Cada año, las autoridades de salud de Colombia deben enfrentar unos 60 mil casos de malaria (163 diarios). De ellos, 1.000 se complican y 10 pasan a ser mortales.
Ante este panorama, y buscando mejorar las condiciones de salud de todos los colombianos, desde mediados de agosto pasado, el Gobierno nacional empezó a desarrollar las gestiones necesarias para ser candidato a ingresar a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM), de la que hacen parte países de Centroamérica y República Dominicana, y es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de la Fundación Gates y la Fundación Carlos Slim.
“En este momento Colombia está a la espera de firmar el convenio; en él, el país se compromete con la eliminación de la malaria y en consecuencia, obtendría la asistencia técnica y el apoyo financiero de la iniciativa desde mayo de este año”, dijo el ministro Juan Pablo Uribe Restrepo, quien agregó que en julio próximo se estarían dando los primeros desembolsos.
Colombia, por sus condiciones geográficas y meteorológicas, entre otras, ha padecido históricamente de malaria de manera autóctona y en algunas regiones se presenta de forma más intensa, como en el litoral Pacífico, que aporta el 60 por ciento de los casos de malaria.
“Otro 35 por ciento de los casos viene de una región que comprende Urabá, Bajo Cauca y el Alto Sinú. Luego hay un 5% que tradicionalmente proviene del Amazonas y la Orinoquía”, añadió Uribe Restrepo.
La malaria es una enfermedad causada por un parásito que se transmite por la picadura del mosquito anofeles; se manifiesta con fiebre, sudoración, vómitos y diarrea, entre otros. Es endémica en gran parte del país, en áreas ubicadas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, en Colombia unas 12,5 millones de personas habitan en zonas de riesgo para la transmisión de esta enfermedad.
A este panorama nacional se suma al actual fenómeno migratorio desde Venezuela, que aporta otros casos a Norte de Santander, Arauca y Vichada, principalmente; y se ha detectado que algunos de ellos son resistentes al tratamiento convencional.
“Puede suceder que los migrantes lleguen con malaria resistente. Por eso es que es de sumo interés trabajar con la población migrante e ir desarrollando instrumentos para hacer vigilancia epidemiológica sobre ellos y garantizar que las estrategias que vamos a aplicar en el litoral Pacífico de prevención, diagnóstico y tratamiento, también las podamos llevar a la población que viene de fuera del país”, explicó el ministro.
Con una carga de enfermedad de esa magnitud, el ser parte de la IREM le traerá a Colombia eficiencia, mejor evidencia, conocimiento y experiencias, y se robustecerá el esfuerzo y compromiso frente a la enfermedad, a la que el Ministerio ha logrado enfrentar reduciendo los casos anuales hasta en un 40 por ciento.
Cada año, el Gobierno aporta cerca de 32 mil millones de pesos para el funcionamiento de la capacidad territorial de talento humano, seguimiento, vigilancia y diagnóstico de poblaciones afectadas por la malaria, a lo que se suman cerca de 2.000 millones de pesos para toldillos y medicamentos.
Según el Plan Decenal de Salud, la meta a cuatro años es reducir la incidencia de la enfermedad en un 40 por ciento y la mortalidad en un 80%, erradicarla en cuatro municipios fronterizos del Chocó con Panamá y disminuirla sustancialmente en otras ocho ciudades del Pacífico, entre las que están Quibdó, Buenaventura y Tumaco.
El año pasado Paraguay fue reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como país libre de malaria. Después de siete años sin un solo caso autóctono, un comité de expertos ha certificado que la enfermedad es parte del pasado y que, de resurgir, sería capaz de atajar con efectividad un brote. El anterior país de América que había alcanzado este logro fue Cuba en 1973.
