Medellín.- La arquitecta Patricia Urrego Restrepo, propietaria de la Clínica Conestética Quirófanos para Especialistas, otrora Clínica Alameda considera que está siendo víctima de “una persecución de género por ser una mujer empresaria, por parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (SSSA), la Gobernación, el arrendatario del local, Julio Noreña y el concejal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
Ella afirma que no hay motivos para que esa IPS deba permanecer cerrada, pues los hallazgos son más de forma que de fondo. En principio hubo algunas irregularidades en el cumplimiento de los estándares de calidad que sí debían ser corregidas, pero luego se pegaron de cosas que no justificaban la medida.
En diálogo con Opinión y Salud la empresaria explicó que en marzo de 2018 la Secretaría de Salud hizo una visita a las instalaciones de Alameda para verificar el cumplimiento de esas exigencias de calidad, pero encontró que había unos incumplimientos. Se cerró el establecimiento, se corrigieron los errores. Después se tramitó la visita de reapertura.
Pasado aproximadamente un mes, los funcionarios de la SSSA volvieron para revisar minuciosamente si se estaban siguiendo los estándares. “Encontraron dos o tres detallitos. Los mismos funcionarios de la Seccional de Salud –eso fue un viernes- dijeron ‘venimos el lunes y revisamos si esos dos detalles ya cumplen y te habilitamos’. Eso es transparente, normal”, agregó la propietaria.
Sin embargo, esos funcionarios retornaron en septiembre y no en ese lunes de abril como le habían dicho a Patricia Urrego. Eso obedeció a que hubo una complicación y un evento adverso. “Hasta ahí sigue siendo normal. Lo que pasa es que hubo un agravante, que el doctor Bernardo Alejandro Guerra salió en los medios a decir ‘exijo el cierre definitivo de Alameda’”, y calificó de bandidos quienes trabajaban ahí.
En esa visita la SSSA encontró algunos incumplimientos en los estándares de calidad lo cual para Patricia es normal porque las exigencias son altas. Se dio el cierre el 5 de septiembre de 2018 y se empezó desde la IPS a trabajar en hacer los correctivos.
“Los hallazgos no son de infraestructura, no son de dotación, son algunos hallazgos que ameritaban el cierre, pero eso toma un mes, no cuatro o cinco meses. Se solicita la visita de apertura, pero la Seccional empieza a dilatar, a dilatar y a dilatar eso. De hecho, uno primero solicita que quiten los sellos para poder hacer las adecuaciones”, narró la afectada.
Ella retiró los sellos para ejecutar esa tarea y cuando estaba esperando la visita de la SSSA para levantar la medida, llego un grupo de funcionarios de la dependencia gubernamental y le dijeron que iban a volver a poner los sellos; es decir, sallarían lo que ya estaba sellado.
Los hallazgos habían sido de forma y no de fondo, pues eran sobre la redacción de algún contrato, tener un documento en regla. Se esperaba que verificaran eso.
La propietaria preguntó ¿por qué de nuevo se sellaría lo sellado? y le respondieron que no cumplía con lo exigido por el Invima que pedía el nombramiento adecuado de un equipo que le faltaba la letra E, pues debía decir la palabra ‘Express’.
“Son unos detalles pequeños que en el fondo considero –con todo el respeto a la Seccional- que no violentaban la seguridad de los pacientes, que esa es la finalidad que tiene la Seccional al estar auditando empresas como la mía de que realmente la seguridad del paciente sea primordial y que la empresa esté trabajando enfocada en eso”, anotó la arquitecta.
La SSSA volvió a poner los sellos en las puertas de Conestética al considerar que seguía sin cumplir con los estándares de calidad.
Para la afectada, este asunto se trata de una persecución porque la SSSA “está pegada porque faltó un punto, una coma, faltó una tilde, faltó, faltó, faltó…”.
En el acta que le entregaron casi 15 días más tarde, le indicaron a la dueña que en infraestructura no se cumplía la exigencia ya que faltaba una repisa para poner los jabones de la sección de aseo. “Eso se cae de su peso. ¿En qué puede afectar la seguridad del paciente porque en el cuarto donde están las traperas no haya una repisa para colocar los jabones y que eso sea motivo de cierre?”.
Asimismo, Urrego Restrepo considera que ahí hay unos intereses creados. El local donde funciona la Clínica fue de ella durante casi 13 años, que perdió por asuntos económicos, pues no pudo salir adelante y tuvo que hipotecarlo, al no cumplir con las cuotas, hubo un embargo y después un remate.
La propiedad quedó en manos del señor Noreña que le había prestado el dinero a Patricia. Las partes hicieron un contrato de arrendamiento.
La empresaria no pudo pagar puntualmente el alquiler mensual y el nuevo propietario comenzó a presionarla para que le cumpliera, pero la situación económica de ella no lo permitió.
En consecuencia, ese señor acudió insistentemente a la SSSA para que le cerraran la Clínica a la arquitecta.
