Mucho se ha comentado sobre la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, del gabinete de Gustavo Petro, y la mayoría de las razones apunta a su declarada férrea oposición al proyecto de reforma a la salud que se presentó hace un mes ante el Congreso de la República por parte de la ministra de Salud, Carolina Corcho.
Y si bien seguramente no dista mucho esta versión de la realidad, lo cierto es que tras bambalinas también entró a jugar la Oficina de Transparencia de la República. Resulta que hace más de un mes, esa Oficina le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud información donde se explicara cómo fue el proceso de creación y liquidación de la EPS Medimás y el tamaño del impacto económico para el sector salud, pues según ‘corrillos de pasillo’, era la manera de confrontar a Gaviria y de alguna forma conocer su verdadera posición frente a la reforma.
Informaciones conocidas por OpinionySalud, señalan que la Oficina de Transparencia volvió a requerir una reunión con la Supersalud tras la salida de Gaviria, para evaluar el tema, pues consideran al exministro de Educación (exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos), a funcionarios de la Supersalud de la época, incluido al jefe de esa entidad para entonces, Norman Julio Muñoz, como los responsables intelectuales del problema en que se convirtió Medimás.
Además la califican como la situación calamitosa más grande de los últimos diez años en el sector salud, que se suponía iba a ser la solución para el fracaso de Saludcoop y resultó peor, porque llevaron a la quiebra a muchos de sus proveedores de servicios, medicamentos y tecnologías, así como que dejaron en la calle a miles de trabajadores. Y apuntan a que detrás de la creación de Medimas lo que hubo fue una reunión de un grupo de clínicas que se organizaron para saquear los recursos de la salud.
Los antecedentes
Haciendo memoria, la desaparecida EPS Medimás nació de una arriesgada apuesta que hizo el gobierno de Santos en cabeza de su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para intentar solventar la situación que atravesaba Cafesalud, uno de los negocios de la liquidada Saludcoop.
Saludcoop era un organismo cooperativo que además de EPS llegó a ser la matriz de un grupo económico, conformado a lo largo de 17 años después de expedida la ley 100 de 1993. Al momento de ser intervenida Saludcoop EPS estaba integrada por 43 empresas.
De ellas, 12 eran prestadoras de servicios, 16 de apoyo de gestión, tres dedicadas a las inversiones en el exterior, cuatro correspondientes a empresas constituidas con aportes de cooperativas y tres dedicadas al aseguramiento: Saludcoop, Cruz Blanca y Cafesalud.
El 24 de noviembre del 2015, el superintendente de Salud de entonces, Norman Julio Muñoz, firmó la resolución 2414, que ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa para liquidar Saludcoop.
Para ese entonces dicha empresa tenía cuentas por pagar de 1,12 billones de pesos que habían crecido 16,8 por ciento en un solo año con afectaciones directas sobre más de 1.350 prestadores privados y 799 públicos que formaban parte de su red. Y ya la Contraloría General de la República condenaba a la entidad y a sus administradores por 1,6 billones de pesos.
Para hacer frente a la liquidación de Saludcoop y garantizar que se le siguieran prestando los servicios de salud a los millones de afiliados, el Gobierno propone que sea Cafesalud la receptora de los usuarios. Cafesalud había sido comprada años atrás por Saludcoop a la Federación Colombiana de Cafeteros por cerca de 25 millones de dólares. El plan era hacerla fuerte para venderla más adelante y recuperar el dinero para pagar las acreencias de Saludcoop.
Los bonos para salvar a Cafesalud
Así, a través del decreto 681 del 2015, el MinSalud adquirió con recursos de la ADRES, bonos obligatoriamente convertibles en acciones de Cafesalud por 200.000 millones de pesos y además se pagaron parte de los pasivos que traía esa empresa. El 1 de diciembre Cafesalud recibió 4,6 millones de afiliados, y aunque perteneciente al bloque de liquidación de Saludcoop era una empresa aparentemente saneada y que quedaba lista para venderse.
Pero ya la cosa pintaba mal, porque ya para el 2016, la Superintendencia indicaba que ese año, bajo la administración de Guillermo Grosso, quien había sido interventor de Saludcoop entre 2013 y 2015, cerró con una tasa de quejas de 23,8 por cada mil afiliados del contributivo y de 8,3 para el subsidiado, resultado de más 115.000 reclamaciones por fallas en el servicio. Grosso terminó siendo enjuiciado y condenado y aún mantiene procesos judiciales abiertos por irregularidades cometidas durante su administración.
