Luego de que se conociera el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, en el que cuestiona algunos apartes de los estudios previos que se presentaron para escoger un operador externo que entre a manejar e inyectar recursos y así mantener abiertos los servicios del hospital ESE Cari de alta complejidad del Atlántico, lo que queda clara es la puja de carácter político e intereses económicos que hay por el manejo de este centro asistencial.
Bien lo advirtieron directivos de la seccional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia (Anthoc), y el representante de los usuarios en la junta directiva, Guido Santander. Heriberto Tovar, presidente seccional de Anthoc quien ha reiterado que es evidente el contubernio politiquero de algunos diputados con algún miembro de la junta directiva, para llevar a la sepultura y sin dolientes al Cari.
Tovar, al igual que Guido Santander, le han solicitado al gobernador Eduardo Verano ejercer su autoridad y no permitir la estrepitosa caída de la propuesta de recuperación funcional del hospital que antaño fuera un puntal en materia de atención de alta complejidad para los pacientes y un excelente referente académico universitario.
La puja política que se cierne de manea lamentable sobre el Cari quedó además evidenciada con las declaraciones que hizo al respecto la candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera quien ha recalcado su desacuerdo con la contratación del operador sanitario y le expresó al actual gobernador Verano de la Rosa que “no es prudente salir a contratar a un Operador porque en nada resuelve la problemática del Cari de Alta Complejidad”.
Personas cercanas al proceso confirman que no es del interés de quien llegue a la Gobernación, no contar con el Cari para fines de contratación, por lo que se oponen a que este proceso se surta antes de la posesión del reemplazo de Verano de la Rosa, que de acuerdo a las encuestas sería la aspirante Elsa Noguera.
¿Quiénes se oponen?
Otro aspecto a mencionar es que si bien se hace necesaria la presencia de los entes de vigilancia y control para garantizar el proceso, no deja de llamar la atención que haya sido la abogada Lina García, quien representa a Opexsalud SAS, y a otros acreedores del Cari quien haya interpuesto quejas ante la Procuraduría, pues, ¿No serían acaso los más interesados en que el gestor que se contrate se comprometiera a pagar las deudas que arrastra con ellos el hospital?, ¿por qué entonces le apuntan a que se suspenda el proceso?
Toca recordar que en el 2017, siendo contratista del Cari la Cooperativa de trabajo asociado Opexsalud, demandó a la institución por facturas vencidas y pidió como medida cautelar el embargo de sus cuentas, incluidas las del recursos del Sistema General de Participaciones que son inembargables. En abril del 2018 el Consejo Seccional de la Judicatura negó las pretensiones de esta cooperativa y desestimó la solicitud de embargo de las cuentas referidas por valor de más de 4 mil millones de pesos en ese entonces. Luego no se explica cómo ahora que podría recuperar dichos recursos, aparece como opositora al proceso.
También toca decir que en el análisis del mapa de riesgos de la contratación estatal, realizado por la Auditoría General de la Nación, en el año 2015, la cooperativa Opexsalud CTA aparecía en el puesto 27 dentro del Top 100 de la contratación de entidades territoriales con cooperativas de trabajo asociado, con 16 contratos por valor de 5.458 millones 520.000 pesos.
Al respecto advirtió la Auditoría General de la Nación que “La tendencia de contratación de entidades territoriales con empresas sociales del estado por cuantías considerables, permite deducir que: se está pagando con cargo al presupuesto de la respectiva entidad territorial, labores misionales propias y exclusivas de las ese (hospitales públicos), es decir, se paga dos veces por un mismo servicio o, la red hospitalaria no cuenta con las partidas presupuestales necesarias para su funcionamiento, viéndose avocada a sufragar su operación a través de otras entidades, situación contraria a los principios presupuestales de “coherencia macroeconómica”, “programación integral” y eventualmente “unidad de caja”.
En otras palabras, resulta curioso que hoy las empresas que de alguna manera resultaron siendo parte del problema de la crisis financiera del Cari, ahora funjan de jueces de un proceso que pretende rescatar la autonomía del centro asistencial, sacarlo a flote y mejorar y dignificar la atención que se presta en los hospitales públicos, en particular del más importante del departamento del Atlántico.
¿Quiénes son los empresarios?
En este punto, también vale la pena mencionar quiénes están apostándole a la operación del hospital.
Los hospitales, al igual que cualquier entidad asistencial se nutren de los pacientes que puedan atender. Por eso no se entiende cómo ahora, que las dos más importantes aseguradoras del régimen subsidiado (Mutual Ser y Coosalud) se comprometen a remitir al Cari para la atención de alta complejidad a sus miles de afiliados, lo que representará ingresos significativos al hospital como es obvio, ahora se pretenda decir que no habrá dinero para sostener ese proceso.
La teoría que han venido pregonando el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, es que las aseguradoras deben apoyar al sostenimiento y fortalecimiento de la red pública vía contratación de servicios, tal como en reiteradas oportunidades lo recalca la Superintendencia de Salud …¿entonces?
La calidad, oportunidad y efectividad de los servicios asistenciales y diagnósticos es otra de las aristas que vale citar en este escenario y es que el clúster o alianza que se presentó formalmente para asumir la operatividad del Cari tienen reconocimiento en estos temas: la Fundación Ser Social, Pharma Ser Ltda., Fundación Ser «FundaSer», la UCI del Caribe Ltda. y Cardiovida Outsiurcing S.A.S, Laboratorio Clínico Continental S.A., S y D Colombia S.A. y la Organización Clínica Bonnadona Prevenir S.A.S., éstas dos, con el plus de ser las únicas entidades del sector salud en la Costa Caribe, acreditadas en alta calidad por parte del Icontec y Ministerio de Salud, luego no es acertada la apreciación de la falta de músculo financiero.
El balón, como dirían los expertos cronistas deportivos, está en la cancha en el predio de la Superintendencia de Salud, del mismo presidente de la República y del gobernador Eduardo Verano, los espectadores, algunos a punto de muerte, y es en serio, que son los pacientes quienes ansiosos esperan que su oportunidad de salvarse o de ser atendidos con eficacia y que el Cari salga de los cuidados intensivos en que se encuentra
