Cuando un ciudadano de este país se afilia a una EPS para que le asegure la atención en salud a él y su familia, lo que menos espera es que después de un tiempo de afiliado, deba migrar junto con los miembros de su núcleo familiar a otra EPS que debe escoger, o lo que es aún más inimaginable, que sea otra persona o entidad quien determine cuál será la nueva EPS a la que deberá afiliarse para que se le garantice la continuidad de la atención en salud.
Sin embargo, eso es lo que últimamente ha venido ocurriendo en Colombia. En el primer semestre del 2015 y ante la anunciada salida de Caprecom EPS del departamento de Antioquia, los 190 mil afiliados del régimen subsidiado que tenía esa EPS en dicho departamento, el mismo Superintendente Nacional de Salud informó que estarían pasando en afiliación a la EPS Savia Salud.
Hace sólo un par de semanas y sin siquiera haberlo notificado con suficiente antelación y de manera oficial a sus miles de afiliados, Aliansalud EPS decidió cerrar sus oficinas en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Por esa decisión, Aliansalud EPS estará funcionando en la Costa Atlántica hasta el 31 del presente mes de julio.
Como en Antioquia con los afiliados a Caprecom EPS, los actuales usuarios afiliados a Aliansalud EPS que no tuvieron oportunidad de escoger la EPS que los recibiría en afiliación, serán sometidos a un sorteo o rifa, para ser distribuidos, sin su consentimiento previo, a otras EPS del régimen contributivo. Obviamente, este tipo de método de reasignación de EPS lo que ha producido es incertidumbre entre los usuarios y pérdida de confianza y credibilidad en el sistema de salud, especialmente ante el silencio que las directivas de Aliansalud han guardado con los miles de usuarios.
Para los usuarios de las capitales del Atlántico, Magdalena y Bolívar, lo único cierto para la gran mayoría de ellos aún desconocen cuál EPS será la que les continuará prestando los servicios de aseguramiento en salud.
Ya antes, en el 2014, Aliansalud EPS había decidido cesar su operación en cuatro departamentos, ante el retiro voluntario autorizado por la Superintendencia Nacional de Salud: Antioquia, Meta, Santander Valle del Cauca.
Esta semana ha seguido la costumbre de los retiros voluntarios de las EPS. Cafam, una caja de compensación familiar que funge además como EPS, ha recibido la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud para el retiro voluntario del régimen subsidiado en 50 municipios y un corregimiento del departamento de Cundinamarca.
Los directivos de la caja de compensación familiar informaron que las razones del retiro de Cafam obedecen a “diversos factores que impidieron la sostenibilidad financiera del programa en condiciones de poder continuar brindando un servicio idóneo a la población afiliada”.
La vida de Cafam como aseguradora de salud del régimen subsidiado durará hasta el 8 de agosto hasta que se produzca el cambio completo de los afiliados a otras EPS del régimen subsidiado y se les garantice la continuidad de la atención en salud.
Y si cuando “se van” las EPS por retiros voluntarios por una u otra razón, los usuarios quedan con la incertidumbre a cuál EPS irán a parar, también es motivo de preocupación para los hospitales públicos y privados el interrogante de quién les pagará las acreencias generadas por haber atendido a los afiliados de estas EPS “viajeras”, que una vez evidencian que no pueden asegurarse estabilidad financiera y una ganancia económica determinada, deciden abandonar a sus usuarios así como a las regiones en donde éstos últimos habitan.
Claro que la situación empeora cuando las EPS “se van” porque las liquidan y durante el proceso de liquidación no se honran las obligaciones con los prestadores, ni públicos ni privados, y la cartera generada de esa forma queda sin que exista ninguna claridad ni certeza sobre cómo, cuándo y quién finalmente la pagará. O si no que se lo pregunten a los 6 principales empresas sociales del estado de la Costa Atlántica (Hospital Universitario del Caribe de Cartagena, Hospital CARI de Alta Complejidad de Barranquilla, Hospital Niño Jesús de Barranquilla, Hospital Fernando Troconis de Santa Marta, Hospital Universitario de Sincelejo y Hospital San Jerónimo de Montería), que recientemente han armado el “Bloque Común por los hospitales públicos de la Costa Caribe” y que han reportado en conjunto una deuda acumulada de 42 mil millones de pesos por concepto de EPS liquidadas, del total de los 324 mil millones que se les debe sólamente a estos 6 hospitales.
Lo peor es que estos hospitales así agrupados, dada la imposibilidad de poder operar en condiciones de iliquidez e insolvencia por las razones antes citadas, han anunciado que si las condiciones de no pago continúan por parte de las EPS, desde el primer día del mes de agosto iniciarán un cierre paulatino de los servicios que vienen ofertando y prestando.
Por eso, ellas vienen, si ganan se quedan, pero cuando no ganan lo esperado, piden permiso para irse y se van sin problemas, pero para los usuarios quedan los problemas de prestación de servicios, y para los hospitales y clínicas los problemas financieros que nadie les soluciona.
