La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa no encontró méritos para continuar con la investigación disciplinaria contra el ex superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz y el ex agente interventor de la desaparecida EPS Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval y en consecuencia decidió archivar el proceso que se les seguía.
Dicha investigación también cobijaba a Javier Villarreal Villaquirán, en calidad de superintendente delegado de Medidas Especiales de la época.
Según la Procuraduría “del análisis integral y conjunta del plenario, no se encuentra reunidos los presupuestos para la formulación de cargos, esto es, prueba que comprometa la responsabilidad disciplinaria de los investigados, o que acrediten en forma objetiva la comisión de falta disciplinaria, respecto a los hechos que han sido definidos en el objeto de la presente investigación”.
En pocas palabras la Procuraduría no halló hechos que comprometan estos exfuncionarios en la comisión de delitos de carácter disciplinario durante sus actuaciones frente al tema tanto de la intervención de la venta de la EPS Cafesalud y la entrada en operación de Medimás.
“No se ha encontrado la comisión del comportamiento constitutivo de falta disciplinaria y en consecuencia, procede el archivo definitivo, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la ley disciplinaria”, señala el documento.
Como se recordará en junio de 2018 la Procuraduría sancionó con suspensión de ocho meses al ex superintendente Muñoz Muñoz, por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás EPS sin que contara con una red de prestadores de servicios en el país.
En fallo de primera instancia, el órgano de control acreditó que al 1 de agosto de 2017 la EPS no tenía en el país una red de servicios y por lo tanto a los usuarios de Medimás desde la Superintendencia no se les aseguró su derecho a la salud de manera continua, oportuna, eficaz, y con calidad.
Frente al segundo cargo formulado, el órgano de control reprochó que Muñoz Muñoz retardó de manera injustificada, hasta el 19 de octubre de 2017, la adopción desde su competencia de medidas eficaces contra la EPS Medimás, permitiendo que se originara un grave riesgo en la salud de más de cinco millones de afiliados.
El caso de Grosso
En el caso de Guillermo Grosso, la decisión de la Procuraduría contrasta con la que adoptó la Contraloría General de la República, que lo acusó de que durante el proceso de intervención primero de Saludcoop y luego como presidente de Cafesalud, no garantizar la recuperación de la plata pública, por el contrario siguió el despilfarro. En el 2018 la Contraloría de Edgardo Maya le pidió a la Fiscalía que investigara su gestión por un posible detrimento patrimonial superior a los 100 mil millones de pesos, y en octubre lo capturaron como parte de una red dedicada a traficar influencias y decisiones en el sector de la Salud.
Además Grosso permanece detenido por las acusaciones que le imputó la Fiscalía por su presunta participación en hechos delicitivos de corrupción con recursos del sistema de salud.
