La operación de los diferentes actores que intervienen en el sistema general de seguridad social en salud está tan bien normada en Colombia que la agencia estatal que desarrolla las acciones de inspección, vigilancia y control en este sector, tiene muy claro qué hacer frente a las diferentes situaciones que se viven o son generadas por estos actores, sean aseguradores, prestadores o entes territoriales.
En otras palabras, frente al proceso normativo del sector salud, lo que es tanto el conocimiento como el cumplimiento y la vigilancia de dicho cumplimiento, está tan bien documentado que no basta sino recurrir al texto de las normas correspondientes para saber cómo y cuándo proceder por parte de quien inspecciona, vigila y controla este sector, es decir, la Superintendencia Nacional de Salud. Como a los demás funcionarios públicos, hacer lo que no corresponde, no hacer lo que debe o demorarse en actuar, tiene sus consecuencias de orden disciplinario pero también, lo más importante, como quiera que es el sector salud, una actuación no procedente o inoportuna del ente controlador, lleva a la amenaza del derecho a la salud y a la vida de las personas, así como también coloca en riesgo los recursos públicos del sistema de salud.
Por todo lo anterior bien vale la pena hacer un recorrido histórico de lo que ha sido la evolución en el tiempo de la operación del más grande asegurador del régimen subsidiado (mayor número de afiliados y mayor presencia territorial), y que además es de carácter público, como es Caprecom EPS.
En el segundo semestre del año 2013, exactamente en el mes de septiembre, el entonces Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales Cobo se sinceró con Colombia e informó públicamente que “desde mediados del 2011 la EPS del Estado ha tenido sus márgenes de solvencia en rojo” y fue más allá cuando mencionó que “desde hace dos años han existido los motivos para liquidar la entidad”, indicando con ello que desde el punto normativo, esa EPS desde el año 2011 estaba en causal de liquidación, (Ver “Desde hace dos años hay motivos para liquidar CAPRECOM: Supersalud” en: http://www.cmi.com.co/desde-hace-dos-años-hay-motivos-para-liquidar-caprecom:-supersalud/114670)
No está de más recordar que en Colombia, la función de liquidar o intervenir de manera forzosa para administrar y/o liquidar a las EPS, está asignada a la Superintendencia Nacional de Salud.Un par de meses después, en noviembre de 2013, la misma Superintendencia Nacional de Salud informó públicamente que “Caprecom cumple con todos los requisitos para liquidación desde principios del 2010”, sin embargo, el Superintendente Gustavo Morales Cobo lo que ordenó fue “la restructuración de Caprecom para evitar que la EPS se vaya a liquidación… la idea es que con la restructuración de la EPS, se pase de 32 directores regionales a 9”, manifestando además en ese momento, que para no ser liquidada la EPS debía “revisar las cuotas burocráticas en sus nóminas y los gastos en los que incurre la entidad”, (Ver “Caprecom deberá revisar las cuotas burocráticas en su nómina” en: http://www.cmi.com.co/caprecom-debera-revisar-las-cuotas-burocraticas-en-su-nomina/217741).
En ambas ocasiones en ese 2013, la Superintendencia Nacional de Salud había dicho que aunque Caprecom estaba en causal de liquidación (en septiembre dijo que “desde el 2011” y en noviembre dijo que “desde inicios del 2010”), argumentó que no procedía dicha liquidación porque debía “haber prudencia para no afectar 3.4 millones de afiliados” y porque Caprecom “en muchos municipios es la única EPS que funciona”.
Con base en esas premisas y aunque Caprecom, como se anotó antes, ya estaba en causal de liquidación desde el año 2010, en noviembre del 2013 la Superintendencia Nacional de Salud optó más bien por un ´Programa de Recuperación’ para la EPS y no por la liquidación, expidiéndose para ello la Resolución 2228 del 15 de noviembre de 2013 por parte del ente de control. El ´Programa de Recuperación’ es una medida preventiva contemplada en el Estatuto Financiero, que para el caso puntual de Caprecom en ese momento tenía “el propósito de evitar que la EPS incurra en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios”, por lo que Caprecom debía superar integralmente las deficiencias como EPS y ejecutar ese Programa en el plazo máximo de un año, Programa que después de ser presentado por Caprecom al ente de control, sólo hasta febrero del 2014 fue aprobado por la Superintendencia, lo que significó que el fin del plazo de un año se extendiera a febrero del 2015.
