Ni dos mandatos de la Corte de Constitucional, ni una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni una resolución emitida por el Ministerio de Salud para atender de manera especial la desnutrición aguda en niños del país; ni una circular de la Superintendencia Nacional de Salud, que ordena atención especial para los menores indígenas de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha; y ni siquiera el contar en su zona con el Hospital San José de Maicao, que desde hace más de dos años está intervenido, es decir manejado por delegados de la Supersalud; ha evitado que los niños wayuu de la Alta Guajira se sigan muriendo por desnutrición.
El Instituto Nacional de Salud en su informe del primer semestre del 2018 sobre incidencia de desnutrición infantil en el país muestra que entre Bogotá y La Guajira, aportan el 22,3% del total de los 6.544 casos (Bogotá: 886 – La Guajira: 502).
Y se señala que las entidades territoriales de Vichada, Casanare, Guanía y Guaviare presentan el mayor número de notificaciones; incluso por encima de La Guajira teniendo en cuenta el número de habitantes.
Sin embargo, y es lo que pone en evidencia la inoperancia de los agentes del sistema de salud que hacen presencia en La Guajira, desde la propia Secretaría de Salud del Departamento así como las locales, pasando por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EPS), las IPS indígenas y con mayor razón la ESE Hospital San José de Maicao, por estar en estos momentos siendo administrado por un agente especial delegado por la propia Superintendencia Nacional de Salud; es que, mientras en Bogotá prácticamente no muere de manera frecuente un niño por desnutrición, y los departamentos de Guaviare y Caquetá presentan una disminución significativa en relación al promedio de notificación de muertes, el departamento de La Guajira, sigue encabezando los datos de mortalidad infantil asociada a la desnutrición.
En total según el Instituto Nacional de Salud han fallecido en La Guajira, 49 menores por causas asociadas a la desnutrición este año. El caso más reciente se presentó este fin de semana en el municipio de Manaure, donde murió una pequeña de 2 años. A principios de noviembre también se reportaron las muertes de diez menores en los municipios de Manaure y Uribia, según denunciaron líderes de esas comunidades.
Letra, también muerta
En el año 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 5406, mediante la cual definió los “Lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con desnutrición aguda”. Sus anexos técnicos y rutas de aplicación fueron posteriormente socializados en enero de 2016.
En la elaboración de esta resolución participaron representantes tanto de la Secretaría de Salud de La Guajira, como de los dos hospitales que atienden a la mayor población indígena wayuu, la ESE Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha y la ESE San José de Maicao.
Esta Resolución se dio luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ese año 2015, emitiera una medida cautelar contra el Gobierno de Colombia, con el propósito de proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres gestantes y lactantes de cuatro municipios en los que se encuentran miembros del pueblo indígena wayuu, gravemente afectados por la carencia de agua potable y la escasez de alimentos. Hasta ese momento se contabilizaban más de 4 mil niños wayuu fallecidos por causas asociadas a la desnutrición y a la falta de agua potable.
El Ministerio de Salud determinó entonces en la Resolución que el primer paso es la detección de los casos, tarea que deben cumplir los Prestadores Primarios como IPS y ESE, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de La Guajira, desarrollando las acciones obligatorias de Promoción en salud, protección específica y detección temprana conforme a los riesgos identificados, que deben cumplir no solo por las EAPB, sino por cualquiera de las entidades que integran el Sistema General de Salud.
La propia Superintendencia Nacional de Salud, ente de vigilancia del sector, emitió luego la resolución externa 005 de marzo de 2016, en la cual entregó unas instrucciones específicas para las instituciones prestadoras del servicio de salud tanto públicas, como privadas (IPS y ESE), del departamento de La Guajira, para que identifiquen a los menores de 5 años afectados por desnutrición a través de las jornadas extramurales en coordinación con las entidades territoriales, haciendo especial presencia en los municipios de Maicao, Uribia, Manaure Riohacha, por ser donde más casos se presentan.
Pero la realidad es que de nada ha valido la normatividad impartida, ni las advertencias de organismos de control, incluso de orden internacional para que los entes que hacen parte y operan los servicios de salud de La Guajira, atiendan con prontitud y voluntad la crisis alimentaria que padece esta población.
