La sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 11 de septiembre del 2018 y que amparó los derechos de tres trabajadoras de un juzgado de Barranquilla, a quienes se les estaba negando el disfrute de sus vacaciones.
Ratificó el alto tribunal el fallo en que se ampararon “los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y salud invocados por las señoras Rosa María Muñoz Rodríguez, Daniela Barros López y Karen Milena Fabregas Córdoba, por lo que se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional – Barranquilla – Dirección Financiera que inicie las acciones pertinentes para garantizar la provisión de los recursos, y consecuente a esto, proceda a expedir los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para que el Juez Tercero de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Barranquilla proceda a conceder las vacaciones laborales solicitadas”.
Las afectadas ejercieron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla por considerar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud, por no habérseles concedido sus vacaciones remuneradas de manera individual, alegando el Consejo seccional de la Judicatura, que no tenían este derecho por no ser funcionarias judiciales, y apeló la Circular PSAC 11-44 de 2011, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que solo permite que se soliciten rubros para el reemplazo del Juez que entra a periodo de vacaciones.
En este sentido, recordó el Consejo de Estado que el artículo 53 de la Constitución Política, entre las garantías fundamentales de los trabajadores, establece el derecho al descanso. El descanso remunerado, denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo.
En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:
“Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
“Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”.
Por lo que advierte el Consejo de Estado que “los servidores judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios”.
Por ello, ratificó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico y ordenó aprobar las respectivas vacaciones a las querellantes.
El fallo completo: consejo de estado…