Los balances de Caprecom al momento de formalizarse en noviembre de 2013 ese ‘Programa de Recuperación’ convenido por la Superintendencia evidenciaban “un valor negativo cercano a los 440.000 millones de pesos”, sus deudas bordeaban “los 750.000 millones de pesos”, de las cuales el 76 por ciento eran superiores a los 90 días, al igual que se estimó que por cada peso que tenía, la EPS adeudaba 314 pesos.
El 30 de septiembre de 2014, se adelantó un debate de control político a Caprecom EPS en la comisión séptima del Senado del República, al que ante la ausencia del titular por estar con el Presidente en el exterior, en representación del gobierno asistió en calidad de Viceministro de Salud el actual Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz. Dicho debate, que fue citado por los senadores Eduardo Pulgar y Antonio Correa, denunció la persistencia de la crisis de Caprecom en los temas financieros y presupuestales que traía desde años atrás, así como la imposibilidad de la EPS de garantizar el aseguramiento y la atención en salud de los 3,5 millones de afiliados, por los problemas de falta de red de servicios disponible para la EPS por las deudas no pagadas con entidades privadas y públicas.
De igual forma, entre otros asuntos, el citante Senador Pulgar manifestó que Caprecom en algunas regiones del país, directamente desde Bogotá estaba contratando con IPS de dudosa capacidad resolutiva y colocó el caso de la ciudad de Baranquilla, en la que Caprecom contrató con una “pequeña clínica…tan pequeñita que se ve un poco desgreñadita”, que sin tener la infraestructura de una gran IPS estaba facturando mucho más que las clínicas y hospitales más grandes de esa ciudad; además manifestó que a él le llamaba “poderosamente la atención que siendo tan pequeñita…sea la clínica más importante para Caprecom en el departamento del Atlántico”, diciéndole a Luis Fernanda Tovar, Directora de la EPS allí presente, que “a esa clínica le dan presupuesto permanentemente, le dan contratación permanentemente…factura bastante, factura bastante y la idea es que aquí haya claridad en muchos puntos”, y adicionó que justamente en la sesión anterior un representante a la Cámara había manifestado ” que habían unas empresas que recorrían todo el país, que sólo se comprometían a pagar cuentas de Caprecom o sea tantas EPS que hay para defender o hacer cobros y estas personas se han dedicado a recorrerse el país y me consta, diciendo que ellos pueden sacar las deudas de Caprecom adelante de una manera expresa”, situación por la que se estaban desprendiendo “los mayores interrogantes que empiezan a suscitarse en los distintos departamentos”. (Ver “Acta oficial de la sesión de la Comisión Séptima del Senado de la República del 30 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta” en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=01&p_numero=13&p_consec=40439).
