Las instituciones médicas y de profesiones de la salud que acompañaron los acuerdos fundamentales sobre los cuales se desarrolló la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, expresaron su apoyo a varios puntos del proyecto de ley de reforma a la salud, pero también varios aspectos sobre los cuales mantienen dudas.
Aunque están de acuerdo en que la atención primaria en salud es fundamental para mejorar los determinantes sociales, así como el fortalecimiento de la red pública, entre otros puntos, consideran que las funciones que hoy desempeñan las EPS se asignan a nuevas entidades sobre las que no hay evidencia de su capacidad técnica y tecnológica para desempeñarlas, lo que generaría riesgo en la prestación de los servicios de salud.
“En el modelo de aseguramiento social propuesto no está claro qué entidad responderá por la gestión del riesgo operativo, financiero y, el más importante, de salud; así como los procesos de auditoria previa y concurrente en la prestación de los servicios”, añaden.
Y advierten que “No es conveniente que en una misma línea se definan las reglas de juego en el Sistema, establezca la nueva UPC, el manual tarifario, contrate a las RIISS o preste los servicios directamente y, simultáneamente, realice la auditoría y pague las cuentas médicas”.
Los puntos sobre los cuales se identifican son:
- La atención primaria en salud como base del modelo de atención y las acciones para afectar positivamente los determinantes sociales de la salud (Art. 9 LES).
- El fortalecimiento de la red pública nacional de servicios de salud.
- Los regímenes diferenciados en las zonas de población dispersa con predominio de subsidios de oferta (Art. 24 LES).
- La inclusión de la licencia de maternidad para aquellas mujeres que no son aportantes al Sistema.
- La creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (Art. 19 de la LES).
- La constitución de los equipos básicos territoriales de salud, empezando por las zonas de población más dispersa y vulnerable (Ley 1438 de 2011).
- El fortalecimiento de la participación ciudadana (Art. 12 de la LES).
- La garantía de la autonomía de los profesionales de la salud con la consecuente eliminación de las autorizaciones administrativas (Art. 17 de la LES).
- El Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud.
- El giro directo de la ADRES a los prestadores de servicios para agilizar el flujo de los recursos, sin situación de fondos en las EPS, pero conservando estas entidades (públicas, privadas o mixtas) vigentes sus demás competencias.
- El desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo en el sector (Art. 18 de la LES).
En cuanto a los aspectos que a criterio de las agremiaciones deben ser considerados en el proyecto, resaltan las siguientes:
- El Consejo Nacional de Salud debe tener capacidad decisoria y activa participación en la reglamentación de la Ley, una vez sea aprobada.
- Limitar el número de entidades de carácter nacional, regional, departamental, distrital y municipal que se establecen en el PL, con funciones superpuestas, generando colisión de competencias entre ellas.
- En la ponencia, funciones que hoy desempeñan las EPS se asignan a estas nuevas entidades sobre las que no hay evidencia de su capacidad técnica y tecnológica para desempeñarlas, lo que generaría riesgo en la prestación de los servicios de salud.
- En el modelo de aseguramiento social propuesto no está claro qué entidad responderá por la gestión del riesgo operativo, financiero y, el más importante, de salud; así como los procesos de auditoria previa y concurrente en la prestación de los servicios.
- No es conveniente que en una misma línea se definan las reglas de juego en el Sistema, establezca la nueva UPC, el manual tarifario, contrate a las RIISS o preste los servicios directamente y, simultáneamente, realice la auditoría y pague las cuentas médicas.
- El desarrollo de la capacidad técnica, tecnológica y administrativa del ADRES tomará un periodo mayor a los dos años propuestos, lo que se debe considerar para la planeación del proceso de transición.
- La ponencia presentada contempla la conformación de RIISS fragmentadas, no se aprecia como será la integralidad y continuidad de los servicios entre los diferentes niveles de atención, particularmente, entre los CAPS y la mediana y alta complejidad.
- Con la transformación de las ESE a ISE y la implantación del nuevo régimen laboral en la red pública nacional de servicios de salud, desaparece la carrera administrativa que es garantía de estabilidad laboral en el sector; así mismo, se debería garantizar la capacidad de negociación colectiva en el sector.
- No hay claridad frente a la vinculación de profesionales especialistas en formación en los equipos de salud y en cómo se hará la sinergia con la ley 1917 de 2018.
- El Proyecto establece la recertificación voluntaria, sin embargo, se debe definir la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social en esta gestión.
- La complejidad de los temas y el carácter confidencial de las discusiones y decisiones exigen que los comités de ética hospitalaria y los de autorregulación médica, deban ser constituidos exclusivamente por pares profesionales.
- No existe evidencia en la exposición de motivos ni en el articulado, de que en un periodo de transición de dos (2) años, sea posible el cambio total del Sistema, sin la certeza de contar con los recursos financieros, técnicos y humanos para su implementación.
- El fortalecimiento de la red pública debe contemplar explícitamente medidas contra la corrupción y la intromisión de intereses ajenos a la garantía del derecho fundamental a la salud en la prestación de los servicios.
- Consideramos indispensable precisar el cierre financiero a corto, mediano y largo plazo, de manera que se asegure la viabilidad del nuevo Sistema de Salud.
Por último señalan que el inicio del debate en el Congreso de la República abre la oportunidad de seguir mejorando el Proyecto en la medida en que se afiance en los aspectos positivos y se mejoren o supriman aquellos artículos que aun causan preocupación en el sector como lo hemos señalado.
Firman el comunicado el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gabriel Carrasquilla, en representación del grupo de Acuerdos Fundamentales. Y los presidentes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Federación Odontológica Colombiana, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asociación Colombiana Médica Estudiantil, Colegios Médicos y ASMEDAS Cundinamarca.
