Hace unas semanas asistí a una reunión en una dirección departamental de salud en la que se ventilaban en presencia de una delegada de la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros temas, la abultada cartera que le deben las EPS que operan en los municipios de ese departamento a las Empresas Sociales del Estado y que tiene a estas últimas en franca dificultad derivada de la iliquidez e insolvencia por el no pago de dichas deudas.
Con sorpresa recibí lo expresado por la funcionaria del nivel nacional del ente de control sectorial que asistió como garante del proceso al concluir de manera tajante que la cartera no era la cifra reclamada por los hospitales públicos y que lo que existía eran diferencias en la información presentada por acreedores y deudores, enfatizando que eran más improbables de ser ciertas las deudas reclamadas en pago por las Empresas Sociales del Estado que las reportadas como obligación para pago por parte de las aseguradoras del régimen subsidiado. En síntesis para esta funcionaria de la Supersalud, el problema no era de falta de pago por parte de las EPS, sino de falta de eficiencia administrativa en los hospitales públicos en generar información certera sobre dicha cartera.
De manera reciente se adelantó la discusión en la Comisión Séptima del Senado de la República al proyecto “Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema General de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”. Este nuevo proyecto se convierte en un nuevo intento más del legislativo por mejorar el flujo de recursos financieros al sector hospitalario del país motivado por la peor de las crisis financieras que ha padecido el sector salud en este país, y de manera especial, el subsector prestador de servicios de salud.
En desarrollo del debate, el gremio de las clínicas y hospitales informó el estudio de cartera al corte del 31 de diciembre del 2015, correspondiente a sólo una muestra de 146 IPS del país, y cuyo reporte arroja la megacifra de 6 billones 153 mil millones, y que con respecto al mismo estudio realizado con corte al cierre del 2014, se demostró el aumento de la deuda en 900 mil millones en sólo un año.
Yo si creo en el tamaño de esa cifra informada al Congreso de la República por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que aunque sólo corresponde a las 146 IPS que respondieron al llamado del gremio, es tremendamente grande y que por ello explica por qué tanto clínicas privadas como hospitales públicos en clínicas privadas como los hospitales públicos estén pasando las dificultades financieras que les ha hecho imposible cumplir con sus compromisos de pago oportuno con el recurso humano, los proveedores de medicamentos e insumos, los servicios públicos, los parafiscales, la misma renovación tecnológica para mantenerse competitivos en el mercado y ahora también las obligaciones financieras en las que han incurrido.
Así mismo, pienso que esa plata que se les debe a los prestadores en el país, no es un simple “problema de información” como se quiere minimizar desde algunos escenarios gubernamentales, o que sean sólo “discrepancias o diferencias de la información” como los han querido denominar algunos otros. Esa cartera es real, es cierta y no es inventada. La prueba reina son los pacientes atendidos que pueden aseverar que efectivamente recibieron los servicios y de esa prueba reina hacen parte importante las historias clínicas que registran esa atención prestada a los pacientes y que son la base para referenciar los cobros en las facturas que llevan mucho tiempo radicadas en las aseguradoras, tanto del contributivo como del subsidiado, tal y como quedó demostrado en el informe del gremio hospitalario, al documentarse que de los 6 billones 153 mil millones que se les debe a los prestadores, el 61% es de cartera vencida.
Esa cartera tampoco hace parte de lo que han querido justificar las aseguradoras como “zonas grises” y que pudiesen generan discrepancias en lo que debe reconocerse por los pagadores frente a lo reclamado por los prestadores.
Este tipo de circunstancias ha llevado a que por ejemplo la mandataria del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tratando de evitar el colapso total de los hospitales de su jurisdicción, haya intervenido directamente, dándoles la semana anterior un ultimátum a las EPS morosas, fijándoles un plazo de 4 meses para que paguen sus acreencias a los hospitales de ese departamento o deberán irse del territorio, no pudiendo operar más el régimen subsidiado en los municipios del Valle del Cauca.
Como cierre reitero que el problema de la cartera no es de discrepancias ni de diferencias informativas entre pagadores y prestadores. No, el problema en gran parte es por la falta de voluntad de pago de parte de quienes deben garantizarle la protección y la atención integral en salud a sus afiliados, debiéndoles pagar a los prestadores los servicios que le brindan a esos afiliados. Ah, y también el problema es por la falta de cumplimiento de la abundante y bien documentada normatividad vigente al respecto, y por la falta de un sistema de control sectorial que sea efectivo, proactivo y con sentido común que garantice dicho cumplimiento.
@ulahybelpez
[1] Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.
