En fallo de segunda instancia, la Contraloría General de la República ratificó la condena a funcionarios de la época a devolver 91.100 millones de pesos por el desvío de recursos de la salud durante el proceso de intervención de la desaparecida EPS Saludcoop.
La entidad de control fiscal ratificó los fallos contra los exsuperintendentes de Salud Gustavo Morales Cobo y Conrado Adolfo Gómez Vélez y los agentes interventores de la EPS, Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso Sandoval.
Todos deberán responder solidariamente por la suma mencionada que corresponde al valor indexado del detrimento que en la época se contabilizó en 69.000 millones de pesos.
Según la Contraloría en la intervención que se hizo hace ocho años de Saludcoop, se repitieron las prácticas cometidas entre 1998 y el 2010, con las que directivos de esa EPS habían desviado millonarios recursos de la salud.
El periódico El Tiempo reveló que la Contraloría encontró en el proceso fiscal que los exfuncionarios utilizaron recursos del sistema general de seguridad social, que debían destinarse a la salud de los afiliados de Saludcoop, en gastos diferentes, en infraestructura y contratos de arrendamiento para mejorar la propia red de salud.
Así, aunque debían vigilar la adecuada administración de los recursos durante la intervención de Saludcoop, según la Contraloría, “no hicieron nada para evitar que se desviara esa cantidad de dinero”. La Contraloría dijo que la ley prohíbe gastar los dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en conceptos distintos a la salud de los colombianos. Además, se permitió que los recursos que recibió Saludcoop en la intervención por concepto de los copagos y las cuotas moderadoras, que son dineros de uso exclusivo para la atención de usuarios, fueran incorporados al patrimonio de la EPS.
Esa práctica precisamente había sido cuestionada antes de la intervención de la EPS Saludcoop, “y, sin embargo, persistió en esta nueva etapa”, la de la intervención, dijo el organismo.
Este fallo se da cuando se cumplen precisamente dos años de que entró en operación Medimás, la EPS que recibió en el 2012 a los pacientes de Cafesalud, entidad que reemplazó a la liquidada Saludcoop.
El periódico capitalino consultó a los dos ex superintendentes cobijado con la medida. Gustavo Morales, afirmó: “La Contraloría, en lugar de perseguir a los verdaderos corruptos, sanciona de manera inclemente a quienes tomamos decisiones muy difíciles para garantizar la prestación del servicio de salud”.
Por su parte, Conrado Gómez, quien como superintendente ordenó la intervención de Saludcoop, aseguró que nunca hubo detrimento patrimonial y dijo que la decisión de la Contraloría no tiene en cuenta que se realizaron pagos específicos para el arriendo de equipos e instalaciones para garantizar la atención de miles de personas. Dijo, además, que los bienes que se adquirieron siguen en poder del Estado “y están listos para ser vendidos”.
El fallo de la Contraloría no solo implica que los responsables no pueden contratar con el Estado, sino que además serán embargados sus bienes inmuebles y cuentas bancarias.
