En carta que enviaron al presidente Iván Duque, al ministro de Salud, Fernando Ruíz y de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, los gremios de los sindicatos del sector salud, centrales obreras, agremiaciones médicas y particulares, les solicitaron la expedición de un decreto con fuerza de ley con el que se garantice las mínimas condiciones laborales al recurso humano del sector y se adopten medidas dirigidas a solucionar la crisis del personal de la salud y, de esta manera, contribuir a conjurar la pandemia que padece la sociedad.
El texto de la carta es el siguiente:
Medellín, 14 de abril de 2020
Señores
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República
FERNANDO RUIZ GÓMEZ
Ministro de Salud
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
Ministro de Trabajo
Bogotá D. C.
Los abajo suscritos, obrando en representación de los gremios de los sindicatos del sector salud, centrales obreras, agremiaciones médicas y particulares, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 que padece el mundo, nos permitimos solicitar respetuosamente, se sirvan considerar los siguientes argumentos a fin de expedir un decreto con fuerza de ley que garantice las condiciones para que los trabajadores de la salud podamos enfrentar de la mejor manera esta crítica situación y brindar protección a la comunidad en general y a nosotros mismos en particular, frente al posible contagio del citado virus.
Es claro que en este momento el mundo requiere enfrentar esta pandemia con todos los recursos que sean necesarios. Tanto el Gobierno nacional como los gobiernos locales han venido haciendo esfuerzos financieros importantes, pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida efectiva que garantice las mínimas condiciones para que otro recurso como lo es el talento humano en salud, esencial para cualquier sociedad incluso en épocas de normalidad, pueda prestar sus servicios adecuada y eficazmente.
Es evidente la difícil situación por la que atraviesa el personal de la salud en nuestro país, como lo hemos denunciado reiterativamente ante diversas entidades de control y como lo ha advertido recientemente el Procurador General de la Nación, mediante comunicación con fecha del 7 de abril del año en curso, dirigida al Ministro de Salud y al Superintendente Nacional del ramo, en la que les recuerda los graves incumplimientos de las obligaciones laborales, incluido el pago de salario, contratos precarios celebrados por intermedio de terceros -en muchos casos “empresas de papel”-, bajos niveles salariales, carencia de medidas de protección y ausencia de acompañamiento del Estado.
En la citada comunicación, el Procurador General de la Nación lo expresa así: “Los trabajadores de la salud de nuestro país han arrastrado por años, una gran carga de inequidades e injusticias derivadas del saqueo ininterrumpido de los recursos de la salud y en este momento, en el que más necesitamos de ellos, presenciamos atónitos, sus protestas porque no están recibiendo sus salarios; porque ellos mismos no tienen garantizada su seguridad social por falta de pago de sus aportes y a muchos más les cancelan sus contratos de prestación de servicios.”.
La realidad es tan crítica que, prácticamente en todo el país, el personal de salud está amenazado por contraer el virus, como ya ha sucedido en varias regiones, y algunos ya han fallecido, lo que conlleva a la renuncia de los profesionales a la prestación del servicio (en algunos casos ya lo han hecho), no solo por las mencionadas condiciones laborales sino por el temor a ser contagiados por carecer de los elementos de protección indispensables, situación que sería sumamente caótica en estos momentos en que la humanidad más requiere de este personal.
El gobierno en pleno, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por lo que el Ejecutivo está dotado de facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a evitar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos; por ello, tiene todas las posibilidades de tomar medidas dirigidas a solucionar la crisis del personal de la salud y, de esta manera, contribuir a conjurar la pandemia que padece la sociedad.
Proponemos la expedición de un decreto con fuerza de ley que contenga las siguientes disposiciones:
PRIMERO: No se prestarán los servicios de salud si el personal no dispone de las medidas e instrumentos de protección y prevención apropiados para enfrentar la pandemia. La decisión que adopte el trabajador por esta razón será imputable exclusivamente al empleador y no se le podrá atribuir ningún tipo de responsabilidad al primero, entendiéndose que en este caso se presenta la figura contenida en el Artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, conocida como “salario sin prestación del servicio”.
SEGUNDO: La Nación, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), se subrogará en las obligaciones que el Sistema de Seguridad Social en Salud tiene para con las EPS e IPS y procederá a su pago, para lo cual establecerá un plan de desembolsos que no puede ser superior a un mes.
TERCERO: El FNG le girará a las IPS o en su defecto a cada profesional, en forma directa, las sumas de dinero mediante pagos periódicos así:
-El 50% en el momento de expedir la declaratoria.
-El otro 50% a los 15 días de expedida la declaratoria.
Dichos pagos tendrán destinación específica.
