Lo que empezó la semana pasada con una queja de los padres de familia de una menor, por la tardanza en la toma de una radiografía a su hija, que los llevó a pedir el traslado de la pequeña paciente a una clínica privada y donde posteriormente falleció, fue el detonante que hizo estallar y dejar al descubierto la grave situación financiera que atraviesa el hospital Cari de alta complejidad de Barranquilla.
Ayer se conoció que además del enfrentamiento entre su gerente, Ramón Quintero, con la firma UT Radiólogos, que le venía prestando el servicio de rayos X e imagenología, también la Unidad de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva S.A., Ugasend, amenazó con suspendieron los servicios a la entidad, por el no pago. Según UT Radiólogos el Cari les adeuda más de 3 mil millones de pesos y no les quiere pagar. Según Quintero, no les paga porque ellos no han invertido los más de cinco mil millones a que se comprometieron cuando se firmó la alianza público privada hace ya siete años. Al margen de estas discusiones, los pacientes del Cari, en su gran mayoría de estratos bajos de Barranquilla, el Atlántico y la Región caribe, ruegan porque no terminen siendo ellos los perjudicados.
Ayer el contralor del departamento, Luis Carlos Pertuz Vergara reveló que han solicitado a la gerencia de la institución información relacionada con los contratos de los servicios de salud tercerizados, con el fin de analizar las clausulas y avanzar en procesos conciliatorios y superar los inconvenientes entre el hospital y los concesionarios, pues como órgano de control no pueden entrar a administrar sino verificar el cumplimiento de lo contratado. O en su defecto, si luego de revisar se comprueba que hay incumplimientos de parte de los concesionarios, en materia de inversiones, podrán elevar un memorando de advertencia y solicitar al gerente que entre a demandar estos contratos.
Pertuz recordó que este es el único hospital de cuarto nivel que funciona en el Atlántico y por eso la situación amerita la mayor atención del caso.
“Estamos pidiendo al superintendente de Salud que entre a presionar a las EPS para que paguen sus obligaciones con el Cari”, sostuvo.
A su turno el secretario de Salud, David Peláez, dijo que la solución inmediata sólo se dará cuando el Ministerio de Salud apruebe el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, y con respecto a los contratos afirmó que en la junta directiva del Hospital, de la cual también hace parte el Gobernador, se acordó que el gerente revise las alianzas y evite que entren en cese de actividades por distintos factores. Y aseguró que así como Ugasend, otras empresas también amenazan con abandonar el servicio si no les pagan, justo cuando se acerca el giro directo de recursos, y luego cuando les cancelan terminan quedándose, lo cual termina perjudicando es a los usuarios.
El diputado de la Asamblea, médico Adalberto Llinás, cree en cambio que la situación del Cari ha tocado fondo al considerar que hay un problema estructural y gerencial, por lo que solicitó a los entes de control como la Superintendencia y la Contraloría tomar cartas en el asunto para dar claridad sobre lo que esta sucediendo al interior del centro asistencial.
“Queremos saber qué pasa en el Cari, a dónde han ido los recursos que mensualmente le gira el Ministerio de Salud y los de la estampilla, porque recibimos quejas de profesionales de la salud que tienen entre dos y siete meses que no les pagan y según las EPS que he consultado, no son 60 mil millones de pesos, sino mucho menos lo que adeudan al Hospital. Luego aquí hay que decir cuál es la realidad financiera de la entidad”, dijo.
Para Llinás, la ESE Cari no es de alta complejidad como se dicen, porque no tiene servicios propios, a veces no hay ni para una radiografía y no cuenta con servicios integrales.
Respecto a las denuncias hechas la semana pasada por el gerente Ramón Quintero, en el sentido de que las alianzas público-privadas no deberían existir en el sector salud porque afectan la calidad del servicio y sus finanzas y porque prima lo económico sobre lo esencial y la vida, el médico y diputado Adalberto Llinás la admitió pues es evidente que la tercerización afecta al gremio médico, pero se preguntó porqué hasta ahora, después de seis años de estar gerenciando la ESE Cari, es que Quintero viene a plantear el tema, por lo que consideró que la “misión gerencial no está acorde a la solución del problema”.
Ayer la polémica llegó a instancias de la Superintendencia Nacional de Salud, que a través de la emisora BLU radio anunció la apertura de investigación a varias EPS que adeudan al CARI más de 60 mil millones de pesos, y que según su gerente, Ramón Quintero, tienen al punto de cierre al hospital.
Algunas cifras revelan que se adeuda varios meses a médicos y enfermeras contratados a través de cooperativas. La nómina oficial del Cari, no sobrepasa los ocho empleados. En el 2007 se firmaron un total de ocho alianzas público privadas, hoy solo quedan cuatro y según las cuentas de gerencia al Hospital le deben unos 60 mil millones de pesos.
