Gestarsalud, agremiación que reúne a las EPS del régimen subsidiado, emitió un comunicado en el que rechazan el proyecto de ley de reforma a la salud presentado este lunes ante el Congreso por el gobierno de Gustavo Petro.
En un comunicado, expusieron las razones por las que Gestarsalud, considera que el proyecto “no construye sobre lo construido y por el contrario destruye los avances de más de 70 años de historia de la seguridad social en salud en Colombia”.
Además, afirman que “va en perjuicio de la población y no refleja la voluntad de consenso y dialogo expresada por el Presidente de la República”.
Sus argumentos los exponen en 9 puntos:
- Se estatiza la salud y se acaban todas las EPS
Se plantea una estatización y monopolio de la operación que restringe el principio de la libertad de elección de los usuarios, con todos los riesgos que implica un servicio exclusivamente administrado por el Estado. Las funciones de las EPS, como la gestión del riesgo en salud de las personas, la organización de redes de servicios, la referencia de los pacientes y su representación se trasladan a nuevas entidades públicas sin el conocimiento, la experiencia, las herramientas tecnológicas, ni el talento humano para hacerlo, con el riesgo que si lo hacen mal, el usuario no tendrá alternativas.
- Se fragmentarán los servicios y aumentan los trámites
Contrario a lo que se anuncia, se fragmenta el servicio de salud para las personas. Los Centros de Atención Primaria (CAP) atenderán servicios de baja complejidad y, por otro lado, las hospitalizaciones, cirugías y servicios especializados tendrán otros responsables, sin que se garantice la coordinación de la atención que hoy sí existe y hacen las EPS como únicas responsables. Todo esto llevará a más trámites al usuario, en contravía del espíritu de la Ley Estatutaria de la Salud.
- Se desintegran las redes
La atención de los usuarios se verá afectada porque se perderán las redes de prestadores de servicios que las EPS ya tienen organizadas y serán las secretarías de salud las responsables de organizarlas. El proyecto prevé la conformación de redes integradas e integrales para la atención primaria, los servicios especializados ambulatorios, los de hospitalización, urgencias médicas y odontológicas, rehabilitación, laboratorios y suministro de medicamentos. Es decir, siete redes diferentes. No habrá coordinación posible.
- Riesgo para los pacientes de alto costo
Las 7 millones de personas (13 por ciento de la población) con enfermedades de alto costo que hoy tienen una ruta de atención y un seguimiento periódico y sistemático organizado por la EPS y registrado en la Cuenta de Alto Costo, cuya atención le cuesta al Estado 11 billones de pesos, estarán en alto riesgo. ¿Con qué capacidad un CAP va a garantizarles la atención?
- La responsabilidad se dispersa
Hoy los usuarios del sistema de salud tienen claro que existe una sola entidad (las EPS) responsable de garantizar todos los servicios de salud que requieran, desde una consulta por medicina general hasta un trasplante. La reforma a la salud dispersa esas responsabilidades entre la ADRES, los Fondos Territoriales de Salud y los Centros de Atención Primaria, entre otros. No habrá quién responda por el usuario.
- Las finanzas de la salud están en riesgo
Sin una administración eficiente de los recursos estos no alcanzarán para atender los crecientes costos de los servicios de salud. Los ciudadanos tendremos que soportar las consecuencias. Los pacientes estarán en riesgo de no ser atendidos y las finanzas públicas colapsarán. Los perdedores serán los usuarios.
- Más burocracia, menos salud
No hay recursos financieros nuevos que respalden la reforma. Habrá, al parecer, una recomposición del gasto para favorecer los servicios básicos en detrimento de los servicios que prestan las clínicas y hospitales, poniendo en riesgo la protección financiera de los pacientes con enfermedades graves o de alto costo. Adicionalmente, habrá una nueva burocracia y gastos en instancias administrativas que le quitarán recursos a la atención en salud, con alto riesgo de corrupción.
- Se viola el derecho a la seguridad social
Al pasar al nuevo sistema de salud estatizado, las personas pierden la seguridad social, la cual supone un administrador responsable del seguro. Nuestra Constitución establece que es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional.
- Se cambia la afiliación por el empadronamiento
Hoy las personas ya están afiliadas a una EPS y si quieren un cambio se hace por internet. Con el nuevo modelo, las personas tendrán que hacer un trámite de inscripción o empadronamiento en el Centro de Atención Primaria cercano a su residencia. Cada vez que cambie de residencia tendrá que volver a hacer este trámite para toda la familia.
La continuidad de los tratamientos originados en una urgencia vital debe ser autorizada por su respectivo Centro de Atención Primaria, por lo que este trámite no se elimina.
Por último, señalan que esperan que el Congreso de la República y el país deliberen y promuevan una reforma que mejore el sistema de salud y que piense verdaderamente en los usuarios.
