Nadie puede escoger donde nacer o vivir, pero si a esos niños les hubiesen permitido esa posibilidad, con seguridad que no hubiesen escogido nacer y vivir en dos departamentos de la geografía colombiana que no les garantizaron a ellos los derechos a la buena alimentación ni a la salud como tampoco a la vida misma.
La historia inicia haciendo mención que Colombia ratificó los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño. Así mismo, en la Constitución Política de 1991, dadas las condiciones de vulnerabilidad e indefensión de los niños, se estableció que los derechos de este grupo poblacional prevalecen sobre los derechos de los demás, de ahí que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los menores de edad tienen el status de sujetos de protección constitucional reforzada. Siguiendo ese sentido teórico de protección a los menores de edad, la Ley 1098 de 2006 ó Código de Infancia y Adolescencia, reafirmó la obligación del Estado de privilegiar el cuidado y la atención de los menores.
Sin embargo, a 63 niños colombianos a los que se hace referencia esta columna en su inicio, no les valió de nada toda esa serie de medidas que indican que supuestamente los menores de edad en Colombia son una población además de protegida, privilegiada por el Estado.
Los primeros 43 niños que no recibieron esa atención preferente para garantizarles nutrición adecuada y oportuna atención en salud, son los menores de edad que murieron en el 2014 en el norte de La Guajira porque no tuvieron acceso a la atención en salud, como tampoco pudieron tener acceso a alimentos, muriendo en estado de desnutrición.
Hace un par meses ya se había hecho referencia a ese lamentable suceso de la muerte de estos niños indígenas guajiros, (Ver “¡Ay, La Guajira!”:http://ulahybeltranlopez.blogspot.com/2014/12/ay-la-guajira.html). Pero esa triste realidad parece no haberse modificado y hace sólo unos días se ha conocido un nuevo caso de desnutrición extrema que padece un niño del norte de La Guajira que ameritó su hospitalización en Riohacha y que justamente vive en las mismas condiciones de miseria que los niños fallecidos el año pasado: su familia se abastece de agua que extrae de un jagüey cercano, y no tiene acceso a atención en salud ni alimentos.
Este lamentable escenario en las comunidades indígenas que habitan Kouschotchon y Wasimo, en el área rural de Manaure, norte de La Guajira, permite presumir que desafortunadamente muy pronto se podrían estar conociendo nuevos casos de niños que por ese estado de desnutrición y falta de acceso a los servicios de salud, estarían continuando la serie de fallecimientos que en esa zona del país inició por esos motivos en el 2014.
Y si por La Guajira las cosas están de ese tamaño, en el departamento del Chocó las cosas están igual o peor, pues con sólo un poco más de dos meses de iniciado el 2015, ya se han informado 20 muertes de menores debido a problemas gastrointestinales y a desnutrición severa, coincidentes esas razones con la falta de alimentos y acceso a servicios de salud de los niños de La Guajira. De esas 20 muertes, 18 corresponden a una enfermedad diarreica aguda, al parecer relacionada con el consumo de agua.
Las muertes de los menores en el Chocó ocurrieron en Río Sucio, Bagadó, Tadó, Medio San Juan y Carmen de Atrato, y confirman las pésimas condiciones, analizadas en este mismo medio hace poco tiempo, sobre lo que ocurre con el sistema de salud en dicho departamento (Ver “Chocante lo del Chocó”: http://www.opinionysalud.com.co/index.php/component/k2/item/7958-chocante-lo-del-choco).
Como comunes denominadores en ambos departamentos, se evidencian además de la escasez de alimentos, la muy deficiente cobertura y calidad de los servicios de salud, así como la falta de oportunidad de empleo para la población adulta y el permanente riesgo de desplazamiento por la presión y el accionar de grupos armados ilegales. De igual forma, asuntos como la corrupción y la influencia indebida de los políticos, hacen imposible sacar adelante al sistema de salud territorial de estos departamentos, y de ahí esos resultados tan lamentables como el fallecimiento de esos 63 menores en los dos entes territoriales citados.
Sin lugar a dudas, las 43 muertes de menores en La Guajira y las 20 en el Chocó siguen siendo auténtica vergüenza mundial ante la ausencia de una respuesta estatal suficiente y oportuna en lo técnico, además de la falta de la acción eficiente y protectora de los ciudadanos en el tema del orden público. Es innegable que si a estos factores se le suma la politiquería territorial, que como una plaga contamina la gestión y la administración pública, el producto final resultante no puede ser otro sino el ya conocido.
Como siempre, ante estos hechos, las actuaciones de los responsables del Estado que no garantizaron la salud ni la nutrición ni mucho menos la vida de estos 63 niños, han resultado mediáticas, tardías y básicamente reactivas y para nada efectivas, a tal punto que según lo informaron la Defensoría del Pueblo y la ONU, estas muertes se hubiesen podido evitar.
Por eso, si a esos 43 niños fallecidos en el 2014 y a los 20 que lo hicieron en el 2015, les hubiesen dado la oportunidad de escoger donde nacer y vivir, es muy poco probable que hubiesen elegido hacerlo en La Guajira y el Chocó actuales que les tocó padecer.
