En muchos escenarios se ha dicho que la red pública hospitalaria es el principal patrimonio social de una comunidad y en algunas localidades, esas empresas sociales del estado constituyen prácticamente el único patrimonio social de la colectividad. Sin embargo, lo que ocurre en algunos hospitales públicos del país, muestra que ese patrimonio está siendo mal tratado y amenazado.
Por penetración de la politiquería, por errores no corregidos del mismo sistema de salud en temas como contrataciones inadecuadas, pésimas tarifas y falta de flujo oportuno de pagos, por falta de idoneidad técnica de algunos gerentes de esos hospitales…en fin, son varias las causas tanto externas como internas, que están llevando poco a poco a la extinción de este tipo de prestador institucional de servicios de salud.
La población que principalmente acude en búsqueda de atención a los hospitales es la población pobre y vulnerable, que está afiliada al régimen subsidiado de seguridad social en salud que es el que mediante la solidaridad de los colombianos que aportan sus cotizaciones mensuales en el régimen contributivo, permite que quienes carecen del recurso financiero para realizar esos aportes, puedan recibir de manera gratuita los beneficios del sistema de salud.
Dicho de otra manera, para los que están afiliados al régimen subsidiado, el hospital público, independiente si es de baja, mediana o alta complejidad, es la principal y en ocasiones la única opción de prestación de servicios de salud. Es entonces el hospital público el bien público más preciado pues es el lugar donde pueden encontrar la solución a sus problemas de salud y por lo tanto, mejorar su bienestar.
Hace unos días el país tuvo conocimiento de lo ocurrido en el Hospital San Antonio de Padua de Simití en el departamento de Bolívar, donde de acuerdo con los registros de prensa, unas 200 personas que estaban armadas con piedras, palos y pólvora, protagonizaron desmanes en el hospital, atacándolo de tal forma que ocasionaron daños y millonarias pérdidas económicas. Al parecer lo que pretendían estos vándalos al tomarse las instalaciones del centro asistencial, era exigir la renuncia de su gerente, Dina Luz León.
Esta vía de hecho, a todas luces criticable y rechazable, se originó de acuerdo con algunos líderes de la comunidad, “por los presuntos malos manejos financieros a manos de la gerente” y que motivó que algunos médicos especialistas hubiesen renunciado ante la falta oportuna de pagos de una remuneración ya de por sí baja, según los manifestantes enfurecidos.
La historia continuó con la pretendida renuncia pública de la gerente quien después informó que había sido víctima de “secuestro e intimidaciones”, y ante eso no tuvo otra opción sino renunciar. Como resultado de esta revuelta, además de la citada renuncia de la funcionaria, se causaron graves destrozos materiales al interior del centro asistencial y hubo por lo menos 30 heridos.
En síntesis, un hospital público que es la principal oferta de servicios de salud en el municipio y sus alrededores, de por sí golpeado financieramente por su operación corriente, termina con daños materiales en su infraestructura producto de actitudes extremas, sin los médicos especialistas que no les pagaron oportunamente y sin gerente…el saldo: una empresa social de estado, que es una empresa de la comunidad y que vela por la salud de la misma comunidad, sin un presente mejor que el que había antes de esa perturbación del orden público y con un futuro muy oscuro e incierto.
Lo ocurrido en Simití es el espejo de lo que podría ocurrir en los hospitales de la red pública del país, si cuanto antes no se toman medidas estructurales profundas que impidan que estas entidades sigan convirtiéndose en las agencias de empleo y fortines burocráticos de los gobernantes territoriales de turno y los políticos de siempre; se corrijan las contrataciones leoninas a las que son obligadas estas empresas sociales del estado, las malas y desactualizadas tarifas y el flujo inoportuno de pagos hacia los prestadores; y se garantice que los gerentes que se designen sean producto de procesos de selección adecuados y libres de corrupción.
Si no se dan esos correctivos, desafortunadamente seguiremos conociendo de casos de alteraciones de orden público que generan destrozos en los hospitales públicos que son patrimonio y bien público de la comunidad usuaria de sus servicios.