Pero ni los llamados de advertencia de los usuarios, ni el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, sirvieron para evitar que la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri, avanzara con el proceso de venta de los activos, que incluían los casi cinco millones de afiliados a Cafesalud y las clínicas y hospitales de Esimed.
La rimbombante aparición de Prestasalud
Por el contrario, el 30 de diciembre del 2016 se publicaron los pliegos y seis meses después se dio la venta de Cafesalud a un consorcio llamado Prestasalud, que más tarde se conocería como Medimás.
El mencionado consorcio se creó en febrero del 2017 conformado por ocho grupos de empresas que representaban a 192 hospitales y centros de atención (IPS) del país. Dicho grupo presentó en mayo de ese año una oferta que al final resultó siendo el doble del precio base, establecido por una firma evaluadora para hacerse con los activos de Saludcoop.
Según se conoció, el consorcio ofreció un billón de pesos por las acciones del régimen contributivo, 200.000 millones por las del subsidiado y 250.000 millones por las de la IPS Esimed. En total, 1,45 billones de pesos, muy por encima de los valores estimados del proceso que eran 430.000 mil millones por el contributivo, 120 mil millones por el subsidiado y 200 mil millones por Esimed.
De inmediato la venta generó muchas suspicacias y fueron varias las voces que se levantaron para advertir que tenía unos cimientos endebles y cuestionaron la capacidad real operativa de la nueva aseguradora.
Incluso, una semana después, el senador Jorge Robledo (El mismo que hoy ha resultado socio político del ex ministro Alejandro Gaviria), interpuso una acción popular contra la venta.
Contra viento y marea y a pesar del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio la razón a Robledo y ordenó una medida cautelar para frenar el negocio, Medimás nació el primero de agosto del 2017.
El famoso Decreto 718 del 2017
Y aquí es donde entran a jugar Gaviria como Ministro de Salud y Norman Julio Muñoz como Superintendente.
Resulta que la resolución 2426 del 19 de julio, mediante la cual la Supersalud habilitó a Medimás para operar, tuvo sustento jurídico en el decreto 718 del 2017 firmado por Gaviria, que adicionó dos parágrafos al artículo 2.1.13.9 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, modificado por el Decreto número 2117 de 2016.
El parágrafo primero estableció que “Las entidades que soliciten mediante procesos de reorganización institucional, diferentes a los de fusión y escisión, la creación de nuevas entidades ante la Superintendencia Nacional de Salud, no requerirán cumplir para su aprobación con el requisito de participación en el capital de la entidad resultante del proceso de reorganización. Lo anterior, siempre y cuando la entidad solicitante garantice que los recursos obtenidos como producto de la enajenación de la nueva entidad se destinarán a la gestión y pago de las obligaciones a cargo de la entidad solicitante. En este caso, las cesiones a que hace referencia el presente artículo podrán ser parciales.
Y en el segundo, se señala que “En los procesos de reorganización institucional previstos en el presente artículo las entidades podrán presentar, junto con el plan de reorganización institucional, una propuesta para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia durante un plazo de cumplimiento de hasta diez (10) años, contados a partir de la aprobación del plan de ajuste que haga la Superintendencia Nacional de Salud”.
Esta norma que fue básicamente el sustento legal que argumentó la Supersalud para dar vía libre a la naciente Medimás, flexibilizó las exigencias en cuanto a patrimonio para la creación de este tipo de organizaciones.
Esta actuación normativa le costó el cargo al superintendente, pues en enero del año siguiente, Muñoz presentó su renuncia, luego de que la Procuraduría General de la Nación lo suspendiera del cargo por la autorización para iniciar operación de Medimás EPS sin que contara con una red de prestadores de servicio.
Y eso lo corroboró, dos años después en el 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el 10 de abril del 2019, con ponencia de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno al fallar la Acción popular 2017-0885, contra el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y otros, afirmó que “existió la vulneración de los derechos e interés colectivos al patrimonio público, a la libre competencia económica, al acceso al servicio público a la salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y a los derechos de los consumidores y usuarios, por parte del Ministerio de salud, la Superintendencia Nacional de Salud, Saludcoop EPS en liquidación, Cafesalud EPS, Prestnewco, Prestmed, Medimás EPS, Esimed y Lazard Colombia”.
Y que “con la expedición del articulo 1 del Decreto 718 del 2017, que adicionó el artículo 2.1.13.9 del decreto 780 de 2016, se vulneraron los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y al acceso al servicio público a la salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna”.