CUARTO: Para efectos del desembolso del primera pago, cada IPS debe presentar un listado que contenga la relación total de las personas que prestan servicios en dicha entidad bajo cualquier figura, ya sea mediante vínculo laboral directo, indicando la modalidad (término fijo, duración de obra o indefinido); mediante contrato de prestación de servicios o mediante cualquier forma de intermediación laboral; indicando, además, el estado actual de las obligaciones laborales no discutibles como son el salario y las prestaciones sociales, y los aportes a la parafiscalidad. Así mismo, presentará una relación de las obligaciones que estén siendo discutidas como indemnizaciones o cualquier otra que no tenga el carácter de cierta e indiscutible.
Las obligaciones laborales serán canceladas de inmediato con prelación absoluta; las que por cualquier razón se consideran inciertas y discutibles, deben ser conciliadas en el término de un mes; de lo contrario, la entidad prestadora no tendrá ningún beneficio.
QUINTO: Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben constituir una garantía para el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral para con sus trabajadores, que incluye los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y eventuales indemnizaciones. La nación, por medio del FNG, se hará solidariamente responsable de estas obligaciones.
Esta obligación deberá ser actualizada periódicamente, y constituye un requisito para poder mantener la autorización de funcionamiento.
SEXTO: Las vinculaciones laborales que se realizan mediante terceros, así como los contratos de prestación de servicios (salvo que el trabajador expresamente manifieste lo contrario) se entenderán, para todos los efectos legales, celebradas claramente como vinculaciones directas con el prestador de servicios de salud, mediante contrato de trabajo acordado a término indefinido, respetando la antigüedad. El tercero, será considerado como un simple intermediario en los términos del Artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, y responderá en forma solidaria con todas las obligaciones laborales.
SÉPTIMO: Cada IPS entregará una certificación laboral a cada trabajador en la que se informe con claridad: 1.- fecha de vinculación; 2.- cargo. 3.- salario 4.- obligaciones adeudadas, definidas con claridad tanto en el concepto como en el monto.
OCTAVO: En ningún caso se podrá desvincular a un trabajador sin que medie justa causa. En el evento que el empleador incumpla esta previsión y desvincule al trabajador sin justa causa, este tendrá derecho a ser reintegrado con el reconocimiento de la totalidad de salarios y prestaciones sociales durante todo el tiempo de desvinculación, además de recibir una indemnización equivalente a 180 días de salario. El trabajador podrá optar por la indemnización legal o convencional.
NOVENO: Cada uno de los beneficiarios de estas disposiciones será acreedor de una prima de riesgo, equivalente al 50% del salario, cancelada cada mes, mientras dure la emergencia sanitaria, pago que será reconocido retroactivamente a la fecha en que se decretó la emergencia sanitaria.
Esperamos respuesta en los siguientes contactos:
Celulares whatsapp 310 552 9508, 316 288 7450
E-mail info@asmedasantioquia.org, comunicaciones@asmedasantioquia.org
germanreyescamara@yahoo.es, hoyos.rincon@hotmail.com
Atentamente,
GERMAN ENRIQUE REYES FORERO
Presidente ASMEDAS Antioquia
RUBÉN DARÍO GÓMEZ HURTADO
Presidente Confederación General del Trabajo Antioquia
JORGE IVÁN DÍEZ VÉLEZ
Secretario General CGT Antioquia
Segundo vicepresidente Nacional
JOSÉ JAIME MONTOYA RESTREPO
Presidente CUT Antioquia
CÉSAR AUGUSTO HOYOS PIEDRAHITA
Presidente Nacional UNITRACOOP
WILSON GILBERTO SÁNCHEZ CARRILLO
Presidente ASINTRÁS
MARÍA VICTORIA JIMÉNEZ SALAZAR
Presidente ANTHOC Antioquia
PIEDAD MORALES LÓPEZ
Asociación de Usuarios Hospital San Vicente de Paúl Caldas Antioquia
YOLIMA VALLEJO
Presidente SINTRASALUDCOL Medellín
SERGIO ISAZA VILLA
Presidente Federación Médica Colombiana
CAROLINA CORCHO MEJÍA
Presidente Corporación Latinoamericana Sur
DIONE ALEXANDRA CRUZ ARENAS
Presidente Asociación Colombiana de Salud Pública
GLORIA PATRICIA CADAVID MOLINA
Presidente ASMETROSALUD – Presidente FENALTRASE
MARÍA EUGENIA MAZO BEDOYA
Presidente SINTRASASS
JOAQUÍN GUILLERMO LÓPEZ
Presidente ASUDESSA
LUZ MERY ZULETA LEZCANO
Presidente Asociación de Usuarios de Salud de la ESE HGM Luz Castro de Gutiérrez
PATRICIA MOLANO
Mesa por la Salud y la Seguridad Social Antioquia MESSSA
ÉRIC ALBERTO ORGULLOSO MARTÍNEZ
Director General Escuela Nacional Sindical ENS
