Cada mañana cuando leo, escucho y veo las noticias me invade ese sentimiento de desilusión del país viendo cómo se desmorona por la corrupción e incumplimiento de las leyes, y lo que cada sector de la sociedad debe hacer bien para lograr el tan anhelado progreso; investigados salen del país, plantones para apoyar a líderes del país por los llamados de la Fiscalía, colegios que no se terminan de construir porque el contratista no cumple, construcción del Túnel de la línea suspendido, Yopal y La Guajira sin agua potable, laboratorios farmacéuticos violando control de precios, cartel de los pañales, comisionistas de bolsa estafando a clientes, ciudadanos colándose en sistemas públicos de trasporte, cartel de las EPS y podría seguir mencionando más irregularidades de nuestro país y aumentaría más mi desilusión. Pero por supuesto aumenta más al reconocer que somos nosotros los colombianos que permitimos y hacemos que estas cosas ocurran.
Al profundizar en el tema de la salud, mi desilusión aumenta. Para nadie es un secreto las deficiencias de la calidad del sistema de salud y la violación al derecho que enfrenta cada pobre y cada ciudadano que puede pagar este servicio. Si bien es cierto el país y la sociedad ha aceptado que los pobres tengan acceso a la carnetización universal de acuerdo al grado de pobreza o de ‘palanca’ que se tenga en su municipio o ciudad para ser clasificado por encuesta SIBEN, y que éstos tengan un plan de salud POS igual al contributivo, o sea, al que tiene un trabajador en términos de la ley laboral o pueden pagar la póliza social de derecho a la salud, el goce efectivo de ese derecho cada día se aleja más debido a la existencia de barreras administrativas, pues si ese carnetizado no aparece mensualmente en la base de datos de afiliación BDUA, simplemente no tiene derecho al servicio de salud.
Esto no pasaría si el Presidente de la Republica, al día de hoy hubiera firmado la Ley Estatutaria, pero tristemente el Ministro de Salud ha sido claro en que la Corte Constitucional “puso a comer langosta a todos los pacientes”. Ese comentario fue debido a que el Ministro Gaviria siempre ha dicho que la Ley Estatutaria es para legalizar el NO (a los servicios de salud) a los colombianos y lo consiguió con el articulado que salió del Congreso de la República, lo que demuestra que el 90% de los congresistas están de acuerdo en legalizar el NO; pero una vez pasa el proyecto de ley a control constitucional por parte de la Corte Constitucional las cosas cambian a favor de los colombianos, ya que la corte en su sentencia C-313 de 2014 NO permite retroceder a los colombianos en el derecho a la salud que era el objetivo del Ministro y el Presidente Santos. Ante esa situación el Ministro, no satisfecho con la sentencia C-313 sale a los medios de comunicación a insultar a la Corte Constitucional y a promover acciones en contra de que se firme la Ley argumentando que el país se va a quebrar, que no se le puede dar todo a los enfermos que esos lujos Colombia no se los puede permitir.
Claro que desilusiona tener un Ingeniero de Ministro de Salud insensible y falto de humanización donde solo ve la salud como un negocio no social sino sólo económico que debe beneficiar a los negociantes y no a los pacientes, como se ve claramente en la propuesta de dar estímulos económicos adicionales para que las EPS cumplan la ley; quién lo puede creer ese es nuestro Ministro en nuestro país. Pero la desilusión aumenta aún más cuando Colombia se enorgullece de ser la mejor democracia de América Latina, y solo saber qué Ministro y Presidente se están apoyando en una falsa lectura del artículo 41 del decreto 2067 de 1991 y hacen uso del artículo 33 de ese mismo decreto, para decir que no se puede sancionar la Ley Estatutaria en Salud, sino que debe volver al Congreso. Se siente gran tristeza e incomprensión que el Presidente no quiera cumplir la Constitución y viole el Estado Social de Derecho que nos dio la Constitución del 91, pero la desilusión crece cuando solicitamos al Presidente del Congreso mediante una acción de Constitución en Renuencia, que él como Presidente del Congreso firmara la Ley y su respuesta fue la misma, basada en la mala intención del uso del decreto 2067 al contestar que no lo hará tampoco, razón por la cual la salud quedó en manos de los jueces, ya que se interpuso la acción de cumplimiento para que un juez de la orden al Presidente del Congreso para que firme la ley.
Díganme ¿no es muy triste que el Presidente de la República y el Presidente del Congreso no cumplan la ley y tengamos que recurrir al sistema judicial para que la haga cumplir?, claro esperamos que el sistema juridicial, este sí, cumpla su sagrada función y falle en derecho haciendo cumplir la Constitución; si eso no llega a ocurrir el cuerpo y el alma, no aguantarían una desilusión más.
La salud en manos de jueces de nuevo, quien lo va a creer, para que el mundo se entere de nuestra democracia.
Néstor Álvarez
Pacientes alto costo
Colombiano desilusionado
nestoralvarezlara@hotmail.com – programaiss@hotmail.com
