Una grave denuncia hicieron hoy en el recinto de la Asamblea del Atlántico estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, sede Barranquilla, quienes aseguraron que recibieron amenazas contra su integridad física por adelantar las protestas y reclamos contra las directivas de esa institución, porque desde hace un mes no están recibiendo clases.
Arnulfo Orozco vocero del grupo, estudiante de sexto semestre de odontología, acusó directamente al funcionario Jorge Ropero de hacer advertencias amenazantes a los alumnos si siguen con las protestas y las denuncias en los medios de comunicación. “Nos han llegado amenazas a través de terceros contra nuestra integridad si seguimos convocando las protestas”, afirmó.
El estudiantado mantiene desde hace días protestas y plantones programados en diferentes puntos de la ciudad, debido a que desde hace un mes no reciben clases. No cuentan con rector ni vicerector, A los docentes les adeudan tres meses de salarios y prácticamente no hay quien responda por ningún trámite administrativo al interior de la institución. La sede de la universidad no tiene servicio de energía pues se la suspendieron por mantener una deuda de 50 millones de pesos con Electricaribe.
Los voceros de los 600 estudiantes que acuden a la sede en Barranquilla en las distintas carreras, además recriminaron la forma en que fueron atendidos por el secretario de educación departamental, Carlos Prasca, quien en su opinión “No quiso ni tuvo la disposición para atendernos de manea adecuada”.
Una estudiante de noveno semestre de Medicina dijo estar totalmente afectada por los malos manejos administrativos de esta institución. Según sus cuentas sus padres han gastado la nada despreciable suma de 72 millones de pesos en lo que lleva cursado y las soluciones pueden resultar todavía peores pasarse a otra universidad le signifiraría contar con 32 millones de pesos y perder cinco semestres de los ya cursados.
La situación llevó a los diputados, en cabeza del médico Adalberto Llinás a solidarizarse con los universitarios y se propuso citar al secretario de Educación a la Asamblea y mediar ante el Ministerio de Educación para que le de una pronta solución al tema.
“Los estudiantes están exigiendo su derecho a la educación y porque han venido pagando unos dineros importantes por recibirla y no es lógico que ahora les salgan con esto; luego el Gobierno nacional, el Ministerio de Educación y la misma Secretaría departamental están pasando de agache con este tema y no le han dado respuesta ni han protegido los derechos de los 20 mil alumnos que en todo el país tiene esa entidad de educación superior”, dijo Llinás.
La diputada Lilia Manga Sierra coadyuvó la propuesta de su colega Adalberto Llinas Delgado y resaltó lo siguiente: “El tema de la Universidad San Martín afecta sin duda alguna a más de 1.500 hogares del departamento del Atlántico, que tienen a sus hijos estudiando en este centro de formación superior. Los estudiantes, al igual que los padres de familia, se sienten impotentes por el silencio absoluto por respuesta del Gobierno Nacional”.
La Fundación Universitaria San Martín llegó a fungir como una de las más prestigiosas en el país en ciencias de la salud, particularmente en las carreras de odontología y Medicina veterinaria.
