Así lo han venido denunciando las organizaciones y agremiaciones del sector salud que ven con preocupación el aumento de las agresiones contra su integridad física y las amenazas de que están siendo víctimas en distintos lugares del país.
En un extenso comunicado la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), advirtieron que en menos de un mes se han incremento los daños contra la infraestructura de la red pública hospitalaria, la agresión al personal médico, asistencial y administrativo, e incluso el asesinato de profesionales de la salud.
El primer registro de este año se dio en Saravena (Arauca) el 20 de enero, cuando fue asesinada en ese municipio la enfermera Laura Nayibe Peña Cáceres de 24 años, por sujetos que le dispararon en varias ocasiones. A pesar de ser trasladada al Hospital de Saravena y de los esfuerzos para salvarle la vida, la joven murió minutos después.
En esa oportunidad a través de las redes sociales, la comunidad en general expresó su rechazo e indignación por este hecho.
El pasado 10 de mayo, en El Bagre (Antioquia) fue asesinado el médico rural Cristian Camilo Julio Arteaga, quien hacía su año rural en el hospital Nuestra Señora del Carmen de dicho municipio, lo que generó la renuncia de la mayoría del cuerpo médico.
El 22 de mayo en Candelaria (Valle del Cauca), en el hospital de esa localidad un hombre le propinó varios puños en su rostro al médico Andrés Daza. El hombre lo acusó de negligencia, sin embargo, el profesional habría cumplido con el protocolo médico para la atención de su hija.
Posteriormente el sábado 25 de mayo, en el servicio de urgencias de la ESE Hospital San Fernando del municipio de Amagá (Antioquia), fueron amenazados, agredidos y golpeados dos médicos y una auxiliar de enfermería, igualmente que el vigilante quien intervino para controlar la situación, porque el personal médicoasistencial priorizó la atención de un menor de cinco años, con cuadro febril de más de 40 grados de temperatura; lo que molestó a familiares de una usuaria que se encontraba en el servicio de urgencias.
Los agresores no solo amenazaron y agredieron al personal de turno, sino también vociferaron que recurrirían a la intervención de grupos al margen de la ley, los cuales los iban a “pelar” dicho textualmente por los agresores. Posteriormente en las afueras de la institución hospitalaria hombres motorizados gritándoles “acá los esperamos”, “cuando salgan los vamos a pelar” “sabemos dónde viven”, circunstancias que motivo que el personal del área de urgencias estuviera encerrada por más de tres horas como medida para preservar su vida.
Aunado a esto las amenazas han seguido a través de las redes sociales con mensajes dirigidos al alcalde del municipio donde le dicen “Váyale poniendo juicio al personal del hospital, porque un día de estos van a dar con gente bien resuelta y ahí mismo se los dejan para que los recojan”.
Más casos
Ese mismo 25 de mayo, la enfermera Samira Giraldo Puche, de 41 años, resultó herida de bala por parte un hombre que exigía atención médica para su hija en un puesto de salud del corregimiento de Orihueca en el municipio de Zona Bananera (Magdalena).
El agresor pedía que le dieran prioridad a su hija, menor de edad, y al no encontrar una respuesta positiva, inicialmente, insultó al personal médico, y luego desenfundó un arma de fuego amenazando a los presentes.
De otra parte en la madrugada del domingo 26 de mayo se presentó un accidente de tránsito en la zona urbana del municipio de Campoalegre (departamento del Huila), siendo trasladado al hospital del Rosario un joven entre los 20 y 25 años sin signos vitales, a quien se le práctico el proceso de reanimación sin reacción positiva.
El joven iba acompañado de otras personas que al enterarse de su fallecimiento arremetieron contra las instalaciones de la institución hospitalaria.
En consecuencia dañaron parte de la infraestructura y dispararon contra los miembros de la misión médica que se encontraba de turno en ese momento.
Ese mismo días en el transcurso de la mañana se presenta un nuevo hecho violento contra la Misión Médica, en el hospital San Rafael, entidad de Primer Nivel de complejidad del municipio de Calima-El Darién (Departamento Valle del Cauca), a donde se encontraba hospitalizado un adulto mayor de 83 años por problemas cardiorrespiratorios, esperando una orden de remisión a un nivel de complejidad superior por parte de Medimás, que nunca llegó.
El paciente fue reanimado por el personal médico y enfermeras, sin embargo el paciente no reacciona y finalmente fallece, presentándose la reacción agresiva de sus familiares que agreden verbalmente al personal médico, antes, durante y después de la reanimación.
Ante amenazas telefónicas un médico y una enfermera abandonaron el municipio, siendo escoltados hasta el corregimiento de Puente Tierra para salvar sus vidas.
Ante la gravedad de los hechos la mayoría del personal médico presentó renuncia a sus cargos.
Considera ANTHOC que “Dado que no se ha completado el proceso de transición de la guerra en el marco del acuerdo de paz con la insurgencia de las antiguas FARC-EP, siendo evidente que en territorios dispersos, urbanos y rurales, se encuentran diversos actores armados ilegales”.
Frente a este panorama “Urge reactivar de nuevo las medidas consagradas por el Estado colombiano y sus compromisos internacionales para la protección del personal médico-sanitario que prestan servicios en zonas de conflicto.
“Que como venimos observando con profunda preocupación ha aumentado la situación de riesgo para el ejercicio profesional de la Misión Médica en Colombia, ya que cada vez se torna más peligroso, sin que se vea por parte del Gobierno nacional o del Ministerio de Salud, por lo menos, un pronunciamiento y menos la intención de buscar la seguridad de las personas y de los elementos propios de esa actividad. O de realizar actos de vigilancia y control para tratar de detener las amenazas, desplazamientos, atentados, al personal asistencial de salud, en todos los rincones del país. Recordamos que la Misión Médica es el conjunto conformado por el personal sanitario, bienes, instalaciones, instituciones, vehículos, equipos, materiales necesarios, personas participantes y acciones propias de la prestación de servicios de salud en situaciones o zonas de conflictos, desastres naturales y otras calamidades”, dice la agremiación en su comunicación.
Desamparados a su suerte
Según el reporte del Ministerio de Salud este año se contabilizan 44 infracciones contra la misión médica. La mayoría amenazas.
Aunque el personal médico cuenta con seguros que responderían en caso de un accidente asociado a su trabajo, no hay ningún método de prevención o seguimiento eficiente. En pocas palabras, están a su suerte.
Sobre el tema, Sergio Isaza, director de la Federación Médica Colombiana afirma que “Es un sistema en crisis que ha generado que los médicos tengan que asumir todas sus fallas”, afirma.
Mientras que la subdirectora de la entidad, Carolina Corcho considera que los médicos están en la primera línea de atención y son ellos quienes asumen las fallas y reciben los ataques. “El paciente no distingue por qué su situación se agravó o por qué la EPS no aprobó su tratamiento. Eso genera enfrentamientos y los usuarios identifican al médico como culpable”, asegura.
Lo cierto es que la Misión Médica está cada vez más expuesta y vulnerable a situaciones como las registradas.
Carolina Corcho, subdirectora de la FMC, añade que “lo que demuestra el caso de Cristian es que, en este momento, no hay condiciones para la Misión Médica en un país que volvió al estado de guerra y que tiene actores armados envalentonados. Estábamos en una transición hacia la paz que retrocedió por decisiones políticas. Este retroceso pone a la misión médica como un objetivo militar”. Para ella, hay algo evidente: antes, el desescalamiento del conflicto armado disminuyó también las agresiones contra la misión médica, pero ahora, podrían empezar a aumentar.
