El caso de la negación de tratamientos de neuroterapia a niños discapacitados en Córdoba, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La Veeduría del Caribe denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus y al secretario de Salud del departamento, Edwin Preciado Lorduy, por la presunta violación de los derechos de mil niños discapacitados, quienes requieren terapias especializadas.
El caso tiene que ver con la negación de autorizaciones de tratamientos especiales a niños y niñas en condición de discapacidad que se han reportado desde enero de este año. Las autoridades del Departamento en cabeza del Gobernador incluso han desatendido órdenes de tutela que obligan a la entidad territorial a asumir tanto las autorizaciones como el costo de dichos tratamientos, aclarando que éstos se venían cumpliendo sin contratiempos desde hace tres años. Ver http://www.opinionysalud.com.co/actualidad/destacados/item/8498-ninos-con-discapacidad-los-sacrificados-de-los-desacuerdos-entre-gobierno-y-las-ips-y-eps.
OpiniónySalud.com conoció además que el pasado 10 de julio la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, confirmó la providencia del 12 de junio del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Montería, el cual impuso sanción de siete días de arresto y multa al secretario de Salud, Preciado Lorduy, por el desacato a una orden de tutela que amparó a padres de famnilias de varios menores de edad. Así mismo el Tribunal conmina al Juez a resolver los incidentes de desacato en 10 días máximo.
Opinióny Salud.com pudo establecer que la Secretaría de Salud y varias EPS también enfrentan otro fallo de tutela por el mismo caso de los menores en condición de discapacidad, en donde el Juzgado Civil del Circuíto de Lorica amparó los derechos a la salud y a los tratamientos especializados de varios menores.
Luis Eduardo de la Hoz, representante legal de la Veeduría, dijo que han agotado todas las instancias locales con el fin de garantizar algunos tratamientos pero no están recibiendo las solicitudes de autorizaciones y que el Estado ha hecho caso omiso de su responsabilidad para brindar una atención integral a los niños en condición de discapacidad.
En el caso concreto de Córdoba dejaron de autorizar las neuroterapias necesarias para más de mil niños que las venían recibiendo. El hecho ha generado incluso protestas de parte de los padres de los menores.
“Denunciamos al Estado Colombiano por la vulneración que se está cometiendo contra los derechos de los niños discapacitados en Córdoba y otras regiones del país, se estableció como culpables al gobernador y su grupo de funcionarios en la cartera de salud por las decisiones erradas que han tomado en esta instancia y el incumplimiento a los acuerdos pactados con las IPS en relación con la atención a los niños discapacitados”, indicó el veedor, señalando que se vendrán de Estados Unidos con una respuesta concreta ante el grave problema.
Por su parte, el secretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, insiste en que las reclamaciones deben hacerse a las distintas EPS porque esos tratamientos y procedimientos ya están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, los funcionarios de las EPS alegan que esas terapias específicas no están en el POS y por ello la Gobernación de Córdoba se encargaba de pagarlas como lo ordena la ley 715 de 2001.
Hasta el momento se han instaurado 243 acciones de tutelas en las cuales los jueces han obligado a la administración de Córdoba a autorizar las terapias, pero según el veedor los fallos no se han cumplido porque el Gobernador aduce que definitivamente no hay dinero para cancelarlas. Efectivamente a la IPS Funtierra le adeudan más de 1.500 millones de 2014 y 257 millones correspondiente al presente año.
