Avanza a esta hora la Audiencia del sector salud que citó la Corte Constitucional, para hacer seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, emitida por ese alto tribunal hace 10 años para amparar el derecho a la salud de los colombianos.
En esta ocasión el seguimiento se centra en dos ejes: cómo va el acceso a la salud y cómo se está resolviendo el tema financiero y de flujo de recursos.
Hacen presencia en el recinto de la Corte, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, actores del sistema como representantes del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo y de los actores del sector como EPS, IPS, agremiaciones de médicos, de la academia y de pacientes.
En primera instancia expusieron la problemática y sus posibles soluciones Mario Hernández de la Universidad Nacional, quien habló de la necesidad de enfocar los recursos a necesidades de los distintos territorios, priorizando aquellos donde el derecho a la salud está más vulnerado, y no a la rentabilidad financiera. E insistió en que la precarización laboral del personal sanitario está perjudicando de gran manera el servicio de salud.
Por su parte, Néstor Álvarez, de la Asociación de pacientes de alto costo, indicó que se hace necesario superar la movilidad entre regímenes, acabar con eso de que los usuarios del régimen subsidiado no tengan los mismos derechos que los del contributivo.
Mientras que Augusto Galán Sarmiento, del Observatorio Cómo Vamos en salud, consideró que “La salud rural todavía no es una prioridad de la salud pública. Debe haber mayor compromiso de otros sectores sociales y si bien el avance del aseguramiento está en un 95 por ciento, aún no es suficiente. El gasto de bolsillo es el más inequitativo”.
El procurador delegado en Salud, Luis Adolfo Diazgranados Quimbaya, dijo que efectivamente este año la Procuraduría General ha recibido este año 3.070 quejas en temas de salud. “Hay unos avances pero es indiscutible que siguen presentándose problemas en la negación de servicios y que las acciones de tutela aumentan”, señaló.
Frente a interrogantes hechos por los magistrados, el superintendente de Salud, Aristizábal, habló de la difícil situación en que -según dijo-, encontró la Superintendencia, entidad a la cual no le dieron dientes, ni mayor trascendencia. “Llegamos a este estado de cosas porque las EPS no han cumplido pero estamos tomando decisiones y por eso presentamos el proyecto de ley para mejorar la labor de vigilancia de la Superintendencia, porque en la actualidad, los términos son perentorios y no tenemos la infraestructura para responder en los plazos que esperan los colombianos”, reiteró ante los magistrados.
Mientras que el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe habló de que desde su jefatura insistirá en varios aspectos fundamentales para que la gente no tenga que “entrar por la puerta de la tutela al sistema de salud” y son: “avanzar en remover los obstáculos para la afiliación, equiparar la prima de régimen contributivo al subsudiado y contar con herramientas tecnológicas adecuadas”.
En un segundo bloque que avanza a esta hora, se debate el tema de financiamiento y flujo de recursos, en el que participan, delegados de la Contraloría General de la República, el Adres, el Ministerio de Hacienda.
