Nuevamente el Magisterio colombiano convoca a un paro nacional de 48 horas, donde suspenden actividades académicas durante los días 19 y 20 de marzo.
Entre los objetivos del cese está la exigencia de financiación a la educación pública y el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, así como el cumplimiento puntual de los contratos de salud para los maestros y sus familias.
Sin lugar a dudas, protestar por el enfoque que el gobierno le quiere dar al sector educativo en el Plan Nacional de Desarrollo, puede ser motivo suficiente para ir a un paro; los indígenas del sur del país también tienen sus argumentos para protestar y otros sectores que se sienten excluidos de la atención estatal.
Pero, lo que se ha vuelto recurrente en el Magisterio en cada protesta son los reclamos por mejoras en los servicios de salud, lo que evidencia que persisten los problemas en la atención en salud a los maestros, problemas de sobra en los servicios que contrató la Fiduprevisora en nombre del Fondo Prestacional del Magisterio.
Quizás en el país no existe un proceso contractual que genere más tensión y atención que la licitación para contratar los servicios de salud a los maestros.
La pasada licitación se tornó en un engorroso proceso que duró más de un año, pues se trataba de adjudicar 5,27 billones de pesos para atender a un millón doscientos mil docentes, incluyendo a sus familias, con un pago por personas equivalente a 1.400.000 pesos, casi el doble de lo que se gasta el Estado en cada colombiano en el sistema de salud.
Así que por mucha vigilancia que se ejerza sobre estos procesos de contratación de operadores de los servicios de salud para los docentes, la puja por quedarse con la jugosa contratación es fuerte y lo que se conoce es que hasta el tristemente célebre Guillermo Grosso, con sus altas influencias en el sector salud, se pudo hacer a una de esas operaciones en una de las regionales en que está dividido el sistema de salud para este agremiación.
Pese a esto, las quejas de Fecode hacia la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación, no cesan, alegando incumplimiento de los pliegos de condiciones para lo cual fueron contratados los operadores; casi siempre denunciando fallas en la entrega de medicamentos, demoras en asignación de citas y en la autorización de procedimientos quirúrgicos, entre otros.
Y en realidad los docentes no reciben un buen servicio por el valor que pagan, y he aquí el problema y la pregunta.
¿Por qué los docentes no protestan para que se modifique el sistema de salud y se aleje del control de los políticos y de la corrupción?
No habrá calidad en los servicios de salud del Magisterio, mientras no se cambie la operación del régimen especial que los cobija. Está claro que no es problema de financiación, es un problema de cobertura de los servicios de salud; los docentes están dispersos en todos los municipios de Colombia y hasta allá no llegan los servicios de los operadores que contrata Fiduprevisora, con el aval de Fecode, que reúne a sus 330 mil agremiados.
Viendo que los gobiernos anteriores han utilizado el Plan de Desarrollo para introducir las reformas a la salud, negadas en los proyectos de leyes ordinarias, la discusión del Plan de Desarrollo podría ser la oportunidad, para hacer cambios en la operación del régimen de salud de los docentes y atacar de una vez por toda la corrupción en dicho sector.
