En una declaración conjunta de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas (AASPA), emitió una declaración en la que solicitan a los países de la región, incluyendo a los gobiernos, fabricantes, científicos y demás involucrados para que consideren a las vacunas y tratamientos contra la CoVID19 como un bien público, y que liberen sus patentes con el afán de lograr un acceso equitativo en todo el mundo.
Esta declaración concuerda con el emitida el pasado 17 de diciembre del 2020 por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) que resaltó la importancia de establecer a la equidad “como un determinante de los resultados de salud”.
Adicional a ello, la Alianza dijo estar dispuesta a hacer un acompañamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el propósito de garantizar el acceso universal, oportuno y equitativo a vacunas seguras y eficaces.
Este es el pronunciamiento completo de la ASSPA:
En la región de las Américas, se han reportado más de 42 millones de casos de la COVID-19 y 976.354 muertes, de ellos 17´423.121 contagios y 550.938 fallecidos corresponden a América Latina y el Caribe y representan el 18% y el 27% del total reportado a nivel mundial respectivamente.
Muchos factores han tenido un impacto directo y masivo en las poblaciones vulnerables, incluyendo acceso al agua potable y a una alimentación saludable, las condiciones de hacinamiento, los bajos niveles educativos y la carencia de una cultura de autocuidado. Adicionalmente, más del 60% de la economía en Latinoamérica depende del trabajo informal. La falta de renta básica y las medidas de cuarentena han acelerado la tasa de pobreza extrema.
Además de lo anterior, la debilidad de los sistemas sanitarios ha sido expuesta por las carencias de infraestructura, personal, tecnología y recursos, por la insuficiente autoridad sanitaria, la privatización y fragmentación de los servicios de salud, y la ausencia de la estrategia de atención primaria, salvo contadas excepciones, lo que, junto a la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector, han impedido el acceso a los servicios para garantizar la salud. La pandemia ha revelado, una vez más, la tragedia de ser el continente más inequitativo del mundo.
El deficiente acceso a elementos de protección y bioseguridad, equipos, insumos y medicamentos, han puesto de manifiesto prácticas de acaparamiento de mercado, en las cuales han primado los intereses de las clases dominantes, principalmente en los países hegemónicos. En contraste, la baja inversión en investigación, ciencia y tecnología y la apuesta marginal por la industria nacional, han limitado de manera importante el acceso a estos recursos en América Latina y el Caribe.
La humanidad conoce los enormes beneficios de la vacunación para la salud pública, que cada año previene aproximadamente 2,5 millones de muertes en todo el mundo y reduce considerablemente los costos de tratamiento específicos de la enfermedad (OMS 2018).
Ante la pandemia de la COVID-19, los científicos han logrado obtener vacunas seguras y eficaces en tiempo récord, y avanzan investigaciones sobre tratamientos prometedores para detenerla.
La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública – WFPHA, emitió el pasado 17 de diciembre de 2020, la “Declaración sobre la inmunización contra la COVID-19 y el acceso equitativo a las vacunas”, en la cual destaca la importancia de la equidad como determinante de los resultados de salud y manifiesta su preocupación por que la distribución de las vacunas no se realice de manera equitativa. La declaración, hace un llamado a la colaboración global de gobiernos, organizaciones de salud, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de lograr una solución global a esta pandemia, asegurando un acceso equitativo a vacunas efectivas y seguras en todos los países sin importar su riqueza (GAVI 2020b).
Según Bloomberg, de acuerdo con los contratos suscritos con las farmacéuticas, Canadá podría vacunar hasta cinco veces a su población, Reino Unido, tres veces y Estados Unidos, 1.7, mientras Latinoamérica y el Caribe apenas inmunizaría a menos de la mitad de sus habitantes. Esta evidente inequidad en pleno siglo XXI, vulnera el derecho universal a la salud y debe ser eliminada, especialmente porque las consecuencias epidemiológicas de no alcanzar una inmunización global postergarán la pandemia de manera indefinida, y tendrá efectos en el desarrollo social, económico y ambiental a nivel mundial.
La Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas reitera el llamado a que las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 se consideren un bien público y sus patentes sean liberadas, al menos de manera transitoria, de modo que puedan ser fabricadas por las industrias de los países, particularmente aquellos de ingresos medios y bajos.
La AASPA acompaña a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud en el propósito de garantizar el acceso universal, oportuno y equitativo a vacunas seguras y eficaces, insta a los gobiernos a apoyar a la OMS, incluida la financiación completa de COVAX. COVAX es fundamental para garantizar que todos los países del mundo tengan un acceso justo y equitativo a las vacunas contra la COVID-19. En respuesta al llamado de su Director General, los fabricantes y los países deben dar mayor prioridad al suministro de vacunas a través de COVAX que a acuerdos bilaterales.
Adicionalmente se recomienda instalar una mesa de donantes con los países ricos que están a la vanguardia en el desarrollo de las vacunas con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Este esfuerzo asegurará que se suministren excedentes de vacunas, a los países de América Latina, el Caribe y el continente africano.
En consecuencia, se insta a los gobiernos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil a:
- Establecer criterios de acceso equitativo a las vacunas, priorizando poblaciones vulnerables, tales como: personal de salud, personas mayores de 60 años, pacientes con comorbilidades, personal de servicios sociales y asistenciales, fuerzas públicas, profesionales y trabajadores de educación (escuelas, universidades e institutos). Además, otras poblaciones de riesgo deben ser protegidas incluyendo la población migrante (sin importar condición irregular), comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, informales, habitantes de la calle, población privada de libertad, personas en ejercicio de la prostitución y trabajadores de la industria de primera línea (transportistas, de la cadena de suministro alimentario, servicios sociales, recolectores de desechos y servicios de limpieza).
- Preparar los planes de vacunación masiva, especificando los detalles logísticos que aseguren el suministro de las vacunas, sin afectar su calidad, a lo largo y ancho de sus territorios.
- Igualmente, asegurar la contratación en condiciones de trabajo digno del personal de salud que estará a cargo de la operación y poner en marcha las acciones de capacitación y entrenamiento, las cuales deben estar sustentadas en la estrategia de atención primaria de salud. Implementar sistemas de información públicos que garanticen transparencia desde el proceso contractual, hasta la aplicación de las vacunas, incluyendo los acuerdos con donantes que participen de este proceso. Fomentar la confianza pública en la aceptación y el uso de vacunas, asegurando que la información, los recursos y las vacunas se utilicen en poblaciones económicamente desfavorecidas. Fortalecer las acciones de fármaco vigilancia, seguridad de la vacuna y seguimiento de la evolución de salud de las personas vacunadas.
- Apoyar una infraestructura nacional de inmunización que incluya actores comunitarios
La Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas ratifica su compromiso irrestricto con el cuidado y la protección de la vida y la salud de cada uno de los habitantes de nuestro continente, que hoy más que nunca, requieren y claman acciones efectivas y concretas de solidaridad y cooperación global.
