Por ese tipo de medidas cautelares ya han sancionado a 12 jueces de la República.
La vía judicial se ha convertido en la salida de proveedores de servicios y trabajadores del sector salud, para presionar que hospitales, clínicas y EPS, paguen las cuentas pendientes.
La modalidad es sencilla: demandar al deudor y solicitar como medida cautelar, el embargo de las cuentas hasta por el valor que le adeudan.
Ese es un recurso válido, pero en ocasiones se ha prestado para generar “carruseles” entre abogados y jueces, para desangrar el sistema de salud como ocurrió en la Costa Caribe y en el Chocó con Caprecom, donde a través demandas basadas en documentación falsa y con el beneplácito de los jueces, ordenaban los embargos y posterior desembolsos de dinero y cuando se percataban de los errores, el dinero ya no aparecía.
Sin embargo, los jueces (que ordenan) y los bancos (que ejecutan) los embargos desconocen el título de “inembargables” que tienen los recursos de la salud.
La preocupación fue puesta en conocimiento por la Procuraduría General de la Nación que ya ha elevado cerca de 900 quejas al Consejo Superior de la Judicatura de decisiones de embargos indebidos a recursos de la salud.
“El tema ya es de alarma nacional. La Judicatura ha sancionado a algunos jueces, pero el monto de quejas por embargos inadecuados, superan los 900 casos y han sancionado sólo 12 ó 13 jueces”, indicó el procurador delegado, Carlos Mesa.
Estas medidas cautelares han puesto en aprietos a aquellos que manejan recursos de la salud, como hospitales, clínicas y EPS, a quienes, según la Procuraduría, les tienen bloqueadas las cuenta por más de $1 billón.
“Estos embargos comprenden un riesgo para la vida de los colombianos. Creería, y es el criterio de la PGN, que esos recursos tienen que estar exentos de las posibilidades de embargos. Los recursos de la salud tienen que dedicarse a salvar vidas y a prevenir enfermedades”, manifestó Mesa.
