El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal se defendió de la denuncia que hizo en su contra, la semana pasada la Red de Veedurías, en cabeza de Pablo Bustos, sobre una presunta relación en delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, argumentando que cuando sostuvo las conversaciones que se escuchan en los audios, con el exinteventor de la extinta EPS Saludcoop, Guillermo Grosso, él no era funcionario público.
La denuncia que Bustos presentó ante la Fiscalía, se basa en unos audios que dio a conocer en los que se escucha a Aristizábal conversando con el ex interventor de Saludcoop —investigado por la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría por múltiples hechos de posible corrupción— y donde supuestamente comprobarían que Aristizábal habría recibido dinero de empresas e instituciones prestadoras de salud por los pagos de cuentas médicas de las I.P.S que prestaban sus servicios a E.P.S. entre el 2015 y 2018.
El exinterventor Luís Guillermo Grosso fue acusado de que mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, hubo un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, por haber supuestamente sobrepasado el presupuesto de gastos de administración.
En el primer audio se escucha a los acusados hablando por teléfono, donde se saludan de forma muy amistosa y comentan “sobre un negocio personal, poniendo de manifiesto un evidente conflicto de interés en la contratación con Sarpa SAS, empresa contratista de Saludcoop”. Los audios recogen la preocupación de Aristizábal sobre el pago a los acreedores de Cafesalud, entre los cuales figuraba la mencionada empresa.
Según Bustos, “Fabio Aristizabal habría ocultado información clave al expresidente y senador @AlvaroUribeVel cuando fue su asesor en el senado”.
Finalmente, la denuncia terminó afirmando que “cuando se firmaron los contratos de Sarpa y Cafesalud, Fabio Aristizábal era asesor de la Comisión Séptima del Senado”.
Aristizábal se defiende
En su defensa, el Superintendente dijo que, para la época en la que tuvo esos diálogos con Grosso ninguno de los dos era funcionario público.
“Nada irregular ni objeto de reproche puede derivarse de esas conversaciones”, dio Aristizábal en un comunicado, en el que señaló que, para el momento en que tuvo esas “no existía ningún cuestionamiento penal” sobre su interlocutor, que había sido presidente de Cafesalud y era interventor de Saludcoop. Pero, para el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, el ahora superintendente tendría un conflicto de intereses, “en la contratación con Sarpa SAS, empresa contratista de Saludcoop” y “habría ocultado información clave al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando fue su asesor”.
No obstante, Aristizábal, quien fue candidato al Senado por el Centro Democrático, respondió que él comenzó a ser servidor público el 13 de agosto de 2018, fecha en que asumió como Superintendente y que nunca trabajó ni de asesor ni de miembro de la UTL de ningún congresista. Además, aunque sí pasó por la empresa Sarpa, esta “no ha sido objeto de cuestionamiento público por parte de ninguna autoridad en Colombia”, según se lee en un comunicado que publicó. Y, en efecto, en las investigaciones a las que se ha vinculado Grosso esta empresa no ha sido mencionada.
“Mi labor como Superintendente ha estado encaminada a luchar contra la corrupción, depurando el sistema de aquellos actores que no ven la salud como un derecho fundamental, y que creen que con estas intimidaciones lograrán impedir o revocar mis decisiones”, añadió el funcionario. De hecho, la Superintendencia se declaró víctima en el proceso penal que se le sigue Grosso y a la exsuperintendente delegada Eva Carrascal porque, al parecer, esta última aceptó diversos sobornos de IPS con el apoyo del entonces interventor de Saludcoop; un escándalo que data de antes de que Aristizábal fuera superintendente.
Finalmente afirmó que las conversaciones con Grosso giraban alrededor de las acreencias que tenía la EPS Cafesalud con sus prestadores de servicios y la situación en que iban a quedar con su liquidación; “el contexto (de la conversación) correspondía a la pregunta que todo el sistema de salud se hacía para esa fecha: Si Cafesalud iba a tener la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones con sus acreedores públicos y privados”.
