A través de la Ley 1346 de 2009 el Ministerio de Salud y Protección Social se comprometió a ser garante de una salud de calidad para las personas en condición de discapacidad a través del Sistema General de Seguridad Social. Esto implica la rehabilitación y acceso a todos los servicios sanitarios que estas requieran. Más adelante, en aras de cumplir con los preceptos anteriormente descritos, se aplicó un rediseño a la política pública de discapacidad a través del Plan Decenal de Salud Pública que se adoptó mediante la Resolución 1841 de 2013 y que está proyectado desde 2012 y hasta el 2021.
De igual manera, en el 2013 se expidió la ley 1618 de 2013 con el fin de “garantizar y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de esta población, a través de la adopción de medidas y políticas dirigidas a lograr un entorno más inclusivo, lo que conducirá el eliminar cualquier forma de discriminación en el país como consecuencia de tal condición. Entre las medidas adoptadas, se encuentran las que salvaguardan los derechos de los menores de edad con discapacidad, el acompañamiento de las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación, a la salud, a la educación, al acceso y accesibilidad, entre otros”.
Aunque la norma es clara en cuanto a la protección y garantía de los derechos de las personas en condición de discapacidad y es enfática en la protección de los menores como también en ser aseguradores de su rehabilitación, lo cierto es que, en muchos casos, además de los tropiezos y obstáculos físicos, este grupo poblacional debe lidiar con demoras en la atención y dilación en los procedimientos y autorizaciones para terapias, diagnósticos y actividades de recuperación.
De acuerdo con Sol Lucero Jaimes Vargas, directora de la Fundación Piensa en Todos “muchas de las personas tienen que acudir a tutelas y otros procesos de tipo jurídico para que realmente sean atendidos en las condiciones que deben ser. (…) Por otro lado, desde las Secretarías se tiene un compromiso alto y que yo conozco que está un poco rezagado y es el tema de apoyo en el diagnóstico para niños que tienen algún tipo de discapacidad. En educación es lo que nosotros más estamos sufriendo en este momento porque no hay una línea directa entre las Secretarías de Educación y las de Salud para poder realmente atender este servicio para la población con discapacidad”, explica.
Y es que para que un niño pueda tener un trato especial y una educación inclusiva en cualquier institución educativa del país, sea esta privada o pública debe haber sido diagnosticado y caracterizado. Esto permitirá que desde las Secretarías de Educación de cada municipio y a través del colegio se le den los apoyos correspondientes y una metodología específica que le permita cumplir con los objetivos y logros de acuerdo con su nivel de aprendizaje.
Si bien es claro que el Sistema de Salud colombiano se nutre de escándalos y corrupción y que por tanto, para ningún usuario del régimen contributivo o subsidiado las condiciones son óptimas, quienes tienen alguna discapacidad, se ven enfrentados a diario a un sistema excluyente: en principio porque no todo el personal que se encuentra en las instituciones de salud está capacitado para atender a este tipo de población y brindarle las orientaciones respectivas en caso que por ejemplo tenga ceguera o audición o que en caso más grave aún, no se les garantice el derecho a la salud. “Como ellos tienen dificultades de movilidad y también a veces de comunicación y acceso se supone que las EPS y los centros de salud deben estar acondicionados para poder prestar el servicio de la mejor forma, empezando desde el ingreso a las mismas instituciones, debe contar con la accesibilidad que corresponde para que cualquier persona con discapacidad pueda acceder; no solamente las rampas para discapacidad física, sino también la señalización para personas con discapacidad visual que va en el piso y que nosotros normalmente no estamos viendo en las clínicas”, explica Sol Lucero.
De igual manera, el Sistema General de Seguridad en Salud, tal y como lo promete en las leyes que segmentan y priorizan el acceso a la salud para personas con algún tipo de situación o enfermedad discapacitante, debe cumplir con la atención incluso si el paciente no puede desplazarse hasta un centro asistencial. Para ello, debe hacer los convenios que sean necesarios para que en el mismo domicilio le sean prestados los servicios de salud como son las terapias y procesos de rehabilitación. “Garantizar el transporte para que lleguen hasta el centro médico donde los puedan tratar o garantizar que puedan enviar la persona hasta el lugar de la residencia”.
Sin embargo, si bien la redacción de la norma es poesía para los oídos de quien la escuche, Sol Lucero Jaimes afirma que esto no se cumple del todo en la realidad, pues de no acudir al mecanismo de la tutela y por medio de trámites largos y engorrosos, estos servicios no serían asignados.
“Lo mismo ocurre con los chicos que tienen trastorno del espectro autista. Se supone que ellos requieren una atención integral de terapeutas, pero muchas veces esos servicios de terapias son negados, entonces la mayoría de los que acceden al servicio es porque han llegado hasta la tutela para llegar a estos derechos. Eso entonces vulnera más a la población porque aparte de las dificultades propias de la vida, de la calle, de su movilidad, por decirlo de alguna manera, se revictimiza para poder acceder a los servicios”.
A esto se suma que muchos familiares de niños o adultos con discapacidad no saben qué tipo de trámites deben realizar en caso de que les sea negado un servicio, ni cómo llevarlos a cabo y mucho menos conocen la norma y a lo que están obligadas las Instituciones que prestan los servicios de salud y el Estado mismo.
“En vez de que el Sistema de Salud sea corresponsable en el tema, e informe sobre las garantías, se convierte a veces en un represor no permitiendo que fluyan los procesos de manera correcta: el paciente no sabe, no reclama y no recibe los servicios que debe recibir”.
En cuanto a la atención por parte de profesionales médicos y enfermeras, Sol Lucero afirma que “hay de todo”, dice que ellos son muy técnicos desde su experticia, pero no se ahonda en el entorno social de quien tiene una discapacidad. Algunas veces no son cuidadosos con el lenguaje e incluso “todavía vemos que cuando los niños nacen, les dicen a los papás que no hay nada qué hacer, que los dejen ahí a un lado, prácticamente que les den de comer y ya y esas son las primeras indicaciones que los padres reciben y son las que hacen algunos médicos que de pronto desde su parte técnica, desde la medicina, desde lo físico no ven la otra tendencia a la recuperación que puede tener una persona con discapacidad”. Y está la otra cara: los médicos comprometidos, que entregan diagnósticos acertados, pero que se encuentran con las barreras que ponen las mismas EPS para las cuales trabajan.
En suma, además de las demoras en atención, diagnóstico y tratamiento, no todas las Instituciones de Salud cumplen con la señalética correspondiente para las personas con alguna discapacidad, además de que no existen personas capacitadas para atender este tipo de población y mucho menos apoyo adicional a los familiares que por necesidad deben convertirse en cuidadores de tiempo completo de quien padece algún tipo de dificultad física motora que les impida desplazarse o ser independientes.
