Un altercado entre directivas de la EPS Saludvida y un representante de la Superintendencia Nacional de Salud, se presentó hoy en horas de la mañana en la sede de la institución, a donde llegó el funcionario en compañía del propio Superintendente Fabio Aristizábal y de uniformados de la Policía Nacional para sacar a los empleados de la entidad y tomar posesión conforme lo había dispuesto la resolución 08896 del primero de octubre del 2019 que ordenó la toma y posesión de los bienes de la EPS con fines de liquidación.
Hasta la sede en Bogotá se presentó el Supersalud y luego de tener un cruce de palabras con varios de los empleados hicieron retirar del lugar al gerente Juan Pablo Silva, mientras afuera un grupo de trabajadores protestaba por la decisión de la Supersalud.
Los hechos se presentaron muy a pesar de la orden impartida a principios de semana por el Juzgado Primero Civil del circuito de Valledupar, que admitió una acción de tutela contra la Superintendencia de Salud y ordenó suspender como medida preventiva de manera provisional, la liquidación de dicha EPS, con el propósito de amparar el derecho a la salud de varios de sus afiliados.
Causa sorpresa la actuación de la Supersalud porque anoche mismo el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que señala que acatando la orden de admisión de tutela, “La EPS Saludvida deberá continuar garantizando la prestación de los servicios de salud a todos sus afiliados hasta tanto no se tome una decisión judicial de fondo. La red de prestadores de la EPS está obligada a continuar suministrando los servicios a todos los usuarios de Saludvida”.
Y añade que “La Superintendencia de Salud continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS Saludvida. La prioridad del Gobierno nacional es garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y en este sentido, velará para que no se interrumpa la prestación de los servicios de salud para el millón 141 mil afiliados de Saludvida en todo el país”.
Los empleados de la EPS alegaron que se estaban violando sus derechos, pues la medida cautelar del juzgado de Valledupar había suspendido la liquidación. Además advirtieron que con el cierre son 1.600 empleados los que quedarán sin trabajo.
