El proyecto de Ley 136 de 2019, presentado por los representantes a la Cámara Emeterio Montes (conservador del departamento de Bolívar) y Rodrigo Rojas (liberal de Boyacá), busca según sus proponentes “garantizar el debido direccionamiento, la integralidad y eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad vial, a través de acciones que garanticen la calidad de los servicios de apoyo al Tránsito y acelerar el cumplimiento de las metas del Plan nacional de Seguridad Vial, expedido por el Ministerio de Transporte en ejercicio de sus funciones.
La proyecto invoca que las actividades denominadas de apoyo al tránsito deberán ser asumidas, preferiblemente de forma directa las autoridades de tránsito departamental y municipal, de conformidad con las modificaciones al Código Nacional de Tránsito y bajo la Dirección constante del Ministerio de Transporte. Cuando el Ministerio de Transporte lo determine, también podrá asumir de forma directa o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, cualquier actividad de apoyo al tránsito.
Las Instituciones Prestadoras de Salud y los Centros de Reconocimiento de Conductores, serán de naturaleza Pública, los certificados expedidos por una EPS, tendrán la misma validez para efectos de los trámites relacionados con las licencias de conducción, para tal efecto, el Ministerio de Trasporte determinará el mecanismo para el registro de tales certificados.
Así las cosas, el proyecto le atribuye la responsabilidad de la capacitación de los conductores de forma exclusiva al Estado y para tal efecto, se modifican el concepto de Centro de Enseñanza, para que en adelante éstos sean establecimiento de naturaleza pública, adscrito a una Alcaldía Municipal o una Gobernación Departamental, que tiene como actividad permanente la capacitación de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y motocicletas.
Lea aquí el texto completo del proyecto de Ley: PROYECTO DE LEY.