El 11 de octubre del 2014, el entonces Superintendente del ramo, Gustavo Morales Cobo, en entrevista a un diario de circulación nacional informó con respecto al ‘Programa de Recuperación’ de Caprecom que no había ninguna razón para que dicha EPS no fuese “la mejor entidad de su sector, como lo es ISA en el suyo, o como lo son algunos hospitales públicos en sus regiones”, y manifestó que con “una reforma profunda a su gobierno corporativo, un fortalecimiento de sus sistemas de información y una apuesta del alto gobierno por blindarla de las influencias ajenas a su objeto la pondrían rápidamente en el camino de la recuperación”, agregando nuevamente que aunque “la liquidación siempre es una opción…debe ser, como siempre, la última alternativa, para no perjudicar irremediablemente a la red prestadora”. Sin embargo concluyó la entrevista advirtiendo que “si el programa de recuperación, al final de su término, no da resultado, tendremos que implementar medidas más invasivas y radicales, con el fin último de proteger a los usuarios”. (Ver “Liquidación de Caprecom debe ser la última alternativa”, http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/entrevista-a-supersalud-por-crisis-de-caprecom/14624755
Un par de meses después, en la primera semana de diciembre del 2014, los colombianos se enteraron a través de la prensa que “en más de tres ocasiones, la directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar, ha postergado una reunión con la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado en la que se quiere abordar con ella un tema que está poniendo en riesgo las finanzas de la ya agonizante EPS estatal”, pues “en el Gobierno están seguros de que hay un grupo organizado dedicado a instaurar falsos procesos en los que le cobran a Caprecom jugosos contratos ‘fantasma'”, habiéndose detectado hasta la ese momento cerca de una decena de contratos, “que comprometen millonarios recursos, de los cuales Caprecom ya ha desembolsado unos 25.000 millones de pesos que la Defensa de la Nación intenta recuperar”. Llamó la atención que entre ese paquete de contratos iban desde uno que había sido denunciado por unos funcionarios de Caprecon, que contemplaba “el uso de una asesora para pasear los dos perros labrador que la directora mantiene en su oficina (‘Perseo’ y ‘Argos’)”, hasta unos para “trasporte aéreo ambulatorio de pacientes y de suministro de drogas, en la seccional Chocó y el de aseo en los 130 centros penitenciarios en los que la EPS presta servicios de salud, incluidas las cárceles La Modelo, Cómbita, Acacías y Valledupar” (Ver “Así opera la red que desangra a Caprecom” en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/red-que-cobra-a-caprecom-jugosos-contratos-fantasma/14941293).
En el 2015 la historia de problemas e ineficiencias de Caprecom no ha cambiado. El 28 de enero de este año, la misma Directora de la EPS confesó en una entrevista que en casos específicos como la atención en salud de los afiliados en el departamento del Chocó y la operación del Hospital San Francisco de Asis, “la situación es dramática…desde hace rato, la entidad no pudo responder por la prestación del servicio de salud en Chocó”, lo que se confirmó por el mismo ministro de salud Alejandro Gaviria quien complementó diciendo que “el modelo de empresa de salud del Estado no funcionó aquí. Caprecom no debe tener un futuro aquí y por eso es necesario traer otro operador”.
Tres días después, el 31 de enero de 2015, el nuevo y ya para ese momento confirmado Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, dijo de manera categórica que al ser “Caprecom…el principal asegurador del régimen subsidiado” y contar “con una muy baja gobernabilidad” y tener “un gobierno corporativo casi inexistente, lo que implica una realidad compleja”, la entidad “no entidad tenía futuro”. Lo que dijo Muñoz exactamente fue que “Caprecom, como existe hoy, no tiene futuro. Para que esta funcione debe tener una gobernabilidad fuerte y un gobierno corporativo”, (Ver “Saludcoop y Caprecom no tienen futuro, dice el nuevo Supersalud” en:http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/entrevista-a-supersalud-norman-julio-munoz-saludcoop-y-caprecom-no-tienen-futuro/15177355).
En días recientes, el 24 de febrero de 2015, se han publicado los resultados para nada alentadores de un informe generado por la Contraloría General de la República por la auditoría realizada a Caprecom EPS en el año 2013 y que cerró en septiembre de 2014, en el que se consigna que “el comportamiento operacional, la situación financiera, el incumplimiento de los indicadores de permanencia, el avance en la depuración contable y los problemas en los sistemas de información, documentación y archivo”, son aspectos que tienen amenazada la supervivencia de Caprecom. En el informe se menciona que “la base patrimonial ha desaparecido y su condición es progresivamente negativa ante el comportamiento de las pérdidas y los resultados acumulados; el patrimonio desde el cierre del 2010 es deficitario”, además que “ante la pérdida de la base patrimonial, al cierre de septiembre del 2014 los pasivos totales equivalen al 173 por ciento del activo total”.
