En una extensa y contundente correspondencia dirigida al ministro de Salud (e), Iván Darío González y al superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, los representantes de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, les pidieron para que de forma inmediata se proceda con la intervencion forzosa de la EPS Medimás.
La carta firmada por el contralor, Carlos Felipe Córdoba, el procurador Fernando Carrillo y el defensor, Carlos Alfonso Negret, dieron un plazo perentorio de 10 días para que tanto la Supersalud como el Ministerio informen sobre las medidas urgentes a adoptarse.
La misiva responde a que el próximo 28 de febrero se cumple el tiempo de prórroga que entregó la Supersalud a Medimás a través de la vigilancia especial, por lo que advierten que mal harían en permitir otro aplazamiento.
Según estos tres organismos de control, se desconocen las razones por las cuales la Supersalud “al parecer estaría subordinando la toma de decisiones respecto a Medimás, exclusivamente al cumplimiento perentorio de dos requisitos financieros, desestimando que Medimás además de estar incursa en causal de liquidación, incumple desde su inicio mismo de operaciones, flagrante e ininterrumpidamente con todas las condiciones de habilitación, tal como ha sido reportado periódicamente por el contralor con funciones de revisor fiscal y que transcurridos 30 meses desde su adopción, la medida de vigilancia especial no solamente ha perdido su carácter de medida temporal, sino que resultado infructuosa para subsanar las causales que la motivaron y para evitar que Medimás incurriera en causal de toma de posesión de sus bienes y haberes y negocios, tal como esta previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.
Y añaden que “Por el contrario, las conductas representadas en acciones y omisiones, desplegadas por Medimás EPS se encuentran descritas en el ordenamiento jurídico vigente como causales de intervención del Estado para toma de posesión, suspensión o revocatoria del certificado de autorización para operar (habilitación)”.
Finalmente advierten de manera contundente que ni el Ministerio ni la Supersalud pueden ignorar el vertiginoso declive de las condiciones de operación de Medimás que conllevan graves afectaciones a sus afiliados y al patrimonio público, ni mucho menos abstraerse del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.
Y que una nueva prórroga de la medida de vigilancia especial que ampararía la continuidad de la operación de Medimás, va en contravía de los intereses y responsabilidades del Estado, necesariamente habría de evaluarse frente a eventuales responsabilidades de carácter disciplinario y fiscal.
Le aquí la carta completa: carta medimás
