En Colombia oímos y leemos todos los días sobre salud mental. Los medios de comunicación en nuestro país casi que de forma fija le dedican un espacio semanal a este tema. Pero, ¿qué es la salud mental? La salud mental la define la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de bienestar en el que la persona afronta el estrés usual de la vida en familia y en comunidad y también como el desarrollo de las potencialidades de la persona, lo que indica que la salud mental definitivamente es parte integral de la salud pública.
Así las cosas, desde el enfoque de la OMS, no puede tratarse de manera aislada el manejo y el análisis de la salud mental como si fuese un componente “extra” o aparte de la salud en general, lo que obliga a que aspectos como la promoción de la salud y la prevención de los problemas y los trastornos mentales, se aborden de manera integral.
Cuando en Colombia se analiza la evolución y el actual estado de la “salud pública mental” como componente integral de la “salud pública general”, hay que decir que este es un área de las políticas públicas que están aún en desarrollo, sin que se hayan logrado todavía las acciones coordinadas en el ámbito de esa “salud general”.
En agosto de 2011 escribí una columna que titulé “Colombia: un país mentalmente enfermo” (País mentalmente enfermo, http://ulahybeltranlopez.blogspot.com/2011/08/pais-mentalmente-enfermo.html, pues era tan evidente e inocultable que la salud mental venía siendo “la cenicienta” o “la hija de menos madres” para quienes habían tenido la responsabilidad de diseñar y poner en práctica las políticas públicas de atención en salud, pues no habían incluido la atención preventiva de la enfermedad mental en el plan de beneficios de salud y así evitar que Colombia siguiera siendo un país que en ese momento tenía a la depresión mayor unipolar como primera enfermedad de un listado producto de integrar los diferentes análisis de causas de enfermedad y muerte, y que incluía en las primeras catorce causas a los trastornos bipolares y la esquizofrenia.
Dos años después, el 21 de enero de 2013 se sancionó por el Presidente Juan Manuel Santos la Ley 1616, conocida como la “Ley Esperanza” o también como la “Ley de Salud Mental”, que tenía como objeto “garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud”.
Sin embargo, fue sólo hasta el 5 de abril de 2013, casi tres meses de después de entrada en vigencia esa Ley que resultaba ser la esperanza para los colombianos en el tema de la salud mental, que el gobierno expidió el Decreto 658 de 2013 que definió el cronograma de reglamentación e implementación de la Ley 1616 de 2013, para establecer así las modalidades y los servicios para la atención integral e integrada en salud mental, el consejo nacional de salud mental, la política nacional de salud mental, la capacitación y formación de los equipos básicos en salud, el plan de beneficios, y el observatorio nacional de salud mental.
El año pasado, un año después de ese Decreto, en abril de 2014, Claudia Varón, Directora de la Fundación Familiar Alzheimer Colombia – AFACOL, haciendo referencia al impacto real de la “Ley Esperanza”, mencionó que el avance de la Ley había sido muy lento para ese momento, y que a pesar de ser un primer paso, aún faltaba mucho trabajo para que se implementara de manera efectiva. Y por eso existía aún “el reto no sólo de entregarle al país una reglamentación que refleje el espíritu de la Ley Esperanza, sino velar por su efectivo cumplimiento y que los pacientes con trastornos mentales y sus familias reciban por fin el trato digno que merecen”.
Y es que el tema de la salud mental no es un problema de salud pública de poca monta, o si no sólo basta revisar esta información al respecto: cerca de 18 millones de personas padecen o han padecido algún tipo de trastorno mental, cuatro de cada diez colombianos se encuentran en riesgo de sufrir un trastorno mental, uno de cada cinco colombianos padece un trastorno mental producto del conflicto armado interno que vive el país, tres de cada diez casos de salud mental están asociados a problemas familiares (divorcio, maltrato y abuso sexual), nueve de cada 10 adolescentes en centros de reclusión sufre de problemas de salud mental, y en las mujeres adultas el trastorno más frecuente es la depresión mientras que en los hombres, es el del consumo de sustancias psicoactivas (Angela Sanabria en “¿Qué está pasando con la salud mental en Colombia?, http://ulahybeltranlopez.blogspot.com/2014/04/que-esta-pasando-con-la-salud-mental-en.html.
Ahora en el 2015, se conoce que los trastornos mentales en Colombia afectan especialmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, situación que empeora en gran medida el pronóstico, la productividad académica y económica de la población y, en últimas, el capital global, que incluye los factores personales, simbólicos, culturales y relacionales, ocurriendo el inicio de estos trastornos entre los 9 y los 23 años.
Ante esa información, debo decir y reconocer que la respuesta a la pregunta que formulé hace 4 años en la precitada columna de cuánto era la afectación de la economía y de la productividad por cuenta de la discapacidad generada por las enfermedades mentales en este país, aun hoy no la conozco, pero lo más seguro es que dicha afectación hoy resulte mayor a la existente al momento mismo de plantearme dicho interrogante.
Colombia sigue siendo un país sumido en graves problemáticas psicosociales, derivados en mucho por el largo conflicto armado interno y las constantes situaciones de emergencias complejas y desastres naturales que en los últimos años han afectado al país, lo que obliga a quienes diseñan , dirigen y hacen operativas las políticas públicas de salud a abordar en la “salud pública general” la promoción de la salud mental y la prevención de los problemas y trastornos mentales, promoviendo la resiliencia y el bienestar emocional de los individuos y el colectivo compuesto por las familias y las comunidades.
En síntesis, es cierto que en Colombia hay enfermos mentales, pero también es cierto que hay quienes “se las tiran de locos” con la salud mental, y yo pienso que éstos últimos están más enfermos que los primeros.
