Entendidos en la materia consideran que lo estipulado en la Reforma Tributaria en torno a cambiar la denominación de medicamentos excluidos a exentos de IVA, y que quiere decir que las farmacéuticas podrán restar el IVA que hayan pagado en la compra de sus las primas y servicios sobre el valor total de sus impuestos, sería muy difícil llevar a la práctica en la medida en que se tendrían que fijar nuevos patrones y metodologías para definir los valores máximos de ventas y de recobros.
Así lo consideran varios actores del sistema de salud, incluso a quienes beneficia la medida. Ana María Vesga, directora ejecutiva de la Cámara Farmacéutica de la Andi, afirmó que la norma corrige de alguna manera medidas que desfavorecían la producción local o de los procesos de posproducción de la industria multinacional que tiene sede en Colombia, pero que la rebaja de precios finales que se supone debería traer la exención requiere ajustes rigurosos en la metodología que aplica la Comisión de Precios de Medicamentos.
Denis Silva por su parte, de Pacientes Colombia se pronunció en el mismo sentido en que el anuncio suena favorable pero no es tan fácil de materializar en razón a que se tendrían que fijar nuevos patrones y metodologías para definir los valores máximos de ventas y de recobros. Y advierte que antecedentes de la industria farmacéutica hacen pensar que si no hay un control exhaustivo de estos artículos, los ahorros que se anuncian pasarían a engordar los balances de las farmacéuticas y no beneficiaría a los usuarios”.
Mientras que Oscar Andia, director del Observatorio del Medicamentos de la Federación Médica Colombiana admite que puede generar una competencia sana entre los fabricantes de medicamentos, pero no hay nada que garantice que el beneficio que les otorga el Gobierno se transferirá a los afiliados.
Cabe recordar que según cifras reveladas por el propio Ministerio de Hacienda, esta exención implicaría un costo fiscal de 380.000 millones de pesos al año.
