La Corte Suprema de Justicia falló a favor la tutela interpuesta por la Superintendencia nacional de Salud, contra el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla, del pasado diciembre de 2018, que la condenaba a pagar 85.000 millones de pesos a 36 IPS de diferentes regiones del país.
La Corte consideró que ninguna de las facturas y contratos que se cobraron a manera de título ejecutivo por parte de las 36 IPS, correspondientes a deudas de siete EPS liquidadas por orden de la Supersalud, fueron firmadas o respaldadas por algún funcionario de la Supersalud.
“No se alegó, ni se demostró que ‘El título base de la ejecución’ que según el Tribunal lo constituyen “los diversos contratos y facturas aducidas y allegadas al plenario” fuera suscrito por persona alguna que llevara la representación legal de la Superintendencia de Salud y, por lo tanto, tuviera la capacidad para comprometer su responsabilidad patrimonial y por esa senda la de La Nación”, señala el fallo de la Corte.
Además, dijo que la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla se excedió en sus funciones y, de paso, le recordó que las deudas de las EPS se cubren con sus propios activos. Así las cosas, el alto tribunal dejó sin efecto la sentencia en el fallo de tutela, que interpusieron los abogados de la Superintendencia coadyuvados por la Agencia Jurídica del Estado y la Procuraduría.
“Entonces, sin entrar a discutir a fondo la responsabilidad que la Nación pudiera tener a través de dicha autoridad, porque así como ese no era objeto del ejecutivo tampoco lo es de esta tutela, lo cierto es que la misma sólo podría deducirse en un trámite de conocimiento, de tal manera que la Sala accionada excedió sus facultades y por esa senda lesionó las prerrogativas del ente estatal”, agrega el fallo.
El grupo de abogados de las 36 IPS de diferentes regiones del país que demandaron a la Superintendencia Nacional de Salud por una deuda de 85 mil millones de pesos que les quedaron debiendo siete EPS liquidadas, anunció que impugnará este fallo de la Corte Suprema al mantener su posición que la Superintendencia Nacional de Salud sí debe tener una posición solidaria con estas IPS que resultaron perjudicadas por el no pago de los dineros adeudados por las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group, Comfenalco Antioquia y Humana Vivir.