Según expuso Carlos Mario Montoya, secretario de salud de Antioquia, el departamento tiene circunstancias particulares en las que prestar servicios de salud es sumamente costoso ya que las reclamaciones y siniestralidad son muy altas y las EPS asumen costos de un 108 % con base en la UPC.
“Esto genera una insuficiencia por parte de las EPS y también mucha reclamación como servicios No POS; hay una diferencia en los datos que tiene el Ministerio y los que tenemos nosotros como población pobre no cubierta, que también nos recarga muchos los recursos y finalmente tenemos que prestar servicios a muy alto costo y a mucha población”, explicó el funcionario, en entrevista con O y S.
Deudas
La deuda del departamento de Antioquia asciende al día de hoy a 326 mil millones de pesos, de los cuales 216 mil millones son deudas con las EPS y 110 mil millones con los prestadores de servicios.
“El Ministerio nos ha venido rebajando la población que supuestamente tiene contabilizada desde el año 2014 como población pobre no asegurada, en ese año se contabilizaban 300 mil personas y hoy solo 49 mil, es decir, el año 2014 al 2016 hemos disminuido de 142 mil millones de pesos de recursos para atención de población pobre no asegurada a sólo 20 mil millones de pesos, este es uno de los grandes faltantes”.
El departamento de Antioquia aporta entre recursos propios y rentas cedidas un total de 401 mil millones de pesos al sistema de salud; “es incapaz de aportar más recursos por lo tanto estas deudas no hay posibilidad de cubrirlas”, sentenció Montoya.
Sistema judicial y Supersalud nulas
Para el funcionario hay un desconocimiento total por parte de los jueces de lo que es el sistema de salud; “cada vez que un usuario hace una reclamación válida o no, siempre los jueces involucran en esos fallos a la Secretaría como órgano gubernamental y nos toca a nosotros salir a pagar y tratar de hacer un recobro que siempre es difícil”.
Denunció Montoya que la Superintendencia Nacional de Salud no acompaña en las provincias; “en las regiones no conocemos a la Superintendencia, la conocemos porque van apretarnos un poco, hacen vigilancia y control de lo que hacemos, pero muy poco acompañamiento.
“En el caso de Medellín, cerramos dos clínicas que tienen 340 camas y más de 700 urgencias diarias; le informé directamente al superintendente para que nos acompañara en la garantía de los usuarios en la prestación del servicio y hoy hace un mes eso no ha sucedido, la respuesta fue: sí, averiguo y le cuento”, aseguró.
Para el secretario el cierre de estas dos clínicas presiona mucho, “son dos clínicas grandes con una gran oferta de camas, pero que no cumplían en nada el sistema de garantía a la calidad y esto empieza a colapsar a todas las otras instituciones, tanto en el servicio de urgencias como en el de hospitalización”.
Caso Medimas
Con respecto a su experiencia con el caso de Medimas, el secretario de salud de Antioquia, dijo que “ha sido muy grave, primero porque que las dos clínicas que tuve que cerrar, eran las que prestaban el servicio a Medimas y segundo porque ha sido muy difícil el acuerdo de ellos con los prestadores de servicio, no está garantizada la red y casi que no se logra un acuerdo de tarifas con los prestadores públicos que en la mayoría del departamento son los únicos prestadores, ya que tenemos una red de 129 empresas sociales del estado”.
Para Montoya, el sistema debe preocuparse por dos temas fundamentales, “uno lo que está sucediendo con el ADRES que pretende captar recursos de las regiones, no debería pues son recursos propios y llamar la atención sobre la no existencia hoy de un plan de benéficos entonces no hay No POS”.
