Preocupada se mostró la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a las EPS del régimen contributivo del país, por la ponencia del proyecto de Reforma a la Salud que finalmente fue presentado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
La agremiación se mostró en desacuerdo con los cambios que se plantearon en el documento final, pues se da un plazo de dos años para que estas entidades se transformen en gestoras de salud o definitivamente desaparezcan.
En un comunicado Acemi afirma que la reforma “no ofrece soluciones a las situaciones que son objeto de queja de los usuarios (oportunidad en las atenciones), ni tampoco a las dificultades actuales frente a la sostenibilidad financiera”.
Cuestionan que se pretenda eliminar el modelo de aseguramiento, y la constitución de un pagador de naturaleza pública universal.
Sobre el rol de las nuevas Gestoras de Salud y Vida, es decir, la figura en la que se convertirían las actuales promotoras, la asociación señala que su papel no resuelve un problema estructural, pues no hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad — incluido el bajo gasto de bolsillo— están seriamente comprometidos y habría un riesgo fiscal para la Nación.
Acemi tampoco comparte las modificaciones a la Adres. En su concepto, la administradora de recursos de la salud no tiene la capacidad suficiente para asumir la auditoría médica de las atenciones en el país. “Las nuevas funciones frente a los cobros por atenciones SOAT son claro ejemplo de esa falta de capacidad. A la fecha los prestadores (clínicas y hospitales) no han podido radicar la primera factura desde la entrada en vigencia de la norma, en diciembre de 2022″.
Tampoco se da el visto bueno a la aparición de distintos fondos y cuentas (fragmentación financiera), pues entorpece la gestión operativa y administrativa. En el proyecto de ley no se especifica la participación de los diferentes fondos en el total de recursos administrados, de forma tal que no se comprende cómo serán distribuidos. “La naturaleza de fondos cuenta no cambia el planteamiento ni el riesgo de burocratización: el Fosyga era un fondo cuenta con más de 400 empleados”.
Según el gremio, “La transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos. Preocupan los cerca de 100 mil empleos que se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo”, señalan en el comunicado.
Y que al acabarse el aseguramiento, función que hoy está en cabeza de las EPS, se corre el riesgo de que el afiliado asuma la financiación de cobros adicionales o inesperados.
Y no les va bien que queden en manos del Estado prácticamente todas las funciones operativas del sistema, entre otras, la definición de tarifas, la auditoría y el pago.
En su comunicado Acemi, sin embargo, también destacó puntos que considera beneficiosos del proyecto. Entre ellos:
- Énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el marco de un sistema de aseguramiento y con un enfoque de determinantes sociales.
- Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, acompañado de modelos de atención diferencial para zonas dispersas y apartadas.
- Fortalecimiento de la política de talento en salud y mejoras en las formas de contratación del personal sanitario.
- Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del sector salud.
- Impulso de producción nacional de medicamentos, insumos y vacunas.
- Creación de un sistema sociosanitario con financiación propia.
Al final, el gremio se mostró dispuesto a seguir aportando a los objetivos del Gobierno desde lo que consideran “las capacidades construidas a lo largo de tres décadas”. Asimismo, indicó que las inquietudes han sido compartidas con la Comisión Séptima de manera oficial.
