de orientación para que a esos departamentos les asignen una mayor UPC
Otra variable podría ser si se toman indicadores como la incidencia nacional de dengue, por ejemplo, en donde departamentos como Guaviare, Meta, Putumayo, Norte de Santander, Casanare y Guajira reportaron el 70 por ciento de casos.
O indicadores como la incidencia de la malaria, que en Chocó, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cauca Antioquia y Amazonas, registraron el 87 por ciento de los casos a nivel nacional.
Estas cifras le podrían servir al Gobierno de orientación para que los recursos vía UPC sean asignados buscando que en a esas zonas pobres del país por fin haya unos mejores servicios de salud.