En definitiva, las cosas al interior de la EPS que marcan una tendencia de deterioro desde hace ya varios años, siguen de mal en peor, incluso aún más graves que cuando se le colocó por la Superintendencia Nacional de Salud el ya varias veces citado ‘Programa de Recuperación” en el mes de noviembre de 2013 y aprobado por el ente de control en febrero de 2014. Por todo el país siguen y aumentan las afugias para los pacientes afiliados a ésta, la más grande EPS del régimen subsidiado en Colombia; las IPS se quejan de la falta de pago de Caprecom a sus acreencias, y los pacientes cada vez tienen menos sitios disponibles para ser atendidos, y todo esto en medio del eco de la recientemente sancionada Ley Estatutaria de Salud ó Ley 1751 de 2015, que justamente definió el ámbito del derecho fundamental a la salud para los ciudadanos residentes en este país, y que ha sido anunciada como la solución al mal llamado ‘paseo de la muerte’.
Sin embargo, llama poderosamente la atención el curso que tomó el tema del ‘Programa de Recuperación’ que debía cumplir en un año Caprecom EPS, plazo que venció en febrero de 2015. El día 23 del pasado mes, a pesar de hacerse ahora más que evidentes y notorias las causales de liquidación que tiene “desde el 2010” dicha EPS, la Superintendencia Nacional ha anunciado la prórroga del citado Programa, expidiendo la Resolución 250 de 2015 que la definió en seis meses más, extendiéndola hasta el 24 de agosto de 2015, (Ver “La historia de Caprecom: ¿recuperación de lo irrecuperable'” en: http://ulahybeltranlopez.blogspot.com/2015/03/la-historia-actual-de-caprecom.html).
Al final, Colombia sigue sin entender cómo en este caso no se aplica la normatividad existente sobre liquidación de una EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad que tiene entre sus responsabilidades ese tipo de función, a pesar que el Comité de Medidas Especiales de dicha Superintendencia “dejó en claro que hacía falta información con corte a febrero de este año y que la entidad no ha superado en su totalidad las deficiencias en los componentes administrativo, técnico científico, financiero y jurídico que originaron la medida ordenada” en el mes de noviembre de 2013 mediante la resolución 2228 de 2013.
Por ello resulta llamativa la decisión de la prórroga, porque Caprecom ni siquiera cumplió el componente documental y de información contemplado en el ‘Programa de Recuperación’ y que debía presentar al ente de control. Resulta inentendible además que pese a esas circunstancias que se suman a la falta de red de servicios disponible para los pacientes de Caprecom lo que impide la atención para ellos en la mayoría de las regiones del país, el mismo Comité haya conceptuado que “el Programa debe continuar con la implementación de acciones y medidas que logren enervar a corto y mediano plazo la situación de la entidad, para garantizar la prestación del servicio de salud de los afiliados a la EPS, la recuperación técnica, administrativa y financiera de la entidad para que logre operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Todo esto solo motiva una reflexión: con esta nueva decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, los ciudadanos se preguntan si con esa prórroga por seis meses más al incumplido ‘Programa de Recuperación’, ¿no se prolongará aún más la violación al derecho a la salud de 3,5 millones de personas afiliadas a Caprecom y no se estarán exponiendo a que se sigan perdiendo los multimillonarios recursos financieros que recibirá la EPS mensual y cumplidamente durante este semestre ‘extra’ de vida por ahora se le ha programado a Caprecom EPS?
Preguntado de otra forma: por los pésimos servicios que presta Caprecom y que no mejorarán con seguridad en esta prórroga ‘exótica’, ¿cuántos afiliados a esa EPS enfermarán y morirán por desatención y cuánta plata de los colombianos se pudiera evitar perder si no se hubiese autorizado esa “autopsia en vida” a Caprecom por seis meses más?
Sin duda alguna, esta es una crónica de una liquidación aguantada.