Y como resultado agrega el Tribunal: “sería el caso anular la referida norma, sino fuera por la prohibición prevista en el inciso segundo del articulo 144 del CPACA. En su lugar, instase al gobierno nacional – ministerio de Salud y protección social a revocar, derogar o demandar el articulo 1 del decreto 718 de 2017 que adiciono el articulo ya referenciado”.
Luego, sin dar nombres de manera directa, termina el Tribunal, responsabilizando a quienes modificaron la norma, y obviamente a quienes participaron y se beneficiaron de la venta de Cafesalud y creación de Medimás, por la pérdida de millonarios recursos del sistema de salud, y de la afectación que sufrieron los millones de afiliados por el empeoramiento de la calidad de los servicios.
Al fallo final del Tribunal que además se reversara la venta de Cafesalud a Medimás, le antecedieron los pronunciamientos del entonces procurador general Fernando Carrillo, que apenas un mes después de empezar a funcionar la EPS, en septiembre del 2017, ya comenzaba a solicitar una intervención por fallas en la atención de los afiliados.
Medimás nació agonizando
El 2018 Medimás lo cerró con una tasa anual de quejas de 24,2 por cada 1.000 afiliados del régimen contributivo y de 14,2 en el subsidiado, indicadores peores que los de Cafesalud en el 2016.
Medimá es finalmente intervenida para ser liquidada por el entonces superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, el 8 de marzo del 2022, mediante la resolución, O 2 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 6 4-6, es decir apenas el año pasado.
Volviendo al 2023, han pasado desde el fallo del Tribunal casi 4 años, una pandemia y un cambio de Gobierno, tiempo en el que el tema de Medimás pareció caer en el olvido.
¿Tras la responsabilidad de funcionarios públicos?
Sin embargo, la participación de Alejandro Gaviria en las elecciones presidenciales y su posterior nombramiento en el gabinete de Petro, volvió a poner en la palestra pública a la desaparecida EPS, porque a pesar de lo ocurrido y del daño económico provocado, las condenas o investigaciones adelantadas por organismos de control y justicia, no han alcanzado al ex ministro de Salud; ni al exsuperintendente de Salud, Norman Julio Muñoz; ni a la exdirectora de la ADRES, Carmen Eugenia Dávila.
A le fecha se conocen las actuaciones judiciales contra Guillermo Grosso, ex gerente liquidador de Cafesalud, a quien hace apenas un mes La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por el delito de cohecho impropio, por otorgar dos contratos por un valor total de 52.600 millones de pesos a una Institución Prestadora de Salud (IPS) que, supuestamente, había creado junto con un conocido, con el fin de atender a 70.000 pacientes en las localidades de Engativá y Suba, en Bogotá.
Grosso además quedó en libertad tras el vencimiento de términos de otra investigación que le adelantaba la Fiscalía por negociar contratos a falta de dádivas.
También en enero, la Fiscalía le imputó cargos al expresidente de la EPS Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, por las irregularidades en dos procesos de contratación efectuados en diciembre del 2017.
La imputación también se extiende para la contratista Mercedes Berrera Botia y al propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonardo Olaya Forero; por al parecer haber desviado más de 7 mil millones de pesos, que eran dirigidos para atender a pacientes con enfermedades de alto costo.
La Contraloría General de la República por su parte, imputó responsabilidad fiscal solidaria por $65.616 millones contra Medimás EPS SAS hoy en liquidación y ocho de sus directivos y Century Farma SAS hoy en liquidación, por el detrimento al patrimonio público generado por el manejo irregular dado a los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En la investigación llevada a cabo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se determinó que registraban pagos de servicio médicos a personas fallecidas por valores de más de 46.306 millones de pesos.
Sumado a lo anterior, se registró el pago de anticipos a empresas contratistas en procesos de liquidación legalizados por un valor de $62.588.775.380; y de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras que superaban los $62.588.775.380 millones de pesos.
Y desde septiembre de 2022 la Contraloría abrió un proceso en contra del prestador de servicios por la pérdida de $842.449 millones entre el 1 de agosto de 2017 hasta el pasado 16 de marzo de 2022, ya que evidenció irregularidades en la legalización de los anticipos causados desde hace cinco años, lo que trajo dudas sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud.
Ahora es la Oficina de Transparencia de la Presidencia la que ha “puesto el ojo” en lo ocurrido con la desaparecida Medimás, que probablemente indagará con mayor detalle el papel que jugaron los ahora ex funcionarios públicos en este proceso.
