El Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Conpes 3956, mediante el cual se establece la Política de Formalización Empresarial, que busca disminuir la carga regulatoria de las empresas para convertirse en formales, buscando solucionar el alto volumen de informalidad empresarial, el cual se estima muy alto, pues alrededor de tres de cada cuatro empresas no están registradas en el Registro Único Tributario (RUT) ni en el Registro Único Empresarial y Social (RUES).
De mayor incumplimiento resultan ser las normas asociadas a la afiliación de los trabajadores al sistema integral de protección social.
Según cifras del Dane, Colombia presenta altos niveles de informalidad empresarial. Alrededor del 75 % de las microempresas en el país no están registradas y los niveles de cumplimiento de contratación formal de trabajadores, el pago de prestaciones sociales, la implementación de una contabilidad formal y la declaración y pago de impuestos, son bajos.
En las últimas dos décadas, el Gobierno nacional, los gobiernos locales, gremios y entidades privadas han realizado grandes esfuerzos para reducir la informalidad empresarial. Esto incluye iniciativas para reducir los costos administrativos de registro, socializar los potenciales beneficios de registrarse y fortalecer la institucionalidad para la inspección, vigilancia y control de la regulación aplicable a las empresas formales.
Sin embargo, existe poca información sobre el universo de las microempresas, su nivel de formalidad y el impacto que han tenido los esfuerzos realizados en la materia. No se realizan censos empresariales periódicos y las encuestas oficiales presentan limitaciones en su representatividad y el detalle de la información.
Sin lugar a dudas, la formalización empresarial, como la formalización laboral, en gran medida se mide o está afectada por el cumplimiento de la normatividad en materia de afiliación, pagos de aportes y en general a los trámites que se realizan en el marco del Sistema General de Seguridad Social; además que, la informalidad también reduce el espacio fiscal del Gobierno y limita el cumplimiento de las normas de calidad, como los reglamentos técnicos, diseñadas para proteger la vida y la salud de los usuarios; en este sentido los aportes de los Ministerios de Salud y del Trabajo, para simplificar los trámites, es crucial.
El aumento en los niveles de la formalidad empresarial puede traducirse en un círculo virtuoso en la política tributaria al derivar en una mayor y mejor inversión pública. Una mayor formalidad tributaria implica más empresas pagando impuestos y, por lo tanto, mayores recaudos para la seguridad social.
Seguridad Social
En años anteriores, se han dado avances en la simplificación y unificación de trámites, ejemplo de ellos es, que con el Decreto 1465 de 200516 se creó la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Esto permitió a los aportantes liquidar y realizar los pagos de salud, pensiones, riesgos profesionales, ICBF, SENA y cajas de compensación de manera centralizada; lo que fortaleció la fiscalización de la formalización laboral porque, si bien desde la Ley 100 de 199317 ha existido la obligación de realizar todos los aportes al sistema de seguridad social, solo desde la operación de la PILA se puede monitorear fácilmente el pago en el sistema.
Otros de los avances significativos se dio con la reforma tributaria del 2012, establecida por la Ley 1607 de 2012, que edujo los tributos para algunas microempresas y los costos de contratar trabajadores de manera formal. Esta ley simplificó la tributación para empresas registradas como personas naturales de menor tamaño, con figuras como el impuesto mínimo alternativo simple. Además, eliminó los pagos de salud, ICBF y SENA a cargo de los empleadores para los empleados que devengaran menos de diez salarios mínimos legales.
En igual sentido, más reciente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 2058 de 2018, que tiene como propósito facilitar los trámites de afiliación al sistema de seguridad social, creando el Sistema de Afiliación Transaccional como un conjunto de procedimiento para registrar y consultar, en tiempo real, los datos de información de los afiliados, la afiliación y las novedades en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema General de Riesgos Laborales. La norma establece también procesos para la movilidad entre los regímenes subsidiado y contributivo.
Entre las líneas de acción de la Política de Formalización Empresarial, se destaca, la creación de la Ventanilla Única Empresarial, con la participación de los ministerios de Comercio, Salud y Trabajo, proceso que iniciará durante este primer semestre de 2019, con la inscripción de empleadores a salud, fondos de pensiones y riesgos laborales.
Por otro lado, el Ministerio del Trabajo desarrollará el formulario único de afiliación de empleados para pensiones, BEPS y cajas de compensación familiar. Esto permitirá que se simplifiquen la cantidad de instrumentos actualmente utilizados para afiliar a los empleados ante estos sistemas y facilitará la transmisión de información entre entidades y ventanillas.
Mientras que el Minsalud, en materia de afiliación de empleados, garantizará la cobertura del portal único transaccional a los demás trámites y requerimientos en salud, que actualmente solo incluye traslados entre EPS, e integrará los trámites correspondientes del subsistema de riesgos laborales. Simultáneamente.
Todas estas estrategias y acciones buscan incrementar los niveles de formalidad empresarial, ponerse al día con la clase trabajadora y evitar la evasión de impuestos derivada de la informalidad.
