Esta semana el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo un urgente llamado, al cual por lo visto la Superintendencia Nacional de Salud, ni bolas ha parado, en el que advierte que el coronavirus no puede convertirse en la nueva excusa para no prestar la atención que requieren las enfermedades de alto riesgo.
“La gran mayoría de las quejas están asociadas a personas que padecen cáncer, enfermedades renales crónicas, enfermedades huérfanas, de cardiopatía y mentales. Se denuncia la no entrega de medicamentos, suspensión de tratamientos y problemas con citas de control”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
“No justificamos de ninguna manera que se estén cancelando procedimientos de quimioterapia, radioterapias, que no se entreguen medicamentos o se dan incompletos y que después de 2 meses las EPS no tengan suficientes canales de información para atender a sus afiliados de manera virtual o telefónica”, agregó.
Informó que en cuatro evaluaciones hechas por la Defensoría en los últimos dos meses se pudo corroborar la imposibilidad de obtener información suficiente y realizar trámites de autorizaciones y la dificultad de respuesta a los usuarios.
“Hacemos un llamado perentorio a las EPS para que cumplan a sus afiliados y estén más cerca haciendo un seguimiento individualizado a los pacientes más críticos, se necesita más presencia y respuestas mucho más afectivas de las EPS”, concluyó el Defensor.
Lo más cuestionable del tema es que mientras las Empresas de Planes de Beneficios en Salud (EPBS) que incluye a las Empresas Promotoras de Salud EPS, es decir las aseguradoras, no están garantizando la atención a sus afiliados, pues evaden, dilatan y dejan de prestar la atención requerida, ellas sí siguen recibiendo por parte del Estado los recursos del valor que paga por cada usuario.
Los giros de la ADRES
De hecho la pandemia del coronavirus ha logrado que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) haya anticipado recursos del giro mensual a las EPS, IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud.
Bien lo dijo la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales Acesi, en el sentido de que muchos de ellos no están prestando servicios no relacionados con el coronavirus, sencillamente porque no hay autorizaciones.
La situación se presenta muy a pesar de que solo en el mes de abril fueron consignados $4,02 billones para financiar el aseguramiento en salud de los afiliados al sistema de salud.
Según informó la misma ADRES para las prestadoras del régimen contributivo se giraron $2,09 billones de los cuales 94,13% ($1,96 billones) fueron para financiar los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios, el 3,87% ($80.826 millones) para incapacidades por enfermedad general de los afiliados al Sistema y el 2,00% ($41.740 millones) son recursos para que las EPS adelanten actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
En abril por 18.075 licencias de maternidad y paternidad la ADRES giró a las EPS $65.442 millones.
El giro directo del régimen contributivo fue del 14,17%, equivalente a $278.236 millones, que se transfirieron de manera directa a 1.465 hospitales, clínicas y demás proveedores de servicios de salud.
Por el aseguramiento en salud de los afiliados al régimen subsidiado, la ADRES giró $1,93 billones; de los cuales el 31,30%, equivalente a $604.506 millones, fue girado a las EPS y el 68,70% restante, correspondiente a $1,33 billones, fue girado directamente a 2.987 centros médicos y proveedores de servicios de salud autorizados por 41 EPS que aplican giro directo.
Entre enero y abril de 2020, los desembolsos que ha realizado ADRES ascienden a $15,99 billones; correspondientes a $8,42 billones por el régimen contributivo $8,42 billones y $7,57 billones por el régimen subsidiado. Así mismo, en lo corrido del año, la ADRES ha reconocido licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela por $271.508 millones.
Esta billonaria cifra les ha llegado a las EPBS sin contar los recursos que siguen recibiendo las aseguradoras del régimen contributivo por la cotización mensual que hace cada afiliado, que está por el orden del 12.5% del ingreso base de cotización y que para el caso del empleado dependiente el 8.5% está a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado y para el trabajador independiente debe pagar mensualmente la totalidad de la cotización.
En síntesis, de esta manera las aseguradoras, esas que están llamadas a cuidar la salud de los colombianos, están aplazando procedimientos y generando un ahorro financiero, exponiendo la salud y la vida de miles de personas.
Algunos casos
Elvia Rosa Rangel es una afiliada de la EPS Medimás en régimen contributivo, en la ciudad de Barranquilla. Desde diciembre del año pasado su médico tratante le autorizó una cirugía de vesícula, para lo cual tuvo que suspender su medicación de certulizumad mensual y leflunomida diaria, para tratar la artritis reumatoidea que la aqueja desde hace varios años.
En enero recibió autorización del anestesiólogo, pero a la fecha debido a la pandemia del coronavirus, la intervención programada quedó suspendida, pero además, no le volvieron a suministrar sus medicamentos para la artritis, lo cual ha deteriorado notablemente su salud y su calidad de vida.
La EPS Medimás no le da respuesta y antes por el contrario, la última noticia que recibió en febrero fue que no había contrato con la IPS que suministraba las drogas por lo que lleva prácticamente todo el año sin tratamiento.
De nada han servido las órdenes de tutela que ha interpuesta. Elvia ve como pasan los días y su salud deteriorándose.
Desde Cali, otro afiliado de Medimás denuncia a través de redes sociales que desde diciembre “no se logra obtener insumos para paciente oncológico debido a dilaciones administrativas se han enviado formulas y documentos requeridos más de 5 veces y siempre autorizan mal, que esperan ¿que se agote el paciente?
Amparo, reside en Ibagué, es usuaria de Medimás del régimen subsidiado que enfrenta un cáncer de seno y debido a la cuarentena no puede salir a gestionar sus citas médicas, solicitar autorizaciones, ni ‘presionar’ para que le brinden la atención.
Cuenta que la última vez que tuvo cita con el oncólogo fue el 13 de diciembre y desde esa fecha “fue imposible conseguir una cita para ecografía de seno, examen de hepatitis b, antígeno de hepatitis”, entre otros.
En marzo fue intervenida quirúrgicamente por cálculos en la vesícula y a pesar de que debía seguir en tratamiento, esto no sucedió y fue solo hasta que puso la queja ante la Supersalud, que Amparo logró agenda con el oncólogo, es decir, cinco meses después, cuando lo necesario en estos casos es que sea cada dos.
Acceder al medicamento tampoco es posible, el tratamiento indica una entrega mensual de 30 pastillas, pero en lo corrido del año, solo ha recibido lo de un mes.
Luz Marina, otra paciente de cáncer, ha padecido la falta de medicamentos por parte de la EPS Comparta, después de tutelas y desacatos, logró que le entregaran los medicamentos; no obstante, ha tenido que buscar recursos para hacerse los exámenes por los cual la EPS no responde.
Las asociaciones defensoras de pacientes y veedurías de salud diariamente hacen llamados y reclamos para que la Superintendencia de Salud haga eco a las necesidades de los afiliados, pero caen en saco roto, pues las quejas siguen creciendo, y las EPS siguen incumpliendo con una de sus funciones primordiales que es garantizar el servicio y la atención en salud a sus usuarios.
