Debido a las quejas recibidas por parte de la ciudadanía sobre la proliferación de clínicas estéticas clandestinas, la Defensoría del Pueblo está preparando un informe sobre este tema que será publicado en las próximas semanas.
Para la elaboración de dicho informe, el ministerio público solicitó a la Superintendencia de Salud información relacionada con a las acciones de inspección vigilancia y control que ha ejercido esta entidad sobre las Secretarías de Salud, que son las encargadas de autorizar el funcionamiento de estas clínicas.
Asimismo, requirió datos con relación a las investigaciones que se han adelantado a los centros de estéticos o clínicas de cirugías plásticas desde 2013 a la fecha, y estadísticas sobre el número de instituciones que han sido clausurados o suspendidos, cuáles están habilitados para funcionar y cuáles no.
La polémica en torno a la existencia de los centros de estética que no cumplen con los requisitos para su funcionamiento no ha cesado desde que la semana anterior falleciera una joven identificada como María Alejandra Sánchez, de 24 años, mientras se le practicara un procedimiento estético en una clínica clandestina al norte de Bogotá.
Una vez conocido el caso, la Secretaría de Salud del distrito anunció que ante la cantidad de denuncias presentadas por fallas en la realización de estos procedimientos hará inspección anual a las instituciones prestadoras de servicios de salud que ofrezcan estos servicios para confirmar que cumplan con la normatividad vigente.
De otra parte y ante la escasa normatividad existente respecto a este tema, en el Congreso de la República cursa el proyecto de Ley 94 de 2014, a través del cual se busca reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia.
El objeto de esta ley, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima en junio de este año, es que estos servicios sean brindados por personal idóneo y en condiciones de salubridad y seguridad para el paciente.
“Lamentablemente, muchas han sido las personas que han fallecido o han tenido graves secuelas en su salud, por haberse sometido a una cirugía plástica o estética” señala este proyecto en la exposición de motivos en la que se hace referencia al caso de la agente de Policía Nacional Deisy Garzón, de 35 años, quien falleció el 5 de agosto de 2014 debido a complicaciones después de haberse practicado una cirugía estética.
“Casos como este se dan a conocer con una periodicidad alarmante, registrándose un deceso casi mensualmente. Este panorama recalca la necesidad de regular esta profesión para evitar futuras tragedias” indica el texto de esta iniciativa, de autoría del senador Jorge Iván Ospina, que será analizada en audiencia pública el próximo 30 de julio en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