Debido a que en 2018 la SSSA le cerró la IPS en marzo, se reabrió en abril, en mayo la deudora no pudo pagarle al arrendatario la renta ese mes, ni los siguientes hasta agosto. Cuando iba a empezar a saldar lo adeudado en septiembre para ponerse al día, le cerraron nuevamente la Clínica.
Esta deuda en arriendo fue motivo para el cierre del establecimiento. A Patricia le llama la atención que sea esa la causa, cuando otras IPS de la ciudad deben muchísimo más dinero a los acreedores y siguen funcionando.
En resumen, esta IPS estuvo cerrada en 2018 más de cinco meses.
Según ella lo lógico que es siga abierta Conestética para que así recoja el dinero que debe y lo pague.
En noviembre Patricia solicitó nuevamente visita de apertura a la SSSA a conciencia de que se estaban cumpliendo las exigencias, pero esta vez tuvo que recurrir a un derecho de petición para ello.
El 7 de diciembre llegó una comisión de tres verificadores expertos para lograr la idoneidad en la revisión. Ellos trabajaron con Patricia y el personal del centro asistencial entre las 9:30 de la mañana y casi las 6:00 de la tarde mirando documento por documento, escudriñando para comprobar que sí se estaba cumpliendo con los estándares.
Al cabo de esta larga jornada los funcionarios levantaron la medida, se generó un acta y con eso quedó autorizada la IPS para funcionar.
El 19 de diciembre llegó a la otrora Alamenda el secretario Seccional de Salud, Carlos Mario Montoya Serna, quien preguntó de inmediato por qué estaba funcionando este centro asistencial, cuando él supuestamente no había dado la orden para eso.
El administrador del establecimiento le entregó una copia del acta. Luego el Secretario hace una llamada en la que él le dice al interlocutor “te espero aquí con tus funcionarios”, pero quien está al otro lado de la línea le responde que no irá. Él le contesta que es una orden, esa persona reitera que no acudirá.
Ante esto Montoya Serna se para, se disculpa con el administrador y se va, contó Urrego Restrepo.
El 20 de diciembre el personal tenía permiso de no ir a trabajar como día compensatorio. No obstante, la regente de farmacia tuvo que acudir porque tenía unos asuntos pendientes.
A eso de las 10:30 de la mañana funcionarios de la SSSA fueron y tocaron la puerta de la IPS. La regente no escuchó. A las 12:00 del día el subsecretario de Protección Social, Alexander Flórez estuvo allí imponiendo sellos por incumplimiento sin llevar el correspondiente acto administrativo.
Adentro del local estaba la regente de farmacia y quedó encerrada. Fue necesario que Patricia acudiera a la Personería de Medellín para que le permitiera salir a esa empelada, quien al verse ‘secuestrada’, sufrió una crisis nerviosa.
“Han pasado casi dos meses y a mí no me ha llegado ni siquiera por correo, un acto administrativo donde diga que decidieron revocar el levantamiento pasado”, aseveró la propietaria.
También manifestó la afectada que la calumniaron al decir las autoridades que ella dizque había sobornado a los funcionarios de la SSSA, cuando no tiene ni con qué pagar el canon de arrendamiento.
Cabe anotar que la Clínica en 14 años de funcionamiento tiene una sola demanda por una paciente que se había mandado a realizar una mastopexia (mejoramiento físico de senos) y se le complicó la recuperación de un pezón; lo perdió y el daño fue reparado. La mujer demandó, ella concilió con los médicos, quienes le pagaron una suma de dinero. En agosto de 2018 la IPS les repondría la plata a esos galenos como se había comprometido, pero no pudo cumplirles.
Entre tanto, de 25 a 30 empleados entre directos y contratistas laboraban allí.
El establecimiento no sólo prestaba servicios de medicina estética, sino también ortopedia, cirugía general, entre otros.
Tuvo un contrato con Salud Reproductiva Ltda. a través de la Alcaldía de Medellín para la realización de vasectomía y ligadura de trompas a personas de muy bajos recursos económicos.
Además, tenía contrato con la EPS Fundación Médico Preventiva, la cual no pago por los servicios y eso la llevó a la crisis económica.
Igualmente, tuvo contratos con otras EPS e incluso con el Impec, el que sería renovado en el próximo mes.
La arquitecta estima que la institución debe a todos sus acreedores alrededor de 400 millones de pesos. La Fundación Médico Preventiva y Salud Reproductiva Ltda. le quedaron debiendo casi 200 millones.
Urrego Restrepo dijo que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial se determinó que en el sector donde funcionaba la otrora Clínica Alameda ya no es un suelo mixto, sino residencial, por lo cual debe ser demolido y construirse una edificación para viviendas.
Finalmente, la empresaria iteró que acudió a la Procuraduría donde puso una denuncia con las pruebas, incluidos vídeos, en los que se muestra la desacreditación de la imagen de la IPS y la persecución a la que se ha visto sometida Urrego Restrepo.
