Un total de 136 casos de muerte de niños menores de cinco años, probablemente asociadas a la desnutrición infantil ha notificado lo que va corrido del año el Instituto Nacional de Salud.
La cifra debe llamar la atención de los entes encargados de combatir esta problemática de salud pública, pues no difiere mucho de las que se han registrados desde el 2014, cuando al finalizar el año se habían reportado 299 casos probables de muertes de menores asociadas a desnutrición infantil. Para el 2015 el reporte final fue de 260 casos con una leve disminución, pero en el 2016, se notificaron 303 casos de muertes de menores probablemente asociadas a la desnutrición.
Lo más preocupante es según el INS la tasa de mortalidad por desnutrición infantil es de 0.6 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, siendo La Guajira la entidad territorial que reporta mayor número de fallecimientos y en donde todas las entidades territoriales superan la tasa nacional, excepto Antioquia.
Según expertos, vale la pena que las autoridades que intervienen en el tema revisen los planes de atención en salud y nutrición, pues siguen siendo los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Meta, Vichada, Amazonas y Chocó, al igual que la ciudad de Santa Marta, las que mayores índices de casos presentan, advirtiéndose un sostenimiento de las muertes de menores asociados a esta patología.
Otro de los indicadores muestra que la desnutrición afecta en mayor medida a poblaciones indígenas, afros o de estratos 1.
Pronunciamiento del Consejo de Estado
Cabe recordar que precisamente la semana pasada precisamente el Consejo de Estado le solicitó formalmente a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales frente a la grave crisis humanitaria que se presenta en el departamento de La Guajira y que afecta, principalmente, a la comunidad indígena Wayúu.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo considera que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los indígenas, quienes durante años se han visto afectados por el olvido de las autoridades nacionales, departamentales y locales.
En el documento enviado a la Corte Constitucional, se manifiesta que estas comunidades no tienen acceso a agua potable, servicios médicos integrales y alimentos en buen estado. Esta grave situación ha generado un desplazamiento de las familias indígenas en busca de una mejor calidad de vida.
Los menores de edad han tenido que abandonar sus escuelas para buscar trabajo y ayudar a sus familias. El alto tribunal considera que esta deserción escolar es un factor gravísimo puesto que pone en riesgo el futuro de los niños y adolescentes.
El pronunciamiento del Consejo de Estado se da, luego de que el gobierno nacional a través de la Primera Dama, María Clemencia de Santos lanzara a principios de mes el Mes de la nutrición infantil, con el propósito de lograr que para el año 2030, ningún niño o niña en primera infancia – de cero a cinco años- sufra de desnutrición crónica en el país, promoviendo la lactancia materna.
