El sistema de salud colombiano ha evolucionado de manera positiva durante los últimos años, los indicadores de salud del país han mejorado y hoy en día nadie puede poner en duda que prácticamente todos los colombianos cuentan con algún tipo de aseguramiento a través del régimen subsidiado, del régimen contributivo o como población pobre no afiliada, la cual a pesar de no estar incluida ni dentro del régimen subsidiado ni dentro del contributivo, tiene protección del estado y puede acceder a los servicios de salud.
En el papel, la salud en Colombia tiene una cobertura universal bajo principios de calidad, oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad en los tratamientos. Digo en el papel porque del dicho al hecho en materia de salud, en nuestro país hay mucha tela que cortar.
En los últimos meses se ha hablado mucho de cierres de EPS, de revocatoria de licencias, de requisitos de habilitación para el funcionamiento no cumplidos, y desde luego, de la necesidad de un cambio en el sistema de aseguramiento y de prestación de servicios de salud en Colombia. De hecho, ya hubo hace pocos días la suspensión de los permisos de funcionamiento de la EPS Comfacor que afectó a más de 500 mil afiliados y no se sabe a cuántos hospitales y clínicas. Actualmente las deudas de esta EPS son enormes y ya se empezó a notar desde este mes el no pago de las obligaciones con algunos prestadores que se vieron afectados por la no cancelación de los dineros correspondientes a los giros directos.
Pero este no es único caso, los hospitales y clínicas de la costa y en general del país, están asumiendo las liquidaciones y cierres repetitivos de las EPS. Al caso Comfacor se suman los de Caprecom, Saludcoop, Cafesalud y muchos otros que en los últimos quince años se han quebrado dejando tras de sí una enorme cadena de deudas y de pérdidas.
A los casos anteriores se suman las EPS intervenidas, con restricciones en la afiliación de usuarios y que no están cumpliendo con los requisitos mínimos de solvencia económica para poder funcionar, lo cual es otro riesgo enorme para el sistema que crea un panorama de incertidumbre y que hace parecer que no existen las garantías suficientes para seguir apostándole al fortalecimiento del sector.
Y es que el sector salud en Colombia es una paradoja, por un lado la esperanza de tener un sistema sólido con coberturas universales donde la calidad y los derechos de los pacientes primen sobre cualquier consideración, y por el otro lado, billonarios recursos de los colombianos en manos de aseguradores, muchos de los cuales no tienen ni siquiera los requisitos mínimos de solvencia económica para poder funcionar.
Surge entonces la pregunta: ¿es conveniente que a pesar de haber riesgos para los pacientes, para el sistema y ante la posibilidad de que se avecine otra quiebra u otro cierre, las EPS con problemas de solvencia económica sigan manejando los recursos de la salud? Lo digo porque a pesar de las observaciones de los órganos de control y de las mediciones de indicadores de calidad en la prestación de los servicios, los pacientes siguen padeciendo por la falta de atención y los prestadores siguen con la incertidumbre de qué va a pasar.
Los pacientes a pesar de todos los controles siguen desamparados, por sólo poner un ejemplo: en La Casa del Niño de Cartagena hay dos pacientes en espera de los materiales de osteosíntesis para solucionar un problema de una fractura de fémur y de una fractura de miembro superior, llevan más de una semana en espera de que la EPS envíe los elementos para operarlos y al cierre de esta columna ni la encargada en la ciudad ni la directora regional habían podido solucionar el problema. La EPS a la que están afiliados estos pacientes tiene además problemas de pago, está dentro de las observadas por los órganos de control y pareciera que también tiene problemas de red para la atención de sus afiliados en la ciudad.
Ejemplos como el anterior, se podrían estar presentando todos los días en los hospitales del país, allí se conjugan tres elementos que no dejan avanzar a nuestro sistema de salud: Desatención al paciente, falta de financiamiento y aumento en los costos hospitalarios por ineficiencia administrativa. Lo peor del tema es que de todos estos problemas la peor parte la llevan los pacientes quienes siguen hospitalizados y desamparados por su asegurador.
