La Federación Médica Colombiana, junto al Colegio Médico del Atlántico –miembro de la misma-, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, la Academia Nacional de Medicina-Seccional Atlántico, Asmedas Atlántico y la Sociedad Médico Quirúrgica del Atlántico, expresaron en un comunicado su preocupación por la forma como se ha manejado la crisis sanitaria generada por el COVID-19 en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla, situación que evidencian en el aumento progresivo y constante de las cifras de fallecidos y contagiados que reporta diariamente el
Ministerio de Salud y Protección Social.
“Nos preocupa que en un pequeño territorio como el Atlántico, que sólo tiene 22 municipios y un Distrito, haya una innegable falta de “articulación estratégica, funcional y operacional entre la Gobernación con la Alcaldía de Barranquilla y las alcaldías de esos 22 municipios”, señalan y que dicha situación esté traduciéndose en una deficiente forma de enfrentar esta crisis de salud pública, que le ha significado un total de 107 personas fallecidas (68 de ellas en Barranquilla) y 3.929 casos confirmados de COVID-19 (2.113 de ellos en Barranquilla), según los datos oficiales del 31 de mayo de 2020.
Es sabido que para un manejo integral efectivo de la salud pública deben armonizarse voluntades y sumarse esfuerzos entre quienes dirigen las políticas territoriales de salud, asunto que en estos momentos parece ser muy difícil, según lo han informado varios medios de comunicación al comentar la solicitud de renuncia de la Secretaria de Salud Departamental, Alma Solano, por parte de quienes laboran con ella en la Gobernación del Atlántico, debido a las malas relaciones que dicha funcionaria mantiene con los trabajadores de base de la Secretaría de Salud del Atlántico y con los Secretarios de Salud de los diferentes municipios.
Afirman que la situación de estos entes territoriales es tan grave que el mismo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en misiva dirigida al Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez y fechada el 27 de mayo de 2020, le solicitó “de forma prioritaria”, “la designación de una comisión para atender la emergencia por COVID-19 en el departamento del Atlántico y en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla…” “que ofrezca el acompañamiento y la asesoría necesarios a las administraciones garantizando la implementación adecuada de las políticas y protocolos expedidos a nivel nacional y territorial para conjurar los crecientes riesgos de morbimortalidad en la región, focalizando y diferenciando las líneas de actuación de acuerdo a las realidades y necesidades de ese territorio”. El Jefe del Ministerio Público le pidió al Ministro “informar en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, las decisiones adoptadas frente al presente requerimiento”.
Por otra parte, la Federación Médica Colombiana y las organizaciones médicas abajo firmantes, rechazamos el maltrato que MiRed IPS, operador de la red pública ambulatoria (“PASOS”) y hospitalaria (CAMINOS”) de Barranquilla, da a sus profesionales de la salud.
“De ella han sido despedidos varios médicos por exigir pruebas diagnósticas para COVID19 cuando estuvieron en contacto con pacientes positivos, por reclamar trajes de protección especial para garantizar su bioseguridad y por no aceptar la política de disminución de sus ingresos en pandemia.
Por lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por los resultados del manejo de COVID-19 en estos entes territoriales, demandamos de las autoridades nacionales la actuación inmediata para “conjurar los crecientes riesgos de morbimortalidad” en el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla y reiteramos nuestro rechazo por la forma como se ha tratado a los médicos en la región, desconociéndoles e irrespetándoles sus derechos”, indican.
Nuevamente hacemos un llamado respetuoso a los entes de control para que tomen medidas contundentes y eficaces ante estos hechos que afectan, tanto a la población general y su derecho a recibir oportunamente servicios de salud de calidad, como a los trabajadores de la salud, pues se atenta contra sus derechos fundamentales.
